Mientras la crisis migratoria se profundiza en las fronteras y la administración demócrata vuelve a aparecer maniatada para avanzar con cambios de fondo en materia de legislación, Joe Biden tuvo a su favor una sola herramienta que le permitió actuar en un tema crucial sin necesidad de depender del Congreso.

Impugnado por jueces federales y bloqueado por los republicanos en el Parlamento, el presidente encontró en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) la única llave para salir de la parálisis.

El programa es útil porque permite que los inmigrantes que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen trabajen legalmente y eviten la deportación por períodos de 18 meses. Pero se convirtió en clave para el presidente porque está habilitado a utilizarlo en forma unilateral y a decidir qué países pueden recibir el beneficio de la protección para sus migrantes sin necesidad de pasar por el Congreso.

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El programa de Estatus de Protección Temporal brinda autorización de empleo y estatus migratorio legal a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuando no es seguro regresar a su país de origen.

Así, el Departamento de Seguridad Nacional de Alejandro Mayorkas le brindó alivio migratorio a cientos de miles de personas en un contexto de pura adversidad en el que los legisladores no logran sancionar nuevas políticas de inmigración y los estados republicanos frenan con demandas iniciativas importantes como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El programa de Estatus de Protección Temporal brinda autorización de empleo y estatus migratorio legal a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuando no es seguro regresar a su país de origen. 

Un análisis del Instituto Cato acaba de revelar un dato poco difundido. En el último año, Biden duplicó el número de inmigrantes elegibles para ingresar al TPS. Si en enero de 2021, 411.326 personas estaban beneficiadas por el programa, a fines de 2022 el número abarca a 986.881 migrantes.

Los solicitantes deben ser originarios de los países amparados con TPS, cumplir con los plazos de presentación, pagar una tarifa y demostrar que han vivido en los Estados Unidos de manera continua. Además, deben estar libres de antecedentes penales y no haber sido condenados por ningún delito grave o dos delitos menores durante su estadía en el país.

AP

Con una Cámara de Representantes que va camino a quedar en manos de los republicanos y una reforma migratoria que parece cada vez menos viable, los defensores de los migrantes dentro del Partido Demócrata le reclaman al presidente que avance más rápido con la herramienta del TPS.

Se trata de uno de los pocos aspectos en los que Biden ha logrado diferenciarse de Donald Trump en el terreno de la política migratoria. Trump intentó poner fin a las designaciones de 400 mil personas que habían logrado el estatus de TPS y provenían de países como Sudán, Haití, El Salvador, Nepal, Honduras y Nicaragua. Pero los titulares de TPS de esos países demandaron al gobierno y obtuvieron un alivio temporal en los tribunales.

"El objetivo de la administración Trump con el programa TPS era cerrarlo principalmente", declaró David Bier, director asociado de estudios de inmigración en el Instituto Cato.

En los últimos dos años, el DHS de Biden ha ampliado las designaciones de TPS existentes para Somalia, Siria, Sudán del Sur y Yemen. Además, ha hecho nuevas designaciones para migrantes de Afganistán, Etiopía, Myanmar, Camerún, Sudán, Ucrania y Venezuela.

"El TPS ha sido una herramienta absolutamente esencial, como parte de su estrategia general de inmigración, para asegurarse de que no necesite deportar a personas que regresarían a países en crisis", dijo Bier.

Defensores y legisladores progresistas han pasado meses instando a la administración de Biden a utilizar el TPS de manera más amplia en ausencia de avances legislativos sobre inmigración.

dar por terminado Apenas asumió, Biden anunció una ambiciosa propuesta con la que prometió legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero su debilidad frente a los tribunales y los republicanos le han impedido avanzar con cambios de fondo e incluso, con fallos recientes como el del juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, dar por terminado el programa "Permanecer en México" de la era Trump.

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"Es algo que pueden hacer sin la aprobación del Congreso. Podrían volver a autorizar esas categorías y ampliarlas. Esa sería una forma de ayudar administrativamente a una gran cantidad de personas", dijo el Senador Bob Menendez, un antiguo defensor del programa TPS.

Bob Menéndez es uno de los demócratas que más ha presionado para que el gobierno amplíe las designaciones de TPS para los países centroamericanos. 

En abril, el Caucus Hispano del Congreso solicitó a la administración de Biden que designara y redesignara el Estatus de Protección Temporal para varios países de América Latina, América Central y el Caribe, incluidos Honduras, Guatemala y El Salvador.

Durante la presidencia de George W. Bush, el Congreso autorizó el programa TPS en la ley de inmigración de 1990 y le dio a la Casa Blanca el poder para designar y extender el estatus a los inmigrantes. La mayoría de los titulares de TPS han estado viviendo, trabajando y siguiendo estas reglas en Estados Unidos durante casi dos décadas.