El Poder Legislativo del estado de Nuevo León promovió una Controversia de Inconstitucionalidad en contra del gobernador, Samuel García por no cumplir con su obligación de presentar al Congreso del Estado un proyecto de Ley de Egresos para 2023.

El recurso legal ya fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y además de García, se acusa también al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra.

En comunicación oficial, los congresistas informaron que dentro del expediente de la Controversia de Inconstitucionalidad 04/2022 se concedió una suspensión que ya fue notificada y que obliga a las autoridades en los siguientes términos:

"Cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el artículo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León".

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"Cesen los actos de omisión por parte del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el anteproyecto del presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el artículo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y artículos 1, 2, 4, 18, inciso A), fracción III, 24, fracciones II y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública parta el Estado de Nuevo León".

El documento legal también informa que, de no cumplir con la medida, se pondrá en riesgo la gobernabilidad y Estado de Derecho del Estado de Nuevo León, ante la imposibilidad constitucional de aplicar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2022.

"Las medidas ordenadas por la autoridad judicial al Gobernador y al Tesorero deben cumplirse en los términos que fueron dictadas, independientemente del adelanto o extensión del periodo vacacional de la Administración Pública Estatal o de otras medidas adoptadas que han trastornado el funcionamiento de dependencias estatales y los servicios que debieran estar prestando a la ciudadanía", enfatizaron los congresistas.

Con esta suspensión se espera garantizar que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional de transparentar y dar certeza al gasto público de más de 130 mil millones de pesos para el 2023, obligación que actualmente no ha evadido, a pesar de que la Constitución Local señala el día 20 de noviembre como fecha límite para presentar al Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos del año siguiente.