El escándalo en Uruguay destacado por las relevaciones que apuntan al ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, involucrado en causas de contrabando y espionaje, tiene nuevos capítulos. Hasta ahora, el ex custodio presidencial fue detenido por distribuir pasaportes falsos y luego se conoció que ofrecía servicios de la inteligencia a un empresario argentino mediante un programa estatal.

Ahora, la oposición denuncia que una empresa de seguridad que opera en Estados Unidos le encomendó a  Astesiano el armado de "fichas" con "información personal" sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera. Como contó LPO, ambos legisladores presentaron una demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del Puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.

Escándalo en Uruguay: El ex jefe de seguridad de Lacalle Pou ofreció información de inteligencia a un empresario argentino

Esta información fue recopilada por la Policia Científica tras recuperar el celular del exjefe de la seguridad presidencial. De allí también se destaca que un militar retirado uruguayo figura como gerente de la compañía y dice en un mensaje a Astesiano el pasado 18 de marzo sobre los Senadores espiados: "Los quieren atar para que retiren la denuncia". "Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir", volvió a escribir dos días después. 

Los chats también confirman que en la primera semana de agosto, ex el jefe de seguridad presidencial, recibió una transferencia  desde la compañía ubicada en la ciudad de Boca Ratón, a setenta kilómetros al norte de Miami. 

La oposición denuncia que una empresa de seguridad que opera en Estados Unidos le encomendó a Astesiano el armado de "fichas" con "información personal" sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera

El intercambio de información continuó entre febrero y septiembre donde la empresa le pidió a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados al Gobierno como la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional (un negocio millonario en el que tenia interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries), la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas mas importantes a nivel global. 

Charles Carrera, Senador espiado.

En este marco, el Frente Amplio realizó de urgencia este martes una reunión con el secretariado y las bancadas parlamentarias para discutir todo este escándalo. "¿Quién puede decir dónde finalizó la gestión de espionaje?", cuestionó el presidente del FA, Fernando Pereira. "El espectro político tiene que estar a la altura del problema institucional", planteó.  

No hay duda que detrás de todo esto está el gobierno. El tema es saber quien le daba las órdenes a Astesiano

Fuentes del FA afirmaron a LPO que "no hay duda que detrás de todo esto está el gobierno. El tema es saber quién le daba las órdenes a Astesiano". 

Sobre ese aspecto, LPO conversó con el periodista de La Diaria de Uruguay, Lucas Silva, que consideró que "sería interesante que la investigación de Fiscalía lo termine de clarificar. Estos intereses se mueven en zonas muy opacas, pero el pedido que le hace a Astesiano la empresa de seguridad con sede Miami -integrada por exmilitares uruguayos- es muy claro y directo: quieren información sobre dos senadores de la oposición para "atarlos" y lograr que retiren la denuncia por la concesión del puerto a la empresa belga Katoen Natie".  

Mario Bergara, otro de los Senadores que aparecen en los chatos de Astesiano.

Banco Central Uruguay

Silva aclaró que "no es cualquier denuncia, ya que se trata de uno de los temas más controversiales de este período de gobierno. Todavía falta saber cuál es la empresa que estaba interesada en neutralizar a los denunciantes (mediante los "servicios" de Vertical Skies y Astesiano), qué uso le dieron a estas fichas con información personal y qué otros actores podrían haber participado en la operación". "Otro punto importante del caso es el papel de los lobbistas. En Uruguay hay un atraso normativo importante para condenar la corrupción privada, creo que sería interesante abrir esa discusión a partir de estos elementos que vienen apareciendo", agregó. 

A partir de la detención de Astesiano el gobierno ha tenido mayor dificultades para pautar el ritmo de la agenda política (algo que hizo muy bien durante la pandemia) y, por el contrario, la oposición encontró en este caso un factor para posicionarse mejor en el escenario político

Este escándalo es, sin lugar a dudas, de los más fuertes contra Lacalle Pou. Sin embargo, Lucas Silva, plantea que "las encuestas que se han publicado luego de la fecha de la detención de Astesiano (26 de setiembre) no han reflejado una caída de la aprobación de Lacalle Pou. Hay que ver qué novedades traen los próximos sondeos, que ya van a medir los acontecimientos de las últimas semanas, con mayores implicancias para el oficialismo". 

"Más allá de eso, a partir de la detención de Astesiano el gobierno ha tenido mayor dificultades para pautar el ritmo de la agenda política (algo que hizo muy bien durante la pandemia) y, por el contrario, la oposición encontró en este caso un factor para posicionarse mejor en el escenario político", culminó.

La fiscal Gabriela Fossati que investiga el caso confirmó que, a partir de un requisito de la presidencia, aceptó no tener acceso a los chats entre el imputado y el mandatario. Fossati dijo que el "requisito que le indicaron desde Presidencia para hacer entrega voluntaria [del celular del excustodio presidencial] es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano, teniendo en cuenta su investidura".

En el escrito que la fiscal dirigió a Policía Científica el 3 de octubre, Fossati pidió que se utilizaran todas las herramientas al alcance para recuperar todos los mensajes, audios y videos borrados por Astesiano de su celular, "con excepción de los mensajes, audios y videos que puede haber intercambiado con el presidente de la República".

"Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la Fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable", justificó.