El Gobierno no solo ha encabezado la rebelión contra la propuesta de la Comisión Europea de topar el gas en un límite de precio elevadísimo. También ha pateado el tablero en otro proyecto clave para Bruselas: el reglamento de emergencia que pretende acortar los plazos de instalación de las renovables y, por tanto, eliminar las exigencias ambientales.

Tal como anticipó LPO, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no está nada convencida en apoyar una medida que este jueves ha logrado un primer "acuerdo político" entre los representantes de Energía de los Estados miembros. 

Ribera ha calificado el reglamento que se pretende aprobar de "confuso" y "desequilibrado". "Nos preocupa que se introduzca una gran incertidumbre jurídica respecto a por qué en un determinado momento las renovables representan un interés general superior a la protección ambiental. Creemos que es un texto confuso y desequilibrado que puede llevar a una gran litigiosidad tanto por parte de los promotores de renovables como por parte de los defensores ambientales", ha explicado.

La salida de la Carta de la Energía no libra al Gobierno de una millonaria indemnización a Toyota

La ministra, por tanto, ha aclarado que España va a insistir en la necesidad de "precisar en qué condiciones se puede acelerar el procedimiento de permisos de los proyectos renovables". No le parece razonable que los gobiernos tengan que "desvincularse" de la protección ambiental para darle "prioridad" a los proyectos verde. 

La Comisión Europea tiene en la mesa un nuevo reglamento "temporal de emergencia" con un marco legislativo simplificado para agilizar los permisos para ciertos equipos y proyectos de energía solar y eólica y tecnologías como las bombas de calor.

Nos preocupa que se introduzca una gran incertidumbre jurídica respecto a por qué en un determinado momento las renovables representan un interés general superior a la protección ambiental

El objetivo asoma claro: inundar al continente de energía verde y acelerar la desconexión con los combustibles fósiles rusos, meta principal de Ursula von der Leyen, presidenta de esta institución.

España no es ajena al "atasco burocrático" que preocupa a Bruselas. Solo el 14% de los nuevos proyectos que ya cuentan con el permiso de acceso a la red ha recibido todas las autorizaciones y está en condiciones de entrar a operar "en tiempo y forma". El resto, la gran mayoría, sufre un "tapón administrativo", según la estimación de la patronal fotovoltaica.

Bruselas acorta los plazos de las renovables y elimina exigencias ambientales: "Se van a desproteger los ecosistemas"

Ribera ve "razonable" que se agilicen los mecanismos administrativos para los proyectos de infraestructura con instalaciones menores a 50kw, como los paneles solares en los tejados de los edificios.

Teresa Ribera tras la reunión de ministros de Energía de la UE.

Europa Press

Sin embargo, rechaza la propuesta de rebajar los controles técnicos y las exigencias ambientales a los megaproyectos, los más problemáticos por sus fuertes impactos en los territorios.

España, por cuestiones geográficas, es uno de los países más codiciados por las multinacionales para desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos. La regulación doméstica estipula un máximo de 18 meses para entregar una autorización, un plazo que por la cantidad de proyectos no se está cumpliendo. 

Ursula Von der Leyen y su equipo pretenden que los Estados miembros resuelven estos expedientes en un plazo máximo de seis meses. Transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo será equivalente a concesiones.

El temor de Ribera es que esta normativa genere aún más tensión en la España Vaciada, en poblaciones que rechazan la "invasión" de las renovables sin planificación

Ribera recibió en estos días fuertes reparos por parte de los técnicos ambientales que asesoran al Gobierno: sin controles estrictos, los proyectos se multiplicarán arrasando la biodiversidad de muchos territorios y generando, además, una nociva "burbuja".

El texto de la propuesta especifica, por ejemplo, que "allí donde proyectos específicos hayan adoptado medidas mitigadoras apropiadas para evitar colisiones o impedir disrupciones, la muerte o perturbación de especies protegidas no será considerada deliberada"

"Este supuesto "interés público superior" del despliegue de renovables no justifica desproteger especies y espacios naturales. La medida es errónea. Esta simplificación puede representar un descenso en el nivel de exigencia de los requisitos ambientales, una mayor laxitud en los compromisos y una desprotección de ecosistemas vulnerables", advirtió Daniel López Marijuán, responsable del Área de Energía de Ecologistas en Acción, en diálogo con LPO.

Reducción de la demanda y reciclaje: los "aportes civiles" de España a la Ley Europea de Materias Primas Críticas

El temor de Ribera es que esta normativa genere aún más tensión en la España Vaciada, en poblaciones que rechazan la "invasión" de las renovables sin planificación. 

Este escenario es el que, por ejemplo, proyecta Pedro Menéndez Morán, asesor de España Vaciada Madrid (plataforma ciudadana creada en abril) en materia de transición energética.

"Las grandes energéticas españolas protestan desde hace tiempo de estas trabas regulatorias alegando que atentan contra sus inversiones y, por ende, contra el despliegue verde. Tienen, hasta cierto punto, algo de razón. Hay demoras de hasta dos o tres años para obtener todos los permisos. Pero una cosa es reducir estos largos plazos y otra muy distinta es sacar un reglamento tan flexible. Entre tres años y un mes hay un mundo. La UE no ha caído en el término medio", argumentó el especialista.