La reforma del delito de sedición, anunciada en las últimas horas por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez -el PSOE y Unidas Podemos registrarán este viernes una proposición de ley en el Congreso- tiene un doble impacto: el penal (la rebaja de 15 a 5 años de cárcel de pena máxima para quienes, a partir de ahora, cometan actos de "desórdenes públicos agravados", entre otras modificaciones jurídicas) y el político. El movimiento de fichas del Ejecutivo cambia el tablero: une a la coalición y empuja al PP a su perfil más radical.

El momento político es tan o más importante que el fondo (la reforma del Código Penal) en la decisión de Moncloa. El Gobierno, con su fuerte giro redistributivo y social, siente que, como nunca antes en toda la legislatura, marca el pulso de la agenda doméstica y europea. La economía resiste al cataclismo global, la inflación sigue a la baja, el empleo bate récord y los grandes inversionistas siguen eligiendo a España para desarrollar sus negocios (Volkswagen, Maersk y Cisco, tres ejemplos).

Qué mejor, entonces, razonó el Gobierno, que aprovechar este "viento de cola" para cumplir con la espinosa promesa de eliminar el delito de sedición ("compromiso de investidura personal", como lo definió Sánchez), figura legal que permitió encarcelar con altas penas a los responsables del "procés", en desuso en la mayoría de las democracias europeas.

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La reforma penal no desjudicializa el 1-0 -la exigencia del independentismo-, pero supondrá una reducción muy importante de las penas a las que tendría que enfrentarse, por ejemplo, Carles Puigdemont, líder fugado. También reducirá la inhabilitación de los dirigentes que que han sido indultados parcialmente, como el caso de Oriol Junqueras.

Con esta jugada, Sánchez se reconcilia con ERC, un socio distanciado tras el espionaje con Pegasus, y fortalece la posición del PSC en el Parlament, fuerza favorita a ganar las elecciones, según los últimos sondeos. 

Para el partido catalán, "la eliminación de la sedición es un gran paso adelante y un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya".

Tras ver algunas declaraciones del PP es evidente que el virus del trumpismo circula en España. La política española tiene que estar por encima de las descalificaciones y el odio

El jefe del Govern, Pere Aragonès, calificó la decisión de Moncloa como "un paso indispensable en la desjudicialización" y para "resolver el conflicto político y la libertad", ya que "es más difícil perseguir arbitrariamente al independentismo". Aclaró, eso sí, que el objetivo último de su formación es "conseguir los efectos de una amnistía". 

El Gobierno cierra las puertas a este pedido -con los indultos y la reforma del delito de sedición da por terminada la "normalización" de la vida política catalana-, pero se aferra a los "valientes pasos dados" para recomponer la vida democrática en España.  

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No en vano, al anunciar la reforma, Sánchez comparó la situación que vivían Catalunya y España en 2017 con Carles Puigdemont y Mariano Rajoy gobernando y la que se vive a día de hoy. "Estamos construyendo convivencia. Invito a la gente que se dé un paseo por Catalunya y la comparen con 2017. ¿Preferimos la del 2017 o la de 2022?", se preguntó.

Europa Press

"El Gobierno, con el liderazgo de Pedro Sánchez, ha recuperado la política como la herramienta de diálogo y adopta decisiones que dan sus frutos", sacó pecho este viernes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, al valorar los alcances de la medida. Y aclaró: "El PSOE hace política aunque le cueste votos: traición sería no intentarlo".

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Moncloa es consciente que la oposición utilizará la reforma del Código Penal para crispar aún más el ánimo de la opinión pública y acusar al Gobierno de "independentista", un lugar común bastante "rendidor" para la derecha. Pero, a diferencia de lo que pasó tras los indultos, el Ejecutivo va a intentar capitalizar esta puesta en escena.

¿Cómo? Evidenciando la falaz "moderación" del PP y emparejando a su líder, Alberto Núñez Feijóo, con la radicalización de Isabel Díaz Ayuso. "El revés al trumpismo en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos confirman cierto fracaso de esa forma de oposición política", razonan en los pasillos de Moncloa.  

El Gobierno cierra las puertas a al pedido de amnistía -con los indultos y la reforma del delito de sedición da por terminada la "normalización" de la vida política catalana-, pero se aferra a los "valientes pasos dados" para recomponer la vida democrática en España

"Tras ver algunas declaraciones del PP es evidente que el virus del trumpismo circula en España. La política española tiene que estar por encima de las descalificaciones y el odio, debe ser una política útil para proteger a los ciudadanos ante los momentos complejos que vivimos", comparó, en esta línea, Sánchez.

Por lo pronto, los populares acusan al PSOE de "traición" y de "humillación" a España al entender que la reforma -la excusa para romper el acuerdo de renovación del Poder Judicial- no es más que una "moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más".

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"Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma", tuiteó Feijóo desde Ecuador, en el último tramo de su gira por Latinoamérica. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, le exigió a los populares que presentes una moción de censura contra Sánchez por lo "escandaloso" de la medida.

La valoración del PP no fue muy distinta a la de Vox. "Lo que haremos en cuanto lleguemos al Gobierno de España será reformar el delito de alta traición y sentarte a ti en el banquillo por colaborar con los golpistas", bramó su vicepresidente Javier Ortega Smith. 

"Que los ciudadanos no puedan distinguir las declaraciones de Vox de las del PP es una buena señal", celebran en el equipo de Sánchez.