El PRO hace frente a las presiones de los jueces de la Suprema Corte bonaerense y rechaza "cualquier modificación política y oportunista" en el régimen previsional del Banco Provincia aprobada en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

LPO había adelantado la amenaza de los jueces hacia los legisladores a quienes instaron a cambiar la ley antes del 14 de diciembre. De lo contrario el Máximo Tribunal la declararía inconstitucional.

"El PRO ratifica su apoyo a la ley y manifiesta su firme rechazo a cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen", afirmaron desde el PRO bonaerense en un comunicado.

"La caja del Bapro tenía un déficit financiero, crónico y estructural. Los aportes previsionales sólo financiaban la mitad del gasto que implica el pago de jubilaciones", dice el texto y agrega que "esto generaba que el saldo restante lo aportara el Estado provincial, es decir todos los bonaerenses con sus impuestos".

La reforma previsional del Bapro que impulsó Vidal le podría costar a Kicillof $ 100 mil millones

"Es intolerable e injusto que en una provincia con el 45% de pobres, estos estén obligados a financiar las cuentas en rojo de una caja que tiene reglas previsionales mucho más beneficiosas que las de la mayoría", agrega.

Los legisladores del PRO no están de acuerdo en los cambios que establece el proyecto de ley enviado por Axel Kicillof a la Legislatura. Se sabe que el gobernador asumió un compromiso con el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, durante la campaña de 2019 para modificar la ley en caso de llegar a la Casa de Gobierno.

Alex Campbell.

Aglaplata

El año pasado, el Gobernador envió un proyecto de ley que derogaba la norma aprobada en 2017, instancia que el PRO desestimaba de plano. Si bien ahora la derogación quedó desestimada, los cambios que exige la Corte resultan inaceptables para los amarillos. "Quizás haya una salida intermedia. Podemos trabajar en un nuevo proyecto, pero no vamos a volver a las jubilaciones de privilegios", dijo a LPO un legislador del PRO.

El PRO ratifica su apoyo a la ley actual y manifiesta su firme rechazo a cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen. Es intolerable que en una provincia con el 45% de pobres, estos estén obligados a financiar las cuentas en rojo de una caja que tiene reglas previsionales mucho más beneficiosas que las de la mayoría.

La semana pasada, los jueces de la Suprema convocaron a las partes (Ejecutivo, legisladores y representantes gremiales) a una audiencia informativa formal. Allí explicaron que no hay más tiempo procesal para fallar en contra de la ley. Los magistrados y las partes volverán a reunirse la semana próxima.

El temor que existe entre los legisladores es que un fallo en contra dispare la industria de los juicios contra el Estado bonaerense. El costo podría rondar los 100 mil millones de pesos.

Por estos días se calcula que 5.000 pasivos (de un total de 15.000) iniciaron acciones judiciales contra el Ejecutivo, puntualmente contra el Banco Provincia. Esos juicios van a tener -independientemente del futuro de la ley- un costo de 30.000 millones.

En lo que va de 2022 la caja recaudó 28 mil millones de pesos, pero lleva pagados 48 mil millones. Se estima que el déficit anual será de 35 mil millones. Es un problema que requiere una solución de fondo. La caja previsional tiene 10.000 activos y 15.000 pasivos y el déficit se cubre con dinero de las arcas de la provincia.