Fue apenas el martes cuando Cuca Gamarra confirmó que la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba "muy avanzada". Incluso el presidente Pedro Sánchez aseguró desde Sudáfrica que el acuerdo con el PP estaba prácticamente listo. Pero entonces el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió a desmentirlo. Hay avances, ningún acuerdo cerrado, sostuvo.

"El acuerdo está listo, está preparado, falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios", lanzó Sánchez en Pretoria. Génova estaba esperando los comentarios del líder del PSOE para vincular la demora en el acuerdo con la reforma del delito de sedición. Es la nueva línea del PP, aunque la número dos del partido declaraba 48 horas atrás que "son dos cuestiones distintas".

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Desde Galicia, Isabel Díaz Ayuso dijo que no se inmiscuiría en las conversaciones por el CGPJ, pero sobrevoló la cuestión de la sedición al retar a Sánchez a convocar a elecciones para que los españoles digan "si quieren un país de terroristas en la calle, de independentistas y aquellos condenados por corrupción, indultados". El PP, señalan los detractores, no hay interés en avanzar en una renovación postergada desde hace cuatro años. 

Feijóo usó primero la carta de la despolitización de la Justicia y más tarde se decantó por traer al centro del debate la reforma del delito de sedición, gracias a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero

La presidenta de la Comunidad de Madrid le estaba dando el pie a Feijóo, que aprovechó su intervención en un foro en Santander para referirse al delito de sedición. El líder de los populares no relacionó directamente el acuerdo en pausa con Moncloa, pero prometió que si encabeza el Ejecutivo a partir de 2023 aumentará las penas para los delitos de sedición y rebelión y penalizará la convocatoria de un referéndum, en alusión a los independentistas catalanes.

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"Una cosa es la agenda legislativa", respondió Sánchez, que alertó sobre la anomalía constitucional por las vacantes sin llenar en el CGPJ y en Tribunal Constitucional. Feijóo usó primero la carta de la despolitización de la Justicia y más tarde se decantó por traer al centro del debate la reforma del delito de sedición, gracias a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero. Sin embargo, la excusa servía al PP, que dilatará hasta lo imposible la renovación. Sánchez puede haber caído una vez más en el juego de Génova.