El BoletÃn Oficial del Estado publicó este jueves la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado 5 de octubre por el Senado. La normativa entrará en pleno vigor el viernes. A partir de ahora, la dictadura franquista será considerada ilegal para el Estado español, se reforzará el compromiso de todas las administraciones públicas en la búsqueda de desaparecidos y -tal como detalló LPO- se flexibilizarán los criterios para obtener la nacionalidad para las familias de quienes tuvieron que emigrar de forma forzada.
Respecto al segundo punto, a la búsqueda de los represaliados que aún están bajo tierra, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando MartÃnez López, adelantó que "en legislatura y media" (un lapso de seis años) se pueden haber exhumado todas las fosas comunes que hay en España y haberse recuperado restos de entre 20.000 y 25.000 vÃctimas para que puedan ser entregados a sus familiares.
MartÃnez explicó en el Congreso que, hasta el momento, se han exhumado unos 500 fosas, unos "12.000 y pico cadáveres" no sólo de republicanos civiles sino también de personal militar que se está estudiando.
Aclaró, sin embargo, que las primeras exhumaciones, las que se concretaron durante los primeros años de la Transición, se hicieron "sin ningún rigor histórico", es decir, sin identificar genéticamente los restos.
El funcionario puso en valor las labores de exhumación llevadas a cabo desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Dijo que durante la etapa de José Luis RodrÃguez Zapatero (la Ley de Memoria Histórica data de 2007) en seis años hubo actuaciones en 177 fosas, frente a las 504 en las que se ha actuado en los últimos dos años.
"Según nuestros cálculos en legislatura y media terminamos con las fosas comunes en España", pronosticó el secretario de Estado, quien recordó que el presupuesto previsto en 2023 para estas labores asciende a 6,3 millones de euros.
La nueva Ley de Memoria Democrática está sustentada en cuatro principios que, desde la recuperación democrática hasta la actualidad, se habÃan escondido debajo de la alfombra: la verdad, justicia, reparación y garantÃa de no repetición.
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En materia de justicia, la nueva legislación declara "la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las vÃctimas", lo que dará derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.
A su vez, promueve el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978 e impulsa la creación de una FiscalÃa de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la FiscalÃa General del Estado como instrumento de la investigación.
Eso sÃ: al no derogarse la Ley de AmnistÃa -sancionada en 1977- es casi imposible que esta FiscalÃa pueda abrir un expediente y juzgar a algún responsable de aquellos delitos de lesa humanidad. Algunos socios parlamentarios del gobierno, entre ellos ERC, no acompañaron el proyecto por este punto.
La norma tiene otra aspecto central en materia de reparación por los exilios forzados de la dictadura: una flexibilidad para obtener la nacionalidad que beneficiará a miles de descendientes.
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A grandes rasgos, la ley habilita una nacionalidad por opción que permitirá a los hijos o nietos de españoles conseguir la nacionalidad directamente desde los consulados gracias a su vÃnculos directos (relación familiar) con España.
El ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de ExtranjerÃa, espera recibir miles de solicitudes nacionalización en los próximos años, sobre todo de los paÃses que fueron receptores de aquella migración forzada: Argentina, Venezuela, Chile, México y Cuba, entre otros. En los planes está reforzar los recursos (humanos y materiales) de estos consulados.
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