La ley de humedales comenzó a debatirse este jueves en un plenario de comisiones de diputados, pero por pedido de Juntos por el Cambio se demoró una semana la firma del dictamen. 

El oficialismo confía en una mayoría con respaldo del interbloque federal y la izquierda, que copó las calles con militantes a favor de una rápida sanción. Si la alcanza, buscará aprobarla en noviembre, después de la sesión del presupuesto. 

El plenario fue coordinado por Leonardo Grosso, del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien estaba decidido a apurar el dictamen pero tras una negociación con el radical Ricardo Buryaile aceptó pasar a un cuarto intermedio por una semana. Había pedido definir un amplio cronograma de invitados y estirar el debate, pero no fue posible. 

Por el humo en Rosario, se debatirá una ley de humedales en el Congreso 

"Este viernes 23 de septiembre se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado. Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales", dijo Grosso al abrir la reunión, para justificar su decisión de apurar los trámites.

Sólo una rebelión expresa de diputados oficialismos podría frustrar una ley y por ahora no aparece. El debate fue pedido en la última sesión por los legisladores santafesinos, unidos para pedir una solución que termine con el humo que abrumó a Rosario y que asignan a incendios en Entre Ríos. 

Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable. No puede venir cualquiera a llevarse nuestros recursos y dejarnos un desastre ambiental. En el primer mundo eso no pasa de ninguna manera.

"Toda la situación crítica que vivimos en los últimos años en todo el Delta del Paraná produce un gran sufrimiento para la población del sur y de la costa santafesina. No sólo tiene implicancias ambientales sino también sanitarias, por el humo que se produce con los incendios", sostuvo el diputado santafesino Roberto Mirabella, del Frente de Todos. 

La ley de humedales es una deuda de la Constitución de 1994, que obliga al Congreso a legislar sobre presupuestos mínimos ambientales. Nunca pasó el filtro de Diputados, donde en 2020 la Comisión de Recursos Naturales emitió un dictamen, pero nunca se trató en las demás, incluso algunas presididas por oficialistas, como Agricultura. 

Nadie discute que los humedales son ecosistemas con reservorios de agua que contribuye a la biodiversidad y a combatir el cambio climático. El dilema está en la definición técnica que le otorga cada proyecto, porque sectores del agro, los hidrocarburos y la minería sostienen que si se amplía demasiado no podrán producir.

Maximiliano Ferraro. 

LPO Juan Carlos Casas.

Juntos por el Cambio impulsa su propio dictamen, defendido por Ximena García (UCR) y Maxi Ferraro (Coalición Cívica), que delega en la Nación y las provincias el inventario nacional de humedales y sólo protege los reconocidos. "La ley no debe obstaculizar actividades productivas", dijo Ferraro.

El proyecto del oficialismo considera los humedales como "ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo". 

Graciela Camaño.

LPO Juan Carlos Casas.

Grosso dijo que la misma definición usó la secretaría de Ambiente en 201. "El 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar (en 1971) hasta acá, el 30% fue eliminado y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber borrado el 56%. No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos".

El rechazo a la ley del oficialismo lo lideraron Buryaile y su correligionario correntino Jorge Vara, quien mostró mapas para alertar que con esa norma se paralizarían el 50% de las tierras productivas del país y el 75% de Corrientes. "La Constitución defiende el derecho a la propiedad privada. Sino hay que hacer otra y abolirlo", desafió. 

Le respondió Camaño. "Argentina tiene el 72% del territorio desertificado. Somos un país árido y semi-árido y esto afecta al 30% de la población. El 87% del Parque Chaqueño está desforestado. Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres".

La militancia de izquierda que fue a pedir una ley de humedales. 

"Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable. No puede venir cualquiera a llevarse nuestros recursos y dejarnos un desastre ambiental. En el primer mundo eso no pasa de ninguna manera", señaló. 

El socialista Enrique Estévez, quien pidió la reunión de comisión en la última sesión, se lamentó "que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión". La izquierda ratificó su compromiso a través de Miriam Bregman y Romina del Plá. 

Antes de pedir un cuarto intermedio, Grosso defendió su proyecto. "Tiene el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas. Y no viene a prohibir nada: viene a establecer estándares de nuestra propia actividad".