Europa empieza a enterrar muchos dogmas neoliberales ante la necesidad de proteger a las clases medias y trabajadoras de la galopante inflación. Nacionalización de empresas energéticas, impuestos a los sectores más concentrados por sus "beneficios extraordinarios" y topes al precio de los combustibles son algunas medidas "intervencionistas" adoptadas durante estos seis meses de guerra en Ucrania.

En las últimas horas, Suiza decidió rescatar a su empresa de servicios públicos local  Axpo Holding AG -una de las principales comercializadoras de electricidad del país-con una línea de crédito de 4 mil millones euros. El gobierno suizo calificó a la compañía de "empresa eléctrica de importancia sistémica" en este delicado contexto de crisis.

En Escocia, la ministra principal de Nicola Sturgeon, anunció este martes una legislación de emergencia para congelar los alquileres y vetar los desahucios al menos hasta marzo, en previsión de un invierno marcado por unos precios de la energía disparados.

El ejemplo más gráfico de este "revisionismo" es el reciente anuncio de la Comisión Europea de realizar una "reforma urgente y estructural" al mercado eléctrico para evitar que los precios se sigan disparando. "Este mercado fue desarrollado para diferentes circunstancias, no está funcionando", admitió la presidente de este organismo, Ursula von der Leyen.

La UE analiza una "intervención de urgencia" del mercado eléctrico para frenar la exorbitante alza de precios

España, país europeo que más está poniendo en crisis los principios de libre mercado -el presidente Pedro Sánchez ha emprendido una batalla con el poder económico para poner en marcha una batería de medidas redistributivas- pretende dar un paso más en su paradigma reformista: limitar el precio de una "canasta básica" de entre veinte y treinta productos. 

En las últimas horas, Suiza decidió rescatar a su empresa de servicios públicos local Axpo Holding AG -una de las principales comercializadoras de electricidad del país-con una línea de crédito de 4 mil millones euros. El gobierno suizo calificó a la compañía de "empresa eléctrica de importancia sistémica" en este delicado contexto de crisis

Se trata de una medida sin ningún antecedente en la eurozona a esa escala. Un paso similar dio Francia semanas atrás, aunque con un acuerdo puntual entre el gobierno de Emmanuel Macron y la firma Carrefour, la gran "empresa de bandera" en el rubro de la alimentación. 

A fines de agosto, este supermercado decidió bloquear los precios de 100 productos "cotidianos" hasta el 30 de noviembre, es decir, durante 100 días, para "apoyar el poder adquisitivo de los franceses", según el anuncio que hizo la multinacional, que en las próximas semanas podría extender la medida a Bélgica.

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El Gobierno de Sánchez pretende un control de precios que alcance a toda la cadena de distribución. La iniciativa lleva la firma de al vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El paquete incluiría productos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, la carne y la fruta, entre otros.

El economista Daniel Lacalle comparó la medida que quiere implementar el Gobierno con los controles de precio de Argentina y Venezuela.

Europa Press

Moncloa entiende que la crisis energética, la máxima preocupación europea en las puertas del invierno, dará paso a una crisis alimentaria por la reducción de la oferta agrícola e industrial -LPO adelantó que el 30% de la industria local de fertilizantes está paralizada- y por el aumento de los precios. No en vano, España presiona la UE para crear, cuanto antes, una reserva estratégica de alimentos.

Unidas Podemos, socio minoritario, planteó hace meses la necesidad de un aumento a los impuestos a los supermercados para poder financiar un "cheque de ayuda" a la cesta de la compra para las familias. El PSOE rechazó de plano la medida. Sin embargo, por la virulencia de la crisis -y en sintonía con su "giro a la izquierda"-, Sánchez sí ve con buenos ojos la iniciativa de su vicepresidenta.

Controles de precios como en Argentina y Venezuela. La medida perfecta para pasar de un problema de inflación a uno de más inflación y desabastecimiento. Unos cracks

"Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios", reconoció el domingo Díaz en una entrevista.

Según los números de su ministerio, los supermercados, al igual que los bancos y las energéticas, se "están enriqueciendo" en este contexto inflacionario. "Hablamos de incrementos del 500%, de 575%. Son datos públicos", justificó. 

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"El Gobierno de España está tomando muchas medidas en el sector energético, a las entidades financieras, pero hay que dar un paso más porque la alimentación es imposible. Lo llevo diciendo, hago la compra con normalidad y la gente tiene razón para estar molesta", argumentó sobre su proyecto.

Sin embargo, no todo el socialismo está a favor de este control de precios. Una parte del partido defiende un fortalecimiento del Estado de Bienestar, pero sin interferir en las lógicas del libre mercado, acorde a la historia de la socialdemocracia europea.

El presidente está volcado en bajar la inflación y uno de los principales problemas está en la cesta de la compra. Por tanto, se están estudiando todas las medidas, algo que va en la lógica del Gobierno

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, has sido el primero en diferenciarse. Consultado sobre la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes y productos de alimentación esenciales, argumentó que "no es posible" desde el punto de vista legal y "tampoco es deseable". 

"No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena. En este contexto de muchas incógnitas en el horizonte, el Gobierno tiene dar certidumbre y seguridad a los operadores para proveer de alimentos y bebidas a los ciudadanos", planteó.

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, también puso sus reparos: "Estamos en un mercado libre", dijo, Y aclaró que las medidas del Gobierno para combatir la inflación "van en otra dirección".

La postura de estos dos funcionarios es compartida por la oposición -el PP pidió "más seriedad y menos ocurrencias"- y por toda la ortodoxia económica. Daniel Lacalle, uno de los máximos exponentes de esta corriente de pensamiento, ironizó sobre la aplicación de esta medida.

Por la virulencia de la crisis, España presiona a la UE para crear una reserva de alimentos

"Controles de precios como en Argentina y Venezuela. La medida perfecta para pasar de un problema de inflación a uno de más inflación y desabastecimiento. Unos cracks", publicó en su cuenta de Twitter.

Otro economista, Javier Díaz-Jiménez, explicó que el "precio máximo" tiene dos consecuencias: "reduce la oferta y fomenta el mercado negro" y genera "desabastecimiento" al producirse una escasez de productos.

Pese las críticas de propios y extraños, Díaz volvió a defender este martes su proyecto. "El presidente está volcado en bajar la inflación y uno de los principales problemas está en la cesta de la compra. Por tanto, se están estudiando todas las medidas, algo que va en la lógica del Gobierno", dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y aprovechó los micrófonos para responderle a las voces díscolas dentro del Ejecutivo:  "(La medida) es totalmente legal".