La acusación contra el ex procurador Javier Murillo Karam por el caso Ayotzinapa se encuentra en una zona de riesgo porque, por cuestiones médicas del ahora reo, que estarían ligadas a su plenitud de facultades mentales, su testimonio resultará inconducente para nuevas pesquisas. 

Según dijeron a LPO fuentes de Palacio Nacional, Murillo tuvo dos episodios ligados a su salud mental de los cuáles el último aconteció semanas antes de ser arrestado por supuesto encubridor. Personajes del Gabinete de Peña Nieto también hablan de "micro-infartos cerebrales" que podrían estar asociados a una enfermedad degenerativa.

En la 4T desde luego se considera que esto podría formar parte de una típica estrategia de defensa, aunque hay indicios de que el deterioro habría comenzado hace tiempo.  Esta situación, de confirmarse, complicaría extender el caso a otros sospechosos de la pasada administración y obliga a la 4T a lograr la extradición de Tomás Zerón. 

El problema es que según fuentes de la Cancillería esa entrega también se encuentra muy complicada, fundamentalmente por la determinación del gobierno de Yair Lapid, que además de ser primer ministro se sostiene como ministro de Relaciones Exteriores.

Alejandro Gertz Manero cree que la tortura sufrida por los falsos testigos confesos del caso no podría haber ocurrido sin el conocimiento del entonces procurador. También entiende que Murillo desvió el curso de las investigaciones y por tanto cometió el delito de obstrucción de justicia.  Finalmente, el fiscal dice contar con el testimonio de dos personas que afirman haber visto a Murillo participar en sesiones de tortura.

La situación de salud de Murillo impediría conectar los puntos elementales de estas acusaciones y, fundamentalmente, conocer hasta que nivel hubo un involucramiento de Enrique Peña Nieto en lo sucedido.

A estos detalles judiciales se agrega como el clima de fin de sexenio comienza a permear en la esfera judicial: la liberación de Rosario Robles anticipa novedades en otros casos sensibles, como el del abogado Juan Collado.  Un efecto de mayor lejanía de los tribunales con la 4T que podría salir a relucir en el affaire Ayotzinapa.