El arresto del ex procurador Jesús Murillo Karam por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 ha generado turbulencias en la Secretaría de la Marina. Fundamentalmente porque Rafael Ojeda Durán advierte que tanto Alejandro Encinas como Alejandro Gertz Manero pueden tener interés en acusarlo por su actuación en la noche de la desaparición, cuando Ojeda era jefe de la zona naval del estado de Guerrero.

Esa acusación, según fuentes de la Marina, tiene como fundamento una pesquisa realizada por el  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por un testigo de nombre reservado, que, cerca de Ojeda, creen que podría tratarse de su propio antecesor, el almirante Vidal Soberon, de quien Ojeda fuera Inspector General.

El GIEI tendría información sobre cómo los marinos bajo la responsabilidad de Ojeda alteraron evidencias en el basurero de Cocutla. Esas pesquisas luego habrían sido ratificadas por el testimonio reservado de Soberón que tuvo lugar a medidados de marzo de este año.

Ojeda y Soberon siempre mantuvieron una relación cordial pero distante y hubo un punto de quiebre en mayo del 2021 cuando Ojeda ordenó investigar a 30 marinos ligados a Soberón por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. También se mencionaba una pesquisa sobre el patrimonio del antecesor de Ojeda.  El testimonio de Soberón sería la réplica a esa investigación ordenada por Ojeda.

Soberón nunca aportó nada rutilante sobre la tragedia de Ayotzinapa pero en diciembre del 2014 le dijo a la agencia Notimex que era urgente legislar sobre el alcance de las Fuerzas Armadas en la esfera pública. Era la avanzada militar para presionar a Enrique Peña Nieto por una ley de Seguridad Interior que el PRI ya no tendría margen político para impulsar.

Pregunta ineludible: ¿Hay relación entre lo sucedido en la noche de Ayotzinapa y el hecho de que Soberón en 2018 exploró a fondo la posibilidad de saltar a la política electoral?

El secretario de la Marina entiende a Encinas un elemento de presión controlado por Adán Augusto López Hernández y Luis Crescencio Sandoval, con quienes sostiene un vínculo de profundas tensiones, la más reciente detonada la semana pasada por el estallido de la violencia del narco en diversos estados del país. Según murmuran en Segob, esa violencia que se inició en Jalisco y Guanajuato tiene una conexión con el secuestro de dos marinos a manos del crimen organizado. Un problema en la negociación para su liberación, ejecutada desde Semar, habría desencadenado en la violencia.