El Senado aprobó el consenso fiscal entre la Nación y las provincias firmado en diciembre, que les permite al los gobernadores retocar los impuestos locales pero los obliga a controlar el gasto. A Sergio Massa le puede servir para exigir disciplina fiscal y retacear las transferencias a las provincias del próximo presupuesto nacional.

Como anticipó LPO, fue el tigrense y la vicepresidenta Cristina Kirchner quienes empujaron la aprobación del consenso en el Senado, que estaba congelado desde diciembre y a nadie parecía interesarle demasiado hasta la asunción del nuevo ministro.

Fue aprobado con 45 votos a favor y 15 en contra. Juntos por el Cambio volvió a votar dividido. El PRO lo rechazó y los radicales se partieron entre aprobación, rechazos y el jefe del interbloque Alfredo Cornejo se abstuvo. Sintieron la presión de sus tres gobernadores que firmaron el pacto: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). 

Massa apura la sanción del consenso fiscal para controlar el gasto de las provincias

"Los gobiernos provinciales terminan firmando estos pactos porque es un mecanismo extorsivo", se molestó Alfredo Cornejo, jefe del interbloque Juntos, que se abstuvo pese a que su sucesor en Mendoza firmó el pacto.

"No quiero convalidar un instrumento que permite la suba de impuestos. En mi provincia continuamos con la baja de ingresos brutos. Además, hace 8 meses que se está aplicando este consenso y recién se trata. Es muy desprolijo", cuestionó.

El pacto es una nueva edición del firmado en 2017 entre Macri y las provincias, que se comprometieron a una reducción paulatina de impuestos locales a la producción (ingresos brutos y sellos) y reemplazarlos por los que gravan las propiedades. 

Para facilitar esa transición se crea una oficina de valuación fiscal centralizada, que en el texto de diciembre se propone ratificarla por ley. Y se firma un compromiso para mejorar los sistemas de recaudación, algunos muy obsoletos. 

El consenso fiscal fue firmado en diciembre por las provincias y la Nación, pero recién se trató en el Senado cuando Massa asumió de ministro de Economía. Los gobernadores pueden subir impuestos, pero deben controlar el gasto. 

Ni bien asumió Alberto Fernández el consenso se reformuló para habilitar una suba de impuestos locales y se renovó cada diciembre de su gestión. Nunca adhirieron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se salió cuando le quitaron fondos para financiar la policía federal. 

Además de retocar las alícuotas locales, el consenso de diciembre permite crear un tributo sobre la herencia y gravar con mayor precisión los servicios electrónicos. 

Pero se prohíbe a los gobernadores aumentar los gastos por encima del crecimiento o endeudarse en dólares para pagar sueldos. En el Congreso creen que con estas herramientas Massa podrá reducir las transferencias a las provincias en el próximo presupuesto, que presentará el 15 de septiembre.

De hecho, el pacto fiscal fue el documento que el ministro de Transporte Alexis Guerrera utilizó para no aumentar los subsidios al transporte que reclaman los gobernadores. 

"No sea cosa que este ajuste redunden en límites para la transferencia para nuestras provincias y el ajuste lo tengan que hacer nuestras provincias", advirtió el chaqueño Víctor Zimermann, uno de los que votó a favor. 

Luis Naidenoff. 

LPO Juan Carlos Casas.

El PRO no volvió a avalar el consenso desde que se habilitó la suba de impuestos. "Con esta renovación del consenso fiscal se interrumpe la baja en impuestos altamente distorsivos para la actividad económica. Es hora de que se empiece a trabajar en un proyecto de reforma impositiva que tenga como norte el privilegio de las inversiones", propuso Humberto Schiavoni, jefe de la bancada amarilla en el Senado.

El respaldo de la UCR lo lideró el jefe del bloque Luis Naidenoff, quien recordó que "la base del acuerdo fiscal" son los firmados desde 2016. "Son las marchas y contramarchas de una Argentina pendular en materia fiscal: un país acostumbrado a tensar la cuerda y una dirigencia que no está dispuesta a asumir costos".

Hubo 3 radicales que votaron en contra: Eduardo Costa, Martín Lousteau y la santafesina Carolina Losada.  El economista rechazó la suba de impuestos locales. "Entre 2017 y 2019 se bajó el 80% de las alícuotas. ahora hacemos lo contrario, damos margen para que las alícuotas suban. No lo votamos porque es una suba de impuestos encubierta y porque la condición para firmarlo es suspender los reclamos judiciales en curso".

El debate lo cerró el jefe del bloque oficialista José Mayans. "Este pacto, que tiene repeticiones de pactos anteriores, habla de la materia tributaria, de endeudamiento responsable, de responsabilidad fiscal, de compromiso en materia judicial y los comprimidos asumidos por Nación y los compromisos mutuos".