Un mapa desorganizado en el que ninguna banda hegemoniza el narcomenudeo y todas se disputan a sangre y fuego el control del negocio. Los problemas de seguridad en Rosario configuran un nuevo rompecabezas para los investigadores a partir del encarcelamiento de los lÃderes de organizaciones criminales y de la atomización de esas estructuras en distintos barrios de la ciudad. En un contexto que representantes del Ministerio Público de la Acusación definen como caótico la única certeza parece ser que la violencia callejera recicla sus condiciones de producción.
"Los homicidios en Rosario no se explican como una guerra entre los Monos y la banda de Esteban Alvarado. Si fuera asà serÃa más fácil enfrentar el problema. Estamos viendo que ni siquiera ellos controlan lo que ocurre: no hay un gobierno tan claro de los referentes sobre las acciones que se despliegan en la calle", dice el fiscal Luis Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación.
Después del proceso en que Alvarado terminó condenado a prisión perpetua, otra figura histórica del narcotráfico rosarino enfrenta un juicio desde el 28 de junio: Olga Beatriz Medina está acusada ante la Justicia Federal como organizadora de una banda dedicada a vender drogas en un amplio sector de la zona noroeste de Rosario, después de haber recibido ya una condena en 2020 por narcotráfico.
Conocida como la Tata o la Rubia, Medina es la cabeza de un grupo familiar que lleva al menos una década vinculado a las drogas y al enfrentamiento con otras bandas. En el juicio actual también están acusados otros miembros de su familia y Pedro Mario "Pepe" Villalba, referente a su vez de otro clan y presunto encargado del almacenamiento y la distribución de la droga en la sociedad con Medina.
El proceso en la Justicia Federal muestra, sin embargo, la ausencia notable de Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra. La pareja de recién casados se mantiene prófuga desde el 29 de enero, cuando su lujosa fiesta de bodas en un salón de la localidad de Ibarlucea, vecina a Rosario, terminó con el crimen de tres invitados. Las vÃctimas, Iván Maximiliano Giménez, Érica Vanesa Romero y la bebé de ambos, Elena, fueron emboscados a la salida por sicarios no identificados.
No es el único déficit del proceso. La acusación de la fiscalÃa dejó al descubierto la pobreza de la investigación previa: Medina, denunciada por administrar varios puntos de venta de droga, llega a juicio con un secuestro paupérrimo (200 gramos, entre marihuana y bochitas de cocaÃna) y la pareja de prófugos está imputada por venta callejera en contraste con la capacidad económica que evidenciaron la fiesta de casamiento y una propiedad en Puerto Norte, una de las zonas más caras de Rosario.
Al momento de la boda Leguizamón estaba con prisión domiciliaria, concedida porque tiene dos hijas. Su fotografÃa más difundida la muestra sonriente junto con las niñas y con Rocha, en una imagen beatÃfica que desmentirÃa cualquier asociación con el narcotráfico. El flamante esposo, por otra parte, procesado por tenencia de estupefacientes para su comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, habÃa salido en libertad en abril de 2021.
El matrimonio expresarÃa además una alianza entre dos sectores del ambiente narco rosarino, uno radicado en el barrio Tablada, de donde son oriundos Rocha y también Iván Maximiliano Giménez, y otro del barrio Parque Casas, zona de procedencia de la familia Leguizamón. Daiana Micaela Leguizamón, una de las hermanas de Brisa, fue acusada a su vez por venta de drogas.
"Rocha no era un simple eslabón inferior en la cadena de distribución. Evidentemente en la cárcel mejoró la agenda de contactos, perfeccionó el know how y en menos de un año acumuló la plata para hacer la fiesta que hizo, y mientras tanto el sistema no se dio cuenta de nada", señala una fuente de la Justicia Federal que considera a la causa "una muestra de lo que no hay que hacer en investigación criminal".
Iván Maximiliano Giménez también disfrutaba de un súbito enriquecimiento que lo llevó de atender una panaderÃa en el barrio Tablada a comprar autos de alta gama y varias propiedades, también en Puerto Norte. Pero en su caso la Justicia Federal le seguÃa los pasos desde mayo de 2021, después de allanar puestos de venta de cocaÃna en Villa Banana, zona oeste de Rosario, y de identificarlo como proveedor de la mercancÃa.
El triple crimen de Ibarlucea sacó a la luz un conflicto en el mundo narco que todavÃa no está despejado. La investigación está a cargo de un equipo integrado por fiscales provinciales y fiscales federales y exhibió su primer logro al hacer visible a un actor considerado fundamental en la trama del narcotráfico y hasta hace poco desconocido: Fabián Gustavo Pelozo, rosarino de 34 años.
Pelozo, identificado por el testigo Carlos Argüelles como proveedor de "mucha droga" para la banda de Alvarado, se encuentra procesado y con prisión preventiva junto con Gustavo Abel Rolón y Claudio MatÃas Rolón en la Justicia Federal de Rosario, después de que los tres fueran detenidos en el mes de marzo con ocho kilos de marihuana. Pero el cargo más grave es el que afronta junto con Ignacio Quintana ante la Justicia Federal de Salta, relacionado con un envÃo de 389 kilos de cocaÃna interceptado en la provincia de Buenos Aires y con actividades del clan Loza, una organización con peso en el tráfico internacional.
Según el Ministerio Público Fiscal, "la investigación permitió concluir que habrÃa dos grupos en Argentina que se asociaban para garantizar la logÃstica y coordinación para el tráfico y exportación de estupefacientes y para el blanqueo del dinero obtenido de forma ilÃcita, que a su vez tienen vÃnculo con la organización criminal brasileña conocida como Primer Comando Capital (PCC)".
La sociedad "tenÃa especial asiento en la ciudad de Ibarlucea" y la conexión con el PCC -cuya sombra se extiende progresivamente sobre la región como punto de escala en el narcotráfico hacia Europa- surgió de información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, la PolicÃa Federal de Brasil y el Servicio Nacional de Investigación Criminal de la PolicÃa de Mozambique, de acuerdo al MPF.
A nivel local, la trama del triple crimen todavÃa resulta bastante oscura. La hipótesis inicial sobre el motivo, según la cual Iván Giménez fue asesinado como castigo por la pérdida de un cargamento de marihuana que era transportado por el rÃo Paraná y terminó imprevistamente en manos de unos pescadores a la altura de Puerto San MartÃn, perdió consistencia con el transcurso del tiempo. Tampoco parece más convincente la sospecha de una represalia por cambiar de socios, ya que Giménez habrÃa desertado de las filas de Alvarado para integrarse a las redes de la familia Cantero o bien pretendido hacer negocios a dos bandas.
En su resolución del mes de abril, el juez federal rosarino Carlos Vera Barros señaló a Giménez como uno "de los principales colaboradores" de Fabián Pelozo "en la distribución de sustancias estupefacientes a diferentes organizaciones criminales que operaban en Rosario entre 2020 y 2021". Pelozo era el "encargado de la logÃstica para el acopio de estupefacientes" que provenÃan de Bolivia y Paraguay y su domicilio en Ibarlucea habrÃa funcionado como centro de distribución "para luego dirigirse a los diferentes puntos de acopio y venta de droga ubicados en Rosario".
La lista de invitados a la fiesta de Rocha y Leguizamón, después de la boda realizada por iglesia y de la previa en un hotel de cinco estrellas, tenÃa un perfil marcado por allegados a los Monos. El cantante de cumbia Sergio Torres, asistente al evento y fotografiado con la novia, animó festejos de la familia Cantero. Torres compartió cartel con Juanjo Piedrabuena, por otra parte concejal en la ciudad de Santa Fe, quien presentó ante los fiscales una factura digital por cien mil pesos en concepto de honorarios por su actuación.
La intervención de la policÃa de Ibarlucea también quedó bajo la lupa. Si bien no existen pruebas sobre una posible zona liberada, el triple crimen actualizó antecedentes como los del asesinato del albañil Franco Hueso (junio de 2020), por el que la familia acusó a la policÃa local, y el escándalo que sobrevino un año después cuando agentes y un patrullero de la comisarÃa local hicieron de comparsa en un video del trapero Yosoyemi, ligado a los Cantero.
Las especulaciones iniciales se complican ante una coyuntura caracterizada por la presencia de bandas inestables. "Las estructuras que armaron los Monos y Esteban Alvarado están hoy desorganizadas y dispersas. Tanto Ariel Cantero como Alvarado tienen una ascendencia general y no un dominio directo sobre las acciones callejeras. Esta situación fluye hacia un incremento de la violencia", analiza el fiscal Schiappa Pietra.
En ese marco, un investigador federal define a Olga Medina como "un lÃbero que puede jugar con uno y con otro, sin un bando definido entre los que están en pugna, y que en la historia reciente empieza a complicarse con el advenimiento de los pibes tiratiros". La causa por la que se la juzga comenzó el 25 de abril de 2016 después de que "el buzón de la vida (sistema de denuncia anónima) y una lÃnea de teléfono del gobierno provincial (0800-444-3583) estallaron con los datos aportados por vecinos sobre sus búnkers y la rivalidad con la banda de Emanuel Sandoval", alias Ema Pimpi, conocido como autor de la balacera contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Medina tiene dos hijos muertos en enfrentamientos librados en 2011 y 2012 y dos hijas y una hermana acusadas actualmente de integrar su organización. Otro de sus vástagos, Milton José Abelardo Ferreyra, de 19 años, fue condenado en febrero de 2020 a prisión perpetua por doble homicidio. Este episodio surgió como venganza por un asesinato perpetrado en un patio de recreos de la cárcel de Piñero.
No obstante, Medina demuestra contar con información que solo puede provenir de fuerzas de seguridad. "Cada vez que le hacen un allanamiento le encuentran muy poca droga. En este juicio no surgió evidencia pero es clarÃsima la protección policial que tuvo en otros hechos", dice el fiscal federal Federico Reynares Solari, quien lleva adelante la acusación.
El chasco se verificó en abril de 2019, cuando Medida fue detenida en un operativo del que participaron efectivos de las cuatro fuerzas federales y que de todas maneras fue publicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de Patricia Bullrich. El hallazgo de un kilo de marihuana en su casa, en otro operativo de octubre de 2014, sirvió para la primera condena en su contra.
El peso de la acusación actual descansa en conversaciones telefónicas donde surgen datos sobre el lugar donde se coordinaban las ventas (la casa de una hija de Medina), movimiento financiero, la jerga para aludir a la cocaÃna ("los caramelos"), eventuales quejas de clientes por el excesivo corte de la droga y deliberaciones entre Pedro Villalba y una de sus hijas, también acusada. "Hay algunas conversaciones que dan la pauta de que Esteban Rocha podÃa administrar ciertas cantidades de drogas y que tenÃa fundamentalmente una relación con Villalba. Parece haber sido un gerente del narcomenudeo, pero tampoco a él le secuestraron nada en la casa", agrega Reynares Solari.
Rocha y Leguizamón enfrentaban cargos por los que podÃan recibir penas de ejecución condicional. Después del triple crimen, cuando se supo que la recién casada habÃa violado la prisión domiciliaria, no comparecieron ante citaciones judiciales ante la posibilidad cierta de quedar presos y fueron declarados en rebeldÃa.
El fiscal Reynares Solari intervino también en la causa contra el ex comisario Alejandro Druetta, condenado por proteger a narcotraficantes y fabricar causas para abonar una imagen de cruzado contra las drogas. Como hizo entonces, se manifiesta crÃtico sobre los procedimientos de investigación. "Tenemos poca información y de baja calidad. El sistema no puede funcionar de esta manera -dice a propósito del proceso contra Tata Medina y del trámite de otra causa contra Pedro Villalba, que transcurrió en forma desconectada-. La pérdida de información y la dispersión de recursos son graves. La solución pasa por cambiar prácticas institucionales".
El "poder territorial" de Medina y sus allegados sobre los barrios Parque Casas y La Cerámica, según la descripción del fiscal, se encuentra por otra parte en disputa. Otras bandas familiares con actividad en la zona y sus alrededores comparten la caracterÃstica de ser comandadas por mujeres: el clan polirubro Romero, supervisado desde una cárcel provincial por Hernán Ramón Romero y virtualmente acaudillado por su madre, y el clan Bay, donde al encarcelamiento del lÃder Brandon Bay siguió otro liderazgo materno.
El domicilio de "la Tata", en la calle Agüero al 4300, barrio La Florida de Rosario, fue baleado por desconocidos en marzo y en noviembre del año pasado. A la vez, Marcela Villalba, hermana de "Pepe", fue condenada por narcotráfico en 2020; Gonzalo Ezequiel y Julio César Villalba, también de la familia, resultaron detenidos en septiembre de 2021 con doce kilos de cocaÃna; Carmen y Marlén Villalba, hermana y sobrina del socio de Medina, cayeron asesinadas el 23 de junio en la zona noroeste de Rosario a manos de sicarios que hicieron alrededor de cuarenta disparos.
"El mapa está cada vez más desordenado -observa el fiscal Schiappa Pietra-. Ante un hecho como el de Ibarlucea, donde hay un casamiento con presencia de allegados a la familia Cantero y una persona identificada como vendedor cercano a Alvarado, lo primero en que se piensa es en la guerra entre esas bandas. Pero en el dÃa a dÃa los homicidios se muestran mucho más diversificados, y eso explica en buena medida la cantidad de casos que tenemos en Rosario".
Schiappa Pietra intervino en los juicios contra los Monos y contra Esteban Alvarado y parte de su banda e integra el equipo que investiga el triple crimen de Ibarlucea. "Los grupos ligados históricamente a Alvarado se convirtieron en bandas distintas y cada una actúa de manera autónoma. Si quieren hacer negocios no les conviene la violencia, pero tampoco tienen dominio sobre lo que pasa en la calle". El problema en la ciudad de Rosario es ahora el crimen desorganizado.
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