La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR propuso no ejercer acción penal en contra del hermano menor de AMLO, Pío López Obrador, por el video en el que se le observa recibir un sobre con dinero.

Esta determinación se da unos días después de que Pío reapareciera mediáticamente y ofreciera una entrevista en la cual dice que no cometió ningún delito que fue más bien una falta.

"Ahora bien, glósese a los autos el diverso libelo presentado por el Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales, a través del cual, refiere que el treinta de junio de dos mil veintidós, le fue remitida la carpeta de investigación, que nos ocupa, y que a esta data aún no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del proyecto de resolución de No Ejercicio de la Acción Penal planteada por la responsable", informó a través de los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.

Pío López reaparece: "Es más una falta, pero no un delito"

"Sin embargo, aduce que una vez que este estudio haya sido completado, emitirá la determinación correspondiente para que el agente ministerial responsable esté en condiciones de emitir una resolución definitiva del no ejercicio de la acción penal o atender a las instrucciones que le sean indicadas por esa dirección jurídica, a efecto de que esté en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, se tiene a dichas autoridades en vías de cumplimiento respecto a la ejecutoria de amparo que nos ocupa.", señala el comunicado.

En palabras del tabasqueño no se hizo nada con el dinero por el cual fue investigado, "estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones fueron aportaciones para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila".

A López Obrador se le otorgó un amparo el jueves 14 de julio, concedido por el juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual ordena a la FGR establecer si existen elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra en un plazo de tres días hábiles.