La Corte rechazó todos los planteos de Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La Vicepresidenta buscaba que la causa fuera declarada nula, pero el Máximo Tribunal no hizo lugar a la presentación de su defensa.

Mientras el juicio avanza hacia su etapa final, la líder del Frente de Todos, intentó una última maniobra para detenerlo. Allí Cristina está procesada por asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. Se la acusa de haberle entregado 51 obras a Lázaro Báez.

El rechazo de los planteos de Cristina fue por unanimidad. La Corte consideró que la ex Presidenta no estaba recurriendo sentencias definitivas y como ese es el único supuesto que permite intervenir al máximo tribunal, decidió rechazarlas.

La Vicepresidenta tendrá un frente complicado en la Justicia en la segunda mitad del año: además de la causa Vialidad, que podría tener sentencia antes de que termine el 2022, la Sala I, con mayoría anti-K, debe decidir sobre los expedientes Hotesur y Memorándum. Ambos juicios se cayeron, pero los fiscales apelaron la medida y será el tribunal de alzada quién decida si deben realizarse o no.

Cristina enfrenta un segundo semestre crítico en el frente judicial

Los abogados de Cristina habían reclamado el cierre de la causa Vialidad por considerar que la Vicepresidenta ya había sido sobreseída en expedientes similares. Para la Corte ese planteo no estuvo bien fundado y por eso lo desestimó.

La estrategia de la Vice se basó en tres cuestiones. Por un lado había pedido la nulidad de la causa porque el Tribunal Oral Federal 2 no había producido algunas de las pruebas solicitadas por su defensa.

Además los abogados de Cristina habían objetado la intervención de la Sala IV de la Cámara Federal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Según sostuvo la defensa, debió haber participado la Sala I, que ya había intervenido en la causa Hotesur.

La tercera cuestión estuvo referida a la incompetencia de los tribunales federales en favor de la justicia santacruceña y a la "cosa juzgada parcial".

En este punto la Corte fue demoledora: los ministros argumentaron que por casi nula actividad probatoria desplegada y la falta de impulso fiscal en las causas tramitadas en Santa Cruz determinaban que no hubiese habido riesgo alguno de persecución penal múltiple.