Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso estatal planteó la creación de una comisión independiente para recaudar impuestos, el gobernador de Nuevo León, Samuel GarcÃa aseguró que el éxito de esta misión es imposible.
"Yo, como fiscalista que fui mucho tiempo, lo que les puedo decir es que es imposible, por no decir inconstitucional, que un ente que no sea la TesorerÃa cobre impuestos", manifestó GarcÃa, "En ninguna parte del mundo existe, pero pues, si son creativos, a ver cómo sostienen después su ilegalidad".
Este miércoles el grupo de diputados, liderados por el priista Héctor GarcÃa, analizó aprobar las propuestas del diputado Waldo Fernández para la creación de la Comisión Estatal de Administración Tributaria y la independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica actualmente bajo la administración estatal.
La comisión estarÃa a cargo de ejecutar acciones tributarias locales con la intención de "fortalecer las finanzas públicas del Estado", asegura el dictamen.
"La Comisión Estatal de Administración Tributaria será un órgano autónomo, con personalidad jurÃdica y patrimonio propio, especializado en materia tributaria, que tenga por objetivo aplicar la legislación fiscal local con el fin de que las personas fÃsicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias locales", dice el documento.
Por su parte, la UIF podrÃa coadyuvar activamente y coordinarse con la FiscalÃa General de Justicia del Estado, la SecretarÃa de Seguridad Pública y el Instituto Registral y Catastral para desarrollar estrategias enfocadas a combatir las operaciones con recursos de procedencia ilÃcita a través de su autonomÃa.
"La Unidad de Inteligencia Financiera será un organismo autónomo, con personalidad jurÃdica y patrimonio propio, una ley determinará su organización, funcionamiento y competencia. Será objeto de la Unidad obtener, generar, analizar y consolidar información financiera, fiscal, económica y patrimonial para la prevención e identificación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita", dicta el documento presentado por Fernández.
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