"El narcotráfico no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado", afirmó Horacio Rosatti en el encuentro nacional de Justicia Federal organizado en Rosario, ciudad que vive un pico descontrolado de violencia criminal.

El presidente de la Corte Suprema encabezó en la coqueta sede de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario un significativo encuentro de jueces y fiscales federales organizado por AJUFE, la agrupación que nuclea magistrados federales creada por Ariel Lijo.

Con un operativo de seguridad impactante, que incluyó tres anillos de controles alrededor del edificio, los jueces de la Corte en pleno se reunieron con funcionarios del poder judicial local, miembros del Consejo de la Magistratura, legisladores de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, para abordar la lucha contra el narcotráfico que puso a la ciudad como el distrito más violento del país.

Los jueces federales de Rosario quedaron descolocados ante el discurso de Rosatti sobre el combate al narcotráfico

Rosatti estimó fundamental para combatir al narco el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado y entre las jurisdicciones: nación, provincia y municipio, pero reconoció que en la actualidad, el trabajo se empantana por las superposición de funciones y modelos de investigación que existe en el país.

El presidente del máximo tribunal recordó que el sistema acusatorio se aplica en algunas provincias (Salta y Jujuy) y en otras no; además en algunos distritos hay desdoblamientos judiciales entre narcomenudeo y crimen organizado mientras que en otros no. Pidió "homogeneizar" estas diferencias para ser más efectivos en el combate al narco.

El narcotráfico no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado. No venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre justicia federal y justicia provincial en el tema que nos convoca, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada.

"No venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre justicia federal y justicia provincial en el tema que nos convoca, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada", dijo Rosatti en un sólido discurso donde señaló la falta de infraestructura tecnológica y sobre todo, exigió la cobertura de los cargos vacantes en la justicia, que en Santa Fe adquiere porcentajes dramáticos.

Con tan solo dos jueces federales: Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque y que están cuestionados por su supuesta pasividad frente al narco, los tribunales de Santa Fe hace más de cuatro décadas que mantienen la misma estructura, con el 40 por ciento de cargos que hace años que no se cubren.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al llegar al encuentro.

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"No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces", sentenció Rosatti. La frase tiene destinatarios en el Consejo de la Magistratura que ahora preside y nombra los jueces federales, pero también apunta a la política santafesina que por la pelea de Perotti con parte del peronismo tiene trabados en la Legislatura provincial decenas de nombramientos de jueces locales.

El presidente de la Corte también pidió "la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad".

Pero una de las críticas fundamentales de parte de Rosatti se concentró en el Sistema Penitenciario de los penales federales desde donde los jefes narco continúan con el manejo de las bandas impartiendo órdenes para asesinar, extorsionar y amenazar.

Rosatti puso el foco en la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima y el ministro de Justicia, Martín Soria, que desarmaron las áreas de inteligencia de las prisiones y ahora no hay herramientas eficaces para evitar que los líderes narcos continúen operando desde la cárcel.

Esta situación inentendible puso en el foco de las críticas a la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima y al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que desarmaron las áreas de inteligencia de las prisiones y ahora no hay herramientas eficaces para evitar que los líderes narcos continúen operando desde la cárcel.

El problema que señalan en Santa Fe y que también inquieta a la justicia federal, es que tanto Garrigós de Rébori como Soria consideran que las medidas preventivas orientadas a neutralizar el contacto de estos líderes narcos con el exterior atentan contra los derechos humanos de los reclusos.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

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Desde la Corte, Rosatti ofreció federalizar las oficinas técnicas, "en la medida de nuestros recursos y posibilidades" y agradeció al Consejo de la Magistratura que anunció la instalación de un salón multimedia con la última tecnología (la segunda en el país, la primera se instaló en Casación).

"Este acto no debe ser visto como una manifestación corporativa no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros", sostuvo y agregó: "Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca (el narcotráfico), la indiferencia no es neutralidad sino complicidad".

"En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales", cerró Rosatti, ante la mirada atenta de los jueces federales de Rosario y el presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez.