La filtración de la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto podría no ser la única mala noticia para la administración Biden y su agenda progresista. Otro caso, apoyado por el presidente y que podría tener un revés en manos de los mismos jueces de la Corte (con mayoría conservadora), es el control de armas. Se espera que en junio el máximo tribunal falle sobre un caso que podría sentar precedentes y disparar un incremento en la portación de armas de fuego, algo defendido a rajatabla por el Partido Republicano y que resisten los demócratas.

La decisión de la Corte es sobre la petición de dos neoyorquinos, Robert Nash y Brandon Koch, a quienes se les negaron licencias sin restricciones para portar armas de fuego después de que no demostraron una "causa adecuada" como lo requiere la ley del estado de Nueva York. Ellos, y otros defensores de los derechos de las armas, argumentan que tal requisito impone una carga inconstitucionalmente alta a los propietarios legales de armas.

El fallo de la Corte contra el aborto legal sacude la campaña y anima a los demócratas a pelear 

Nueva York, que vive una ola de criminalidad elevada y por eso busca disminuir los permisos para que la población se arme, está luchando para que la Corte no determine lo contrario y eso impulse un drástico incremento en violencia con armas de fuego.

Pero no sólo un fallo a favor de la liberación de la portación de armas golpearía a la Gran Manzana. Alrededor de media docena de estados, incluida California y varios estados del este, restringen la tenencia de armas a aquellos que pueden demostrar una necesidad particular de hacerlo.

Como sucede con los impuestos, considerando que Nueva York tiene una de las alícuotas más elevadas del país, la Florida salió a "reclutar" a los portadores de armas insatisfechos. El gobernador Ron DeSantis recientemente señaló que quiere que el Estado del Sol sea una jurisdicción de "portación constitucional" donde los entusiastas de las armas de fuego pueden hacerlo sin un permiso.

Sea como fuere, los grupos defensores del derecho a portar armas esperan que el máximo tribunal con una mayoría conservadora de 6-3 esté de su lado. Quieren que la Corte diga que la ley de Nueva York es demasiado restrictiva, al igual que leyes similares en otros estados. Los defensores del control de armas reconocen que la composición de la Corte los tiene preocupados por el resultado.

Ron DeSantis quiere que la Florida sea una jurisdicción de "portación constitucional" de armas

AP

La última vez que la Corte emitió importantes decisiones sobre los derechos de armas fue en 2008 y 2010. Esas decisiones establecieron un derecho nacional a tener un arma en casa para defensa propia. La pregunta para el tribunal ahora es si existe un derecho similar en la Segunda Enmienda para portar un arma de fuego en público. 

La decisión de la Corte es sobre la petición de dos neoyorquinos, Robert Nash y Brandon Koch, a quienes se les negaron licencias sin restricciones para portar armas de fuego después de que no demostraron una "causa adecuada" como lo requiere la ley del estado de Nueva York. Ellos, y otros defensores de los derechos de las armas, argumentan que tal requisito impone una carga inconstitucionalmente alta a los propietarios legales de armas

De esta manera, se espera que a fines de junio los jueces emitan no solo el fallo sobre el aborto, sino otro en un caso que les da a los conservadores la oportunidad de ampliar en gran medida los derechos de portación de armas.

También han tomado un caso que les da a los jueces conservadores la oportunidad de poner fin a las políticas utilizadas por las universidades para aumentar la inscripción de estudiantes negros e hispanos.

Los últimos resultados de la Corte sobre la agenda Obama han sido desfavorables para el demócrata. En enero, la mayoría conservadora bloqueó el requisito nacional de vacuna o prueba COVID-19 que Biden pedía para las grandes empresas.

Y el año pasado permitió que Texas aplicara una ley que eludió Roe v. Wade al permitir que los ciudadanos privados hicieran cumplir la prohibición estatal del aborto respaldada por los republicanos, después de unas seis semanas de embarazo.