Han sido días claroscuros para los proyectos de la 4T. En materia de telecomunicaciones ahora enfrentaron el fallo de la Suprema Corte en contra del proyecto de creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido también como Panaut, a través de la cual el gobierno propuso prevenir delitos vía telefonía móvil.

Luego de que esta discusión estuvo frenada por casi un año, este lunes los ministros retomaron la discusión y por mayoría de nueve votos, se decidió que la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil puede resultar violatoria de los derechos humanos a la protección de datos e información de los ciudadanos. Solo Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron por la invalidez parcial.

El proyecto votado fue de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el cuál planteó invalidar en su totalidad la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsada por este gobierno, y modificar algunos de los argumentos por los cuales se le considera inconstitucional.

La Corte alista su fallo sobre el Panaut y la 4T cabildea sobre los ministros

La iniciativa fue impulsada un año atrás por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y proponía que el IFT generara este registro a modo de combatir la extorsión y el secuestro por parte del crimen organizado, pero surgieron múltiples críticas, desde aspectos como la defensa por los derechos humanos, hasta el argumento de la falta de recursos, que finalmente se convirtieron en amparos que pusieron el proyecto en la congeladora.

Fue hacia inicios de febrero pasado que se dio a conocer que la Corte ya tenía listo el proyecto, por lo que el gobierno inició un fuerte cabildeo para poder activar de nuevo este proyecto.

Ríos Farjat y Pérez Dayán, propusieron un Padrón de Telefonía para usuarios de prepago y acceso con control judicial, pero sin datos biométricos, sin embargo, se impuso la mayoría bajo argumentos como el de Arturo Zaldívar, quien señaló que no hay seguridad respecto al manejo de los datos del PANAUT, por lo que no se justifica que el Estado tenga en su poder tanta información privada de los ciudadanos.

El ministro presidente también anunció que este martes se analizarán los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por la Corte.