El gobierno de coalición entre el PP y Vox en Castilla y León ya tiene su primera hoja de ruta. La ultraderecha logró imponer dos de sus principales exigencias en el plan de gobierno de los populares, la fuerza mayoritaria del Ejecutivo mixto: la ley de violencia "intrafamiliar" (en reemplazo de la ley de violencia machista) y la ley de "concordia" (en reemplazo de la ley de memoria histórica".

"Vamos a comenzar la tramitación de una normativa de concordia que integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles", adelantó Alfonso Fernández Mañueco, el presidente autonómico, durante su discurso de investidura.

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Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una ONG que desde hace década trabaja para recuperar a los más de 100 mil fusilados que siguen enterrados en fosas comunes, el PP y Vox pretenden "iniciar una operación de blanqueo del franquismo" con su reinterpretación de la historia.

Según un comunicado de esta institución, la nueva ley "es una operación consensuada por el PP y VOX que ya intentó poner en marcha Pablo Casado", quien pretendió llevar ese proyecto de ley al Congreso de los Diputados en diciembre de 2018, para conmemorar el cuarenta aniversario de la Constitución de 1978.

Vamos a comenzar la tramitación de una normativa de concordia que integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles 

Para el presidente de esta asociación, Emilio Silva, PP y VOX "quieren revertir el proceso" que se abrió con la exhumación de Priaranza del Bierzo, en el año 2000, a partir del cual "han salido a la luz los terribles crímenes cometidos por los golpistas del 18 de julio de 1936"

"La operación de calado que supone utilizar el gobierno de Castilla y León como laboratorio para iniciar la operación de lavado de imagen de la dictadura franquista es enormemente grave y supone un deterioro de la calidad democrática", advirtió.

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Según Silva, el nuevo Gobierno de Castilla y León, busca "la reconquista de una imagen del franquismo amable y negacionista de sus crímenes". "Esperemos que la radicalización de la derecha española haga reaccionar al Gobierno de España y que se haga consciente del daño que hacen a la democracia políticas de memoria débiles", concluyó.