Juntos por el Cambio aceptó suspender la sesión especial que había convocado para el martes con el objetivo de tratar proyectos que proponen derogar la ley de alquileres, pero acordó con el oficialismo que ese día comience a debatirse el tema en la comisión de legislación general y a más tardar llegue al recinto en un mes, tal vez con un texto consensuado.

Para eso deberá constituirse y convocarse la comisión que hasta el año pasado la presidió Cecilia Moreau, cercana a Sergio Massa, quien negoció estos días con la oposición para evitar la sesión del martes y propuso que la ley vigente se suspenda por 6 meses para discutir una nueva. 

Ley de alquileres: Juntos llama a una sesión para derogarla y Massa propone suspenderla para hacer una nueva

Pero desde el propio oficialismo surgió una propuesta para modificar la ley, sancionada en 2020 y cuestionada por todos los sectores que intervinieron. Consiste en incentivar con premios y castigos fiscales a los propietarios para que pongan sus departamentos en alquiler y sumar garantías a los monotributistas.

En Juntos hasta ahora sólo hubo consenso en derogar la ley, tenían las firmas del resto de la oposición, pero aceptaron negociar un texto nuevo, porque de lo contrario chocarían con la resistencia del Senado. 

"Esperamos llegar a un consenso para resolver este problema acuciante", twitteó el jefe de la UCR Mario Negri.

"Algo puede a salir. Estamos dispuestos a negociar todo, menos un aumento de impuestos", anticiparon desde ese bloque a LPO.

El tope máximo será un mes y antes deberán exponer en Diputados referentes de inquilinos, martilleros e inmobiliarias, quienes en 2019 participaron de la elaboración de la ley.

Fue tras años de debates y una resistencia de Mauricio Macri a tratar una versión que había llegado desde el Senado. Cuando perdió la elección los diputados y los actores del rubro escribieron un texto que firmó Daniel Lipovetzky, del PRO, por ser quien presidía en ese entonces la comisión de legislación general. 

Sancionada en 2020, la reacción del mercado fue inmediata: la oferta cayó bruscamente. Se espantaron de algunas obligaciones como los contratos a tres años, aceptar otras garantías a la de una propiedad e inscribir el contrato a la AFIP. 

El otro aspecto polémico es la actualización de los contratos mediante una fórmula que combina la inflación y la variación de los salarios, que con el pico de precios de 2021 dio más del 50%. El proyecto de Gioja la mantiene y hasta habilita a retocarla para arriba, si es lo que quiere el mercado para habilitar propiedades. La discusión empieza el martes.