La Corte Suprema se dispone a reabrir la discusión referida al  Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una iniciativa del Gobierno que quedó congelada desde hace un año debido a las fuertes críticas. Fuentes del sector de las telecomunicaciones dijeron a LPO que la semana próximo podría haber novedades.

En los últimos días, diversas organizaciones y actores del sector han intentado poner el tema en el debate público, exigiendo que se dé a conocer el proyecto, que está a cargo de la ministra Norma Lucía Piña, en torno a si esta iniciativa es constitucional o no, como cuestionó ante la justicia el INAI.

En diálogo con LPO, Michel Hernández, director de Observatel, explicó que si bien no hay información oficial de que el proyecto esté terminado, existe una expectativa importante de que el tema este por enlistarse en la Corte, es decir, ya debería haber un proyecto.

"Hasta donde sé, el proyecto ya estaba por enlistarse, por eso estamos pidiendo la Suprema Corte de la Nación que se dé a conocer el proyecto, por la relevancia que tiene en materia de derechos humanos, como es el caso de la conectividad", dijo.

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La organización civil que encabeza ha sido una de las más visibles en su oposición a la iniciativa que fue presentada en abril del año pasado e incluso promovió un amparo en su contra. Uno de los tantos que recibió esta propuesta apenas fue puesta en vigor y que, a la fecha, se encuentra en pausa por orden del tribunal.

A recordar, se trata de un registro -que debe generar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- a modo de combatir la extorsión y el secuestro por parte del crimen organizado. Sin embargo, varias fueron las críticas. El regulador de telecomunicaciones argumentó en primera instancia que no tenía los recursos para realizar esta función; por su parte, organizaciones civiles y actores del sector acusaron que era violatorio en materia de privacidad.

En junio de 2021, la ministra Piña Hernández concedió la suspensión solicitada por el IFT, aunque dejó en análisis la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el INAI, además de otras solicitudes en el mismo tenor surgidas desde el Senado.

"Sabemos que hay una intención de votar pronto o discutir pronto las acciones de constitucionalidad, sobre todo la del INAI es clave porque plantea la inconstitucionalidad de estas acciones por la afectación que generan al derecho a la privacidad y también a la conectividad", explicó el director de Observatel.

Además, confirmó que esta asociación junto a otras como La Red en Defensa de los Derechos Humanos Digitales (R3D), Artículo 19, presentaron desde la semana pasada una carta Amicus Curiae. algunas razones por las que consideramos que estas reformas son violatorias a derechos humanos. "Aunque no conocemos el proyecto, presentamos nuestras razones de por qué pensamos que estas reformas son violatorias a los derechos humanos".

De esta manera, las organizaciones están ejerciendo una presión para que la Corte publique lo más pronto posible el proyecto y pueda discutirse de manera pública antes de que inicie la discusión formal entre los ministros.

Por su parte, el analista Jorge Bravo reconoce que la Corte ha tenido una buena actuación en estos temas, pero advierte que hay una fuerte presión al ser un tema relevante desde Palacio Nacional. "Si se trata de solo discutir el tema presupuestal, pues la Corte podría decir que se le dé el presupuesto", agregó.