La Guardia Civil ha presentado un informe a la Audiencia Nacional que podría marcar el futuro de Fernando Grande-Marlaska. El contacto fluido entre la red de apoyo a los presos etarras y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pone al ministro del Interior en una situación complicada, toda vez que el informe revela un trato preferencial a los reclusos.

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Pablo Casado salió a pedir la dimisión de Marlaska tras apuntar que el Ministerio a su cargo "ha contactado con líderes etarras para dar beneficios penitenciarios a los presos asesinos de la banda terrorista". El líder del PP se refería a los traslados y permisos de salida que constan en el informe. "Esto también se vota el 13 de febrero en Castilla y León", continúo el dirigente popular, quien además exigió una comisión de investigación en el Congreso.

La investigación de la Guardia Civil también apunta al rol del de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, y en particular a su titular, Jesús Loza Aguirre, quien habría accedido a realizar las gestiones necesarias para beneficiar a los presos de ETA. Por la cantidad de implicados, las exigencias de la llamada "comisión a favor de los presos" y las concesiones de Instituciones Penitenciarias, Marlaska podría verse forzado a renunciar. 

La investigación de la Guardia Civil también apunta al rol del de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, y en particular a su titular, Jesús Loza Aguirre, quien habría accedido a realizar las gestiones necesarias para beneficiar a los presos

Por su parte, el líder de Vox solicitó la comparecencia del ministro socialista y lanzó sus diatribas contra Pedro Sánchez: "El PSOE es la peste para España". Santiago Abascal pidió también la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. La ofensiva de la formación ultraderechista, que incluye el registro de una serie de preguntas al ministro, podría sumar el apoyo de Ciudadanos.

"Así pastelea el ministerio de Marlaska con los etarras y batasunos el reagrupamiento masivo de los miembros de la banda terrorista", apuntó Inés Arrimadas, quien acusó a Sánchez de hacer "concesiones a asesinos, secuestradores y extorsionadores" para asegurarse el respaldo de EH Bildu. Pero en Moncloa tratan de que la acusación contra Interior sea vista como un ataque interesado por parte de las formaciones de la derecha.

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El PSOE considera que Marlaska ha actuado dentro de la ley y que las objeciones de Casado, Abascal y Arrimadas se deben a la proximidad de las elecciones en Castilla y León. Pero hoy se sumó al reclamo el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que exigió explicaciones a Marlaska por lo que "considera un escándalo cualquier trato de favor hacia determinados condenados por actos violentos".