La diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) presentó un proyecto de ley para modificar la ley de drogas y despenalizar el consumo personal de estupefacientes, que consideran una herramienta central para evitar otro caso como el de la venta de cocaína adulterada en Buenos Aires. 

"El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud", denunció Gaillard, que presentó el proyecto con la firma de nueve de sus pares.

"La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo". 

El texto fue redactado en  2021 y se basa en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para aplicar una despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias. Así sucede en México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregon, en Estados Unidos.

El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. 

"Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad, con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país, y obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado", sostuvo Gaillard.  

"El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala", completó. 

El proyecto ajusta la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico proporcional y comprensivo de su dimensión medicinal. Despenaliza su siembra y su cultivo para uso personal, con un umbral de dosis: hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo.  Se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de género y pobreza como atenuantes de responsabilidad ( mujeres y personas trans). 

También se reducen las penas del narcomenudeo cuando se trata de cannabis y se excluye de responsabilidad criminal a médicos y profesionales que lo receten con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo, a fin de evitar que la criminalización se contraponga a la ley de cannabis para la salud y su acceso.

Y se derogan "figuras que impiden y criminalizan el desarrollo del conocimiento, la investigación, la difusión y la reducción de daños tales como la preconización".