Después del cimbronazo que significó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de Diputados, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional Sergio Chodos inició este miércoles gestiones en el Senado para buscar los votos que le permitan aprobar el acuerdo con el FMI.

Chodos se acercó a la Cámara alta y mantuvo una reunión con el jefe del Frente de Todos José Mayans, quien todavía no se pronunció sobre la negociación, pese a que fue respaldada por los gobernadores peronistas que aportan senadores. Participó de la reunión Rodrigo Ruete, encargado de llevar las gestiones parlamentarias en el Ministerio de Hacienda.

Como explicó LPO, por una ley sancionada hace un año y promovida por el Gobierno, cualquier financiación o crédito firmado con el FMI necesita el aval del Congreso para tener validez jurídica.

En el Gobierno admiten que la renuncia de Máximo genera "preocupación" en el FMI

Si el portazo de Máximo se traduce en una resistencia de sus legisladores afines a votar el acuerdo, al Gobierno sólo le sería posible alcanzar una mayoría con el voto de Juntos por el Cambio. 

Con ese panorama, la presidenta del PRO Patricia Bullrich anunció que si el oficialismo no tiene unanimidad la oposición no acompañará y en tal caso facilitará la derogación de la ley que obliga a Alberto a buscar un aval parlamentario para que negocie con el FMI por decreto, como hizo Macri. 

Algunos juristas del Congreso aconsejan que si Alberto no tiene los votos para aprobar el acuerdo con el FMI, debería tratar de no encuadrarlo como un crédito o financiación para evitar enviarlo. Por ahora, prefiere negociar con el Senado, a la espera de una ayuda de Cristina. 

Surge un problema: los créditos aparecen en las leyes de presupuesto, o sea, a más tardar en septiembre los legisladores deberán intervenir.  

Otra salida que por estas horas se estudia en el Congreso para evitar el debate es una reinterpretación de esa ley, que en su artículo 3 dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Martín Guzmán con José Mayans. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

Algunos juristas que asesoran al oficialismo en el Congreso consideran que si Guzmán encuadra el acuerdo como una figura jurídica ajena a la financiación o al crédito podría evitar negociar con los legisladores. No será fácil, porque lo anunciado hasta ahora consiste en un desembolsos para cubrir los vencimientos de estos dos años, a devolver recién en 2026, sin otro beneficio que el paso del tiempo.  

Hasta esa fecha, el país se comprometería a reducir cada año el déficit fiscal y la emisión monetaria y a garantizar tasas de interés reales positivas. "Guzmán asegura que la financiación al tesoro se cubrirá con el crecimiento del país y de la recaudación. El problema es que si no lo logra habrá un ajuste fuerte", explicó a LPO un senador oficialista que este miércoles se involucró en las negociaciones.

Alberto deberá someter al Congreso el acuerdo con el FMI para que tenga validez

Fuentes de la Cámara alta aseguran que, por ahora, Cristina Kirchner no dio una opinión terminante como Máximo, pero que cerca de una decena de senadores no están dispuestos a votar un acuerdo como el anunciado el viernes. De mínima, lo quieren ver por escrito. 

En Diputados, Leopoldo Moreau pidió participar de la redacción del memorándum definitivo que se firme antes de someterlo al debate parlamentario, cuando el texto sólo se puede avalar o rechazar, pero ya no es posible modificar su contenido.   

En el Senado, el Frente de Todos tiene 35 votos propios y puede llegar a una mayoría propia con los aliados de partidos provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Si hay una grieta interna, por más pequeña que fuera, sólo hay quórum con la ayuda de Juntos por el Cambio.

Como explicó LPO, el gobierno tiene previsto enviar el acuerdo definitivo al Senado con la esperanza que Cristina no lo obstruya y facilite su sanción en Diputados. 

Los tiempos urgen: el 21 de marzo vencen 2800 millones de dólares y debería estar la ley promulgada para que Guzmán no tenga que pagar.  Chodos empezó a negociar los votos en el oficialismo. Por ahora no los tiene.