La Suprema Corte atraviesa quizás uno de los momentos más delicados en estos primeros años de la 4T. Andrés Manuel López Obrador pidió que el Consejo de la Judicatura Federal abriera una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el responsable de la suspensión de su Reforma Eléctrica.

La solicitud pública de AMLO, que liga la decisión del juez con los intereses de Claudio X. González y de José Ramón Cossío, generó una respuesta institucional de forma inmediata por parte Arturo Zaldívar, el presidente de la Corte Suprema.

En su respuesta, Zaldívar aseguró que la queja de AMLO sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura para que "de existir elementos se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen".

AMLO pide investigación contra el juez que pausó la reforma eléctrica

El ministro de la Suprema Corte cuidó en extremo las formas, al recordar que en la democracia y el Estado de Derecho las "juezas y jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia". Su cercanía con Palacio Nacional acaso lo obligan a hacer ese tipo de aclaraciones.

Y con ese telón de fondo, Zaldívar le encomendó a Carlos Alpízar -su operador en el Consejo de la Judicatura- que fuera a visitar al juez Juan Pablo Gómez Fierro.

A mí no me amenazan, le dices a Zaldívar que se vaya a la chingada, empezó a gritar el juez Fierro. La reunión terminó de forma abrupta y con insultos.

La "visita", desde luego, incluía el aviso de que efectivamente la Judicatura podría iniciar una investigación en su contra. La idea era forzar un canal de plática para encontrar una salida negociada. La opción nuclear sería más dolorosa para todos.

"A mí no me amenazan, le dices a Zaldívar que se vaya a la chingada", empezó a gritar el juez Fierro, según pudo reconstruir La Política Online. La reunión terminó de forma abrupta y con insultos.

Este evento es sólo un capítulo más de la novela que vienen construyendo los ministros de la Corte. En la 4T están convencidos de que existe un grupo anti-AMLO encabezado por Luis María Aguilar Morales, el ministro que intentó declarar inconstitucional su propuesta para enjuiciar a ex presidentes.

Luis María Aguilar, ministros y ex presidente de la Suprema Corte.

Cuartoscuro

En esta idea de complot, AMLO interpreta que José Ramón Cossío -ex integrante de la Corte- es una suerte de puente entre los ministros "conservadores" y los magnates que quieren bloquear su "Cuarta Transformación". Por eso lo mencionó en una mañanera como integrante del buró jurídico para oponerse a su gobierno.

La Corte se encuentra entonces dividida como pocas veces se la había visto. LPO ya anticipó que existe también la fuerte voluntad de investigar a Luis María Aguilar y desde hace algunas semanas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya está revisando los movimientos financieros de presuntos prestanombres.

El cerco en torno a Aguilar creció a raíz de lo encontrado en las cuentas de Francisco Pérez Maqueda, quien en su presidencia fungía como Director General de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial Federal. Todas las obras que realizaron, cientos de ellas por adjudicación directa, están bajo investigación.

Los escándalos de tres ministros de la Corte ya preocupan al círculo rojo empresarial

Por ese motivo, se ha dado lugar a una fiscalización de las cuentas de Luis María Aguilar y de su entorno más cercano. Pérez Maqueda era por cierto vecino, amigo y compadre del ministro.

Según pudo conocer LPO, en las investigaciones federales que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (Requerimiento 110/F/B/1372/2020) con todas las instituciones financieras nacionales, aparecen, además del ministro, su hermana María Elena, la familia Arrangoiz Moheno, empresas ganadoras de licitaciones en su gestión y presuntos prestanombres.

Esta faceta de la actualidad del ministro Aguilar alimenta la percepción de que parece votar, particularmente en la Segunda Sala, consistentemente a favor de los intereses de la pasada administración peñista y de proteger a funcionarios de ese gobierno.