El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a desacreditar el proyecto oficial por el Derecho a la Vivienda por considerar que "es una materia de titularidad autonómica" y, por lo tanto, su aplicación choca con las competencias de las comunidades autónomas. Con todo, el Ejecutivo central había avanzado la semana pasada que, al no ser vinculante el primer informe, seguiría adelante con la iniciativa.

El CGPJ rechaza el informe de la Ley de Vivienda y se estudiará nueva propuesta a fin de mes

El informe más reciente del CGPJ asegura que "el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas", en alusión a "medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética".

El borrador sobre el anteproyecto también ataca el corazón de la ley al indicar que "las normas de intervención de carácter excepcional y coyuntural no pueden desplazar a las generales y ordinarias con vocación de permanencia tal y como el anteproyecto hace". También achaca el "alcance limitado y un farragoso contenido" a la regulación del precio de los alquileres.

"La ley de vivienda permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país", respondió la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, tras acusar a la justicia de "frenar los derechos" de los inquilinos como consecuencia de "una reacción obsesionada" contra el proyecto.

Crece el malestar en Podemos por el "bloqueo" del PSOE a las leyes sociales 

El PSOE dejó en claro la semana pasada que no modificará el texto, en gran parte para no generar rispideces con sus socios de gobierno, principales promotores de la iniciativa. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sostuvo que "la voluntad unánime del Gobierno es continuar con la tramitación de una ley absolutamente necesaria".