El gobierno de Luis Arce cumplió un año en el gobierno de Bolivia luego de arrasar en las elecciones del 18 de octubre del año pasado, realizadas tras el golpe de estado contra Evo Morales.
El primer aniversario de gestión encuentra al Movimiento Al Socialismo en una compleja situación interna, un retorno de la oposición a las calles a través de los Comité Cívicos y una leve caída en las encuestas que igualmente muesta un apoyo considerable en una población dividida.
LPO accedió al trabajo realizado por el Centro Estratégico Latinoamercano de Geopolítica (Celag) conducida por Alfedo Serrano. Allí se destaca una imagen positiva de Arce del 47 por ciento contra el 45 por lo rechaza.
La valoración de la gestión aumenta al 50 por ciento cuando se pregunta por la gestión en general y supera el 60 por ciento en relación a la campaña de vacunación y los bonos de emergencia para los perjudicados por la pandemia.
Uno de los ejes apuntados por Celag es la posibilidad de un golpe de estado futuro en medio de las marchas impuladas por los Departamentos opositores al MAS. Un 56 por ciento considera que hay posibiliades contra un 40 que no lo contempla.
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Además de estos datos, desde la vuelta del MAS al poder se puso en el foco en los responsables del golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019 mediante una mega causa llamada "Golpe de Estado" que mantiene detenida a la ex presidenta Jeanine Áñez, militares que formaron parte de ese proceso y otros funcionarios.
La investigación, que incluye la complicidad de los gobiernos regionales como el de los ex jefes de estado Mauricio Macri y Lenin Moreno, fue calificada por la oposición como una "venganza" contra los dirigentes que apoyaron la asunción de Áñez y muchos de ellos, como Luis Fernando Camacho, buscan llegar a la presidencia en 2025.
Pero esto también abrió un debate interno en el oficialismo. Una fuente del MAS que integra el Gobierno pero mantiene un bajo perfil explicó a LPO que "lo que nosotros planteamos es que no hay que ir por el juicio de responsabilidad contra Áñez porque eso inicia otros dos procesos contra dirigentes del MAS como Alfredo Rada y el padre de Adriana Salvatierra, Hugo Salvatierra".
El ala radical del MAS que se identifica con Evo Morales está en contra de poner en el mismo proceso los casos de Rada y Salvatierra porque la Constitución plantea que los juicios de responsabilidad solo aplican para presidentes y vices, como Gonzalo Sánchez de Lozada o Áñez. "Nos queremos mostrar justos para congraciarnos con la derecha y ponemos en riesgo a los compañeros. Es un debate que no terminamos de zanjar", cuestionó esta fuente.
La apuesta de este sector es que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconsticional la asunción de Añez permite direccional las acusaciones por la vía de la justicia ordinaria y evitar el jucio por responsabilidad. Ahí crece la causa Golpe de Estado que busca condenar a los opositores Carlos Mesa, Fernando Camacho, entre otros.
Estas internas están afectando la dinámica de gestión. "Se extraña el liderazgo de Evo. Dimos marcha atrás en tres leyes por falta de voceros. El último proyecto que se cayó fue el que iba contra las ganancias ilícitas. Se torna insoportable", reprochó este funcionario.
"Es una ley zonza, para cumplir con estándares internacionales pero la hemos defendido y no pudimos sostenerlo. Le estabamos ganando la pelea en la calle a la derecha pero vamos para atrás en estas cosas. El mensaje de debilidad estrucutral del Gobierno es tremendo", agregó.
En la militancia masista reprochan que los mejores voceros no tienen cargos institucionales, la Asamblea Nacional no tiene cuadros para sostener discursos y, especialmente, la falta de "línea política". "Lucho no es Evo", lamenta.
De todas formas, las dificultades internas están siendo tapadas por un nueva confrontación callejera con la oposición que el MAS responde con manifestaciones masivas de apoyo pero puertas adentro la preocupación crece y aumenta el malestar por la falta de liderazgo presidencial.
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