La inflación continúa acelerándose en España. En noviembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) trepó hasta el 5,6% (ritmo interanual), su nivel más elevado en 29 años. Hay que viajar a septiembre de 1992 para encontrar un panorama similar en lo que respecta al encarecimiento del coste de vida.

La subida de los precios está, literalmente, estrujando los bolsillos de los asalariados. Así lo reflejan las últimas mediciones privadas que calculan el poder adquisitivo. Hay dos datos alarmantes: el 83% de los trabajadores va a perder capacidad de compra. La media anual de esta pérdida se calcula en 470 euros por persona.

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Para entender este inédito retroceso económico hay que poner el ojo en tres variables: la inflación media de 2021 (del 3%, según la última estimación del Consejo General de Economistas), el incremento de los salarios (1,5% de media según los últimos datos del Ministerio de Trabajo) y la cantidad de "cláusulas de salvaguardia" que hay firmadas en los convenios laborales, un mecanismo de resguardo que ata las dos primeras variables. Solo el 17% de los trabajadores está, actualmente, protegido por esta cláusula.

Primera aclaración para analizar los datos de este triángulo: tanto el IPC como la inflación son indicadores de precios. La diferencia radica en la cantidad de productos que cada índice toma en consideración para medir los incrementos.

Mientras que el IPC selecciona una cesta de consumo concreta y cerrada de bienes y servicios para medir y evaluar los incrementos de los precios; la inflación es la subida generalizada de los precios de una economía.

Para entender este inédito retroceso económico hay que poner el ojo en tres variables: la inflación media de 2021 (del 3%, según la última estimación del Consejo General de Economistas), el incremento de los salarios (1,5% de media según los últimos datos del Ministerio de Trabajo) y la cantidad de "cláusulas de salvaguardia" que hay firmadas en los convenios laborales

El IPC de 2021 cerrará por encima del 5%. La inflación media, en tanto, rondará el 3%. Por lo general, la mayoría de las empresas incrementan los salarios de sus trabajadores en función de la variación del IPC. Aunque este aumento está lejos de ser automático: tiene que estar recogido en el convenio laboral (cláusula de salvaguardia).

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Según la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, la cantidad de trabajadores sujeto a esta cláusula se redujo con fuerza entre los años 2008 y 2012, pasando del 67,3% al 26,9%. En 2021 el porcentaje es solo del 17,4%.

De este dato se infiere que los incrementos salariales de la mayoría de los trabajadores españoles dependerá, en gran medida, de lo que se acuerde en los procesos de negociación colectiva o en los pactos a nivel empresa. El problema es que hoy, debido a la crisis derivada de la pandemia, la mayor parte de los convenios están bloqueados y paralizados.

"El futuro en España es peor al que imaginábamos hace diez años"

Además de escasas, estas cláusulas de protección son desiguales. La mayoría de estos contratos corresponden a la industria y a otros sectores pujantes de la economía. Son contados con los dedos de la mano los que hay firmados en ramas más endebles como los servicios, la construcción o la agricultura. Por lo tanto, la inflación en 2021 va a castigar -aún más- a los sectores precarios y vulnerables.

La subida salarial media pactada se sitúa en el 1,49%, por lo que casi la totalidad de los trabajadores cuenta con incrementos por debajo de la inflación actual.

En este sentido, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) recordó días atrás que tan solo un 7% de los convenios colectivos (que cubren a más de siete millones de trabajadores) firmaron una subida salarial del 3% para 2021. El 45% pactaron una mejora salarial entre un 1% y un 2%; y un 30% de los convenios firmados pactaron un incremento de sueldo menor al 1%.

En este contexto, la subida salarial media pactada se sitúa en el 1,49%, por lo que casi la totalidad de los trabajadores cuenta con incrementos por debajo de la inflación actual. "Es decir, en 2021 el 83% de la población asalariada con convenio colectivo no está cubierta ante la brusca subida de la inflación, que lesiona el poder adquisitivo de sus salarios y que supera ampliamente la subidas acordadas para este año de las pensiones (0,9% las contributivas y 1,8% las no contributivas), de los empleados públicos (0,9%) y del SMI (1,6%)", ha denunciado CCOO a través de un comunicado.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

La consultora Funcas es un referente en el ámbito de las previsiones económicas y en el análisis de las políticas públicas españolas y de la Unión Europea. Un trabajo de esta consultora (ver documento adjunto) revela que la subida salarial media pactada se sitúa en el 1,49%, por lo que casi la totalidad de los trabajadores cuenta con incrementos por debajo de la inflación actual.

El Gobierno español logra acordar con empresarios y sindicatos la reforma laboral

Su último informe agrega que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se sitúa en los 7.950 millones en 2021. El dato impacta al trasladarlo a la economía de los hogares: cada asalariado va a perder 470 euros de capacidad de compra.

En el contexto europeo, España está muy por debajo del poder adquisitivo de otros países. Esa es una de las conclusiones del informe "GFK Purchasing Power Europe 2021", un mapa continental sobre la capacidad de compra de sus ciudadanos. La consultora GFK es líder mundial sobre datos relacionados con el consumo.

El poder adquisitivo en España durante el año que está a punto de acabar se situó en 14.709 euros por habitante, un 2% inferior (346 euros) a la media europea, que alcanza los 15.055 euros. La cifra ubica a España en el ranking 17 de los 42 países analizados.

Según este informe, el poder adquisitivo en España durante el año que está a punto de acabar se situó en 14.709 euros por habitante, un 2% inferior (346 euros) a la media europea, que alcanza los 15.055 euros. La cifra ubica a España en el ranking 17 de los 42 países analizados.

El informe de GFK desagrega el poder adquisitivo por Comunidades Autónomas, por provincia y ciudades. Madrid consiguió este año saltar al primer puesto con un poder adquisitivo per cápita de 18.576 euros, desplazando a Álava (País Vasco) al segundo lugar.

Según esta estadística, la capital de España tiene un 26% más de capacidad de compra que la media nacional. Las provincias menos prósperas están ubicadas en la parte suroeste del país. Badajoz ocupa el último lugar de este ranking. Sus habitantes tienen un poder adquisitivo per cápita de 10.830 euros, muy por debajo de la media.

El gobierno insiste por estos días que la reforma de las pensiones -aprobada por el Congreso el pasado 2 de diciembre- va compensar la pérdida del poder adquisitivo en este sector de la población. Sin embargo, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) aclara que el aumento pactado es "insuficiente".

Es cierto que esta reforma deroga el límite del 0,25% para la revalorización de las pensiones -vigente desde la reforma de Rajoy-, pero los "criterios del nuevo cálculo" va a generar, según Coespe, "una pérdida real de poder adquisitivo superior al 2,5%".

¿Por qué existe esta brecha entre el aumento que van a perseguir los pensionados y la inflación anual? Por la fórmula que eligió el Gobierno para la actualización.

"Las plataformas de pensiones vienen combatiendo desde hace muchos años la subida de un mísero 0,25% que impuso el PP. Conseguimos derrotarlo. Fue una gran victoria del movimiento pensionista. Pero vemos con asombro y decepción como la propuesta del gobierno actual, al cambiar los criterios de cálculo, producirá una pérdida real de poder adquisitivo superior al 2,5%. Las subidas de pensiones serán muy inferiores a la inflación que ha escalado por encima del 5%", ha denunciado con un comunicado de prensa.

¿Por qué existe esta brecha entre el aumento que van a perseguir los pensionados y la inflación anual? Por la fórmula que eligió el Gobierno para la actualización. En lugar de utilizar el IPC acumulado o interanual, el Ejecutivo se aferró al IPC medio anual en los 12 meses previos.

Esa misma fórmula es la que se utilizará para la "paguilla" con la que el Gobierno va a compensar a los pensionados en enero por el magro aumento de 2021 (0,9%).

Ramón Franquesa, economista y portavoz de Coespe, cuestiona al Gobierno por cambiar los criterios de "manera muy oportunista". "En este momento significa pagar mucho menos a los pensionistas. Esta fórmula, en otras coyunturas, podría llegar a favorecer a los pensionistas o podría llegar a compensar las pérdidas, pero el hecho es que aquí y ahora significa una pérdida significativa del poder adquisitivo", argumenta. Y remata: "Los diez millones de pensionistas entrarán en el nuevo año siendo un 3,1% más pobres".