"Vivienda", será una de las palabras más repetidas en el Congreso en diciembre, cuando además de una reforma de la ley de alquileres se tratará un proyecto de crédito hipotecario y otro para construir viviendas con fondos del blanqueo, en los que deberá intervenir el Banco Central y la AFIP.

La agenda fue anunciada este miércoles por Sergio Massa en un acto por el día de la construcción realizado en la confitería El Molino, que Alberto Fernández cerró por zoom. Sí estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, quien desde la presidencia del Consejo Económico y Social se encarga de ejecutar la agenda económica del presidente para este fin de año, en acuerdo con gremios y empresarios. Además, es quien sigue de cerca el vínculo con Estados Unidos.

Los proyectos de vivienda tienen una larga historia de contratiempos que se buscarán sanar entre el Congreso, el Banco Central y la AFIP, que por alguna razón se demoró en reglamentar la ley de blanqueo y la hizo operativa en pleno año electoral.

El organismo que preside Mercedes Marco del Pont viene de chocar con el Senado por la actualización del impuesto a los bienes personales. También se enfrentó por ese motivo con los popes de la Cámara alta Martín Guzmán, a quien también le recriminaron su picardía de demorar reglamentaciones de leyes para evitar costo fiscal. Las más recordadas son la suba del mínimo imponible de Ganancias, impulsada por Massa y sancionada en abril; y la de zonas frías, que por la demora del ministro no se aplicó en el invierno. 

Massa se anticipa a Vidal y anuncia una nueva ley de alquileres 

La ley para crear un fondo de vivienda con un blanqueo, también presentada por Massa, fue promulgada en marzo, tenía un plazo de 90 días para aplicarse pero la Afip la reglamentó cuando estaba por concluir. Fue necesaria una prórroga por 150 días, que tuvo dictamen de comisión y es la que se aprobaría los próximos días para que, esperan está vez, Marco del Pont la ponga en práctica.

Pero una vez aplicada, la funcionaria deberá implementarla con agilidad. La ley permite declarar ante la Afip la tenencia de moneda nacional y extranjera, con un impuesto de entre 5% y el 20% según el plazo en el que se adhieran. Cuanto antes, mejor. Además, podrá usarse para finalizar planes de vivienda del Gobierno paralizados, que son muchos.  

El dinero repatriado ingresa en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina (Cecon.Ar), que puede abrirse en cualquier entidad financiera en coordinación con el Banco Central. 

Ese organismo tampoco trabajó para agilizar la instrumentación entre marzo y julio, pero Massa cree que esta vez será distinto.

"El Congreso tiene un deber en las próximas horas: junto con la inversión pública acompañarla con inversión privada. Los argentinos ahorran de dos maneras, con dólares o con ladrillos". 

Miguel Pesce. 

Télam

"Y la decisión del Gobierno es generar inversión y ahorro en ladrillos. Por eso, durante el 2022, va a estar vigente esa Ley que sancionamos para permitirnos con la exteriorización de capitales la posibilidad de generar que casi 4 mil millones de dólares se vuelquen en inversión privada para generar obras en el sector privado", sostuvo en el acto de El Molino.  

El proyecto de créditos hipotecarios fue presentado hace un año por Guzmán, pero se aloja en un cajón del Congreso. No es el único caso: la ley de promoción de industria automotriz y la de agroindustria también fueron enviadas hace meses y nunca se trataron en comisión, sin explicaciones oficiales. Alberto pidió que las tengan en cuenta antes de navidad, junto a su prometida ley de compre Argentino, que anunció en agosto pero nunca escribió. 

La ley para impulsar la construcción con fondos del blanqueo no pudo implementarse porque la AFIP la reglamentó tarde y el Banco Central demoró la instrumentación financiera. La ley de créditos hipotecarios está cajoneada hace un año, pero Massa prometió tratarla. 

Pero en el Congreso aseguran que esta vez la ley de hipotecas se tratará. Consiste en créditos para vivienda con cuotas ajustadas por la variación salarial, denominada "Hogar Argentino", que reemplazarán a los créditos UVA de Mauricio Macri, que se actualizan por inflación y dispararon las deudas con la crisis financiera de 2018.

El proyecto también crea un fondo fiduciario de cobertura ante cualquier contingencia, conformado con una prima de los créditos y un aporte de las entidades financieras que quieran participar, siempre con la regulación del Banco Central.

La entidad que preside Miguel Pesce, cuyo pliego aún duerme en el Senado, también debería publicar y controlar que se cumpla la actualización de las cuotas acorde a la variación salarial. Si el proyecto se trata en diciembre, como se prevé, no faltará la arenga contra el Central del liberal Javier Milei, tal vez su primer actuación estelar en el recinto.

Mercdes Marcó del Pont. 

Jefatura de Gabinete

El oficialismo también apuntará contra el radical Martín Tetaz, quien en sus años de divulgador económico elogió los créditos UVA, los pocos meses que funcionaron. Además, presentó un proyecto para otorgarle mayor autonomía al Central, que tal vez colisione con las atribuciones que le asigna alguna de estas leyes.

El debate sobre la ley de alquileres podría demorarse un tiempo más y en el Gobierno no descartan una suspensión temporal, pero no una derogación como reclamó María Eugenia Vidal durante la campaña electoral.  

No será una negociación fácil, porque la federación de inquilinos defendió la ley, en un comunicado firmado por varios legisladores oficialistas, aunque reconoció que había provocado la retracción de oferta que Massa prometió corregir.

En el Congreso no descartan nuevos debates entre inquilinos y propietarios como hubo entre 2016 y 2019, tiempo que pasó entre la aprobación del Senado de una ley que luego se cayó y fue reemplazada por un texto consensuado por todos los sectores y las fuerzas políticas. Se sancionó el año pasado y se puso en práctica en julio. Ahora se va a revisar.