La Auditoría General de la Nación (AGN) presentará una denuncia penal por "irregularidades e inconsistencias" en la asignación y ejecución de la publicidad oficial durante los años 2017 y el primer semestre 2018, que consisten en la falta de un criterio de distribución y la preferencia de una empresa para la promoción en la vía pública.

La denuncia se basa en un informe de auditoría que evalúa la contratación de publicidad de la administración central, servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica (SMS; WhatsApp; email, etc.). 

Los informes de la AGN son evaluados por el Congreso: primero se trata en la bicameral mixta revisora de cuentas y luego en los recintos. Este año, Macri se convirtió en el primer presidente con una cuenta de inversión desaprobada: el Senado rechazó la de 2016, el primer año de su gestión.

El Senado rechazó los gastos de Macri en 2016 y lo complica en la justicia 

La nueva auditoría determina que en 2017 ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1053,7 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín. El encargado de asignar los recursos era el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. 

Si bien la mayoría oficialista de la AGN consideró que hubo "problemas de alcance" por falta de información, pero aún así se detectaron la ausencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación.

O sea, el gobierno de Macri no dejó claro qué criterio utilizó para repartir la pauta. "Se verificaron también incumplimientos referidos a la aplicación de criterios objetivos para la asignación de partidas a las distintas publicaciones y/o medio por campaña, que rigen la distribución de la pauta oficial".

"Se comprobó la ausencia de controles de emisión de la pauta publicitaria, siendo la certificación del servicio responsabilidad del proveedor, quien la realiza mediante una declaración jurada", señala el informe. 

Y asegura que "no hubo controles sobre la prestación efectiva del servic

io, sino controles sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación acompañada a efectos de realizar el pago". Tampoco se detectó "la falta de acreditación de los criterios objetivos aplicados para la asignación de la pauta oficial a las firmas comercializadoras de espacios publicitarios en vía pública".

Macri nunca presentó un plan anual de publicidad oficial con las campañas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional.  "Esto impide evaluar la razonabilidad del análisis que en cada caso haya efectuado la autoridad administrativa al momento de ponderar la admisión o rechazo de las propuestas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional conforme lo establece la normativa aplicable", señala la denuncia.

La otra irregularidad es preferencia de la firma Latin American Comunication SA, que durante 2017 recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, representando un monto de 118,6 millones de pesos, 1.200 % por encima de la firma ubicada en el segundo orden de prelación.

Además, se detectó la no registración de  gastos del periodo 2017 por un monto de 584,5 millones de pesos de la Partida 3.6 "Publicidad y Propaganda", nada menos que un 27% del presupuesto aprobado para ese año.

Del análisis efectuado surge que 14.067 órdenes de publicidad no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 -período en el que efectivamente se emitió la Orden de Publicidad, ejecutó el servicio y facturó-, sino que fueron registradas en el año 2018 como si esos hechos hubieran ocurrido recién en ese ejercicio.

"El auditado emitió órdenes de publicidad sin contar con crédito disponible en el presupuesto del organismo vulnerando principios de orden financiero, incumpliendo la Ley de Presupuesto, la Ley 24.156 de Administración Financiera que en su art. 33 estipula que: 'no se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios'".

También se relevó que en la campaña "Haciendo lo que Hay que Hacer", la cual representó el 45% de la ejecución presupuestaria del año 2017, se emitieron órdenes de publicidad sin contar con la aprobación del crédito presupuestario.

"El informe destaca que se evidencian imprecisiones y vacíos normativos de la Resolución 617-E/16 que regula el procedimiento para el trámite de la contratación de publicidad institucional limitando la posibilidad de realizar una gestión eficaz y efectiva, además de dar lugar a una mayor discrecionalidad, así como las debilidades y deficiencias detectadas en las contrataciones del auditado".