MartÃn Soria jurarÃa recién el viernes 26 como ministro de Justicia, tres dÃas después de aceptarse su renuncia como diputado, pero en sus primeras apariciones públicas dejó claro que tiene la mira puesta en los mismos lugares que Cristina Kirchner y su tropa legislativa: la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, que hace casi cuatro años está a cargo en forma interina de Eduardo Casal.
Si algo enfrentó a la vicepresidenta con la ya ex ministra Marcela Losardo fue su decisión de no chocar de frente con las puntas de la pirámide judicial. Hasta soportó desafÃos directos, como cuando hace un mes Losardo firmó un acuerdo de cooperación con el camarista Javier Leal de Ibarra, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), que funciona bajo la órbita de la Corte.
Poco le importó que el 30 de diciembre la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, habÃa presentado un informe que responsabiliza a la oficina de escuchas que funcionó en esa dependencia desde 2016 de fabricar pruebas para empujar causas judiciales contra la vicepresidenta.
El polémico organismo sumó fondos y estructura y estuvo a cargo de MartÃn Irurzun, el camarista que patentó la doctrina para detener ex funcionarios por su "poder residual". En su primera declaración, Soria le achacó a la Corte haberlo protegido y advirtió que pedirá explicaciones.
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Con Casal no tiene muchas intenciones de hablar, sino de empujar la reforma del Ministerio Público que aprobó en noviembre el Senado y Diputados nunca trató porque, como anticipó LPO, faltan 7 votos y Losardo no estuvo muy interesada en buscarlos.
Ni siquiera se movió por la reforma de la justicia federal que envió ella misma para multiplicar los juzgados en todo el paÃs y habilitar subrogancias anuales en oficinas vacantes. Fue aprobada en el Senado en septiembre y también cajoneada en la Cámara baja, sin una sola manifestación pública de Losardo, que por si fuera poco dejó algunas señales de su sintonÃa con la corporación judicial, como echarse atrás con la idea de la oralidad en los concursos para llegar a juez.
En noviembre, los referentes del bloque oficialista le propusieron evaluar retoques acercados por los bloques aliados, pero nunca respondió. Tanto fue su silencio que hasta se rebelaron los socios de siempre que tiene el oficialismo, como los tres diputados por Misiones y el rionegrino Luis Di Giácomo. Este último entró en rebeldÃa junto al senador Alberto Weretilneck, por su enfrentamiento local con Soria.
Y los cuatro diputados por Córdoba, claves para llegar a la mayorÃa, se mantuvieron firmes en no tratar ninguna ley judicial mientras dure la pandemia, porque entienden que no serÃa prioridad.
Necesitado de fondos para cubrir su eterno déficit previsional, el gobernador Juan Schiaretti compensó con ayudas para otras urgencias del Gobierno como la moratoria, la quita de la coparticipación a la Ciudad y el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, sancionado en diciembre.
Uno de los ejes de Soria será cambiar el orden de prioridades de estas negociaciones, tarea nada fácil en un año electoral. "Algunos proyectos se están por destrabar. El presidente está dispuesto a hacer las correcciones que hagan falta", anunció el ministro designado. El plan B serÃa llegar sin los cordobeses pero con aliados sueltos del interbloque federal, como los lavagnistas, que incluyan modificaciones para que el Senado lo sancione con la mayorÃa oficialista.
Un legislador oficialista que batalló por estas leyes cree que si no salieron, es porque el presidente y la ex ministra no jugaron a fondo. "Lo que Alberto nunca entendió es que no hay sentido en festejar una reforma previsional si la Corte te la anula con una firma. O un fiscal te la objeta y no lo podes recusar. No hay Gobierno posible si no cambia eso",
A ese objetivo se suma el de desmenuzar las causas contra Cristina para hallar irregularidades y que se caigan solas. El nuevo ministro de Justicia no lo ocultó cuando le preguntaron sobre el futuro judicial de la vice: "Quiere que la misma justicia la libere de culpa y cargo", explicó.
En el kirchnerismo consideran que si la agenda judicial toma volumen los votos en el Congreso para echar al procurador aparecerán tarde o temprano, porque ningún aliado provincial se arriesgará a que el Gobierno consiga mayorÃa propia en diciembre, cuando se renuevan los diputados asumidos en 2017. Como esa fue la mejor elección de Cambiemos, podrÃa lograrlo aun con una modesta cosecha de votos y castigar a los partidos locales que no lo ayudaron cuando se los necesitaba.
Pero entienden que hace falta visualizar que el costo de especular con estos temas puede ser alto. Además de jubilar a Casal (está en edad de abandonar el cargo y asà se lo hizo saber Anses) la reforma deja a su reemplazante sin su poder de fuego, tanto que Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández a ocupar el cargo, anticipó que podrÃa retirar su postulación si se sanciona.
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Es que si eso ocurre los jefes del Ministerio Público dejarán de surgir de un acuerdo con la oposición porque alcanzará para nombrarlo la mayorÃa simple del oficialismo en el Senado. O sea, asumirÃa apuntado por Cambiemos.
Y no podrán manejar a gusto los procesos contra los fiscales como hace Casal, que nunca inició un jury contra Carlos Stornelli, otro enemigo de la vicepresidenta, pese a que llegó a ser procesado por espionaje ilegal y faltó nueve veces a declarar.
Este jueves, la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, que preside el senador kirchnerista MartÃn Doñate y con esta reforma definirÃa el próximo procurador interino, se reunirá entre otras cosas para tratar nuevas denuncias a fiscales presentadas por el diputado Rodolfo Tailhade, también cercano a la vicepresidenta.
Pidió investigar al fiscal Abel Córdoba, uno de los que intervino en la causa contra Lázaro Báez, por haber cerrado la investigación por la privatización irregular del espacio radioeléctrico en 1998. También solicitará citar a Stornelli por supuestos vÃnculos con la venta de objetos nazis.
Pero no hay expectativas de inquietarlo, mientras Casal esconda sus procesos disciplinarios. El año pasado le pidieron sin éxito describir cómo utilizó la ley de arrepentido en la causa de los cuadernos, en la que le tomó testimonio a los empresarios que estuvieron tras las rejas. Una nueva ley le quitarÃa esa protección y Soria, a diferencia de Losardo, está dispuesto a mover las piezas que sea para lograrla.
Para acorralar a los jueces Cristina tiene el camino más que allanado con sus últimos acuerdos en el Consejo de la Magistratura, donde sumó al representante de los magistrados Ricardo Recondo. También contó con ayudas ocasionales de la diputada Graciela Camaño o hasta de la senadora radical Silvia Giacoppo, cercana al gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Tan dócil está esa negociación que la semana pasada el Senado aprobó el pliego del ex abogado de la vicepresidenta Roberto Boico como camarista federal. HabÃa llegado desde la Magistratura sin objeciones.
Pero con los jueces de la Corte Suprema la relación de Cristina no puede ser peor y como no son interinos, desplazarlos no es posible sin los votos de Cambiemos en el Congreso. Soria, en su primera entrevista televisiva, anticipó que les pedirá una audiencia para saber qué opinan de algunos temas, como la escasa participación de mujeres en la justicia y la visita del camarista Gustavo Hornos al despacho de Mauricio Macri, cuando era presidente.
El plan legislativo es diluir a los jueces en una Corte más grande y presionarlos para que den un paso al costado y eviten duras acusaciones por las presuntas irregularidades en la oficina de escuchas.
Al informe especÃfico, la bicameral sumará uno sobre su balance de gestión, que presentará a fin de mes. El más apuntado es Ricardo Lorenzetti, porque era el presidente del máximo tribunal y por lo tanto administraba el polémico sistema para intervenir comunicaciones. No descartan denuncias penales.
Moreau ya anticipó su idea de presentar un proyecto para ampliar la composición de la Corte y asà restarle poder a sus actuales integrantes. La iniciativa, aún en ciernes, incorporarÃa la paridad de género para que ingresen mujeres, que serán muchas si acepta jubilarse Elena Highton de Nolasco. "No sé que hay detrás de un juez que llega a la edad de jubilarse y no lo hace", se preguntó Soria.
La perspectiva de género fue incluida por el ministro designado como uno de los "déficit" de la justicia y en el kirchnerismo ya lo esperan con una idea: la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para recusar a magistrados que no la respeten. Creen que la lista es larguÃsima y tendrÃa varios apellidos conocidos.
Fernández Sagasti, además, tiene a cargo la bicameral de implementación del Código Procesal Penal, que define con la mayorÃa oficialista que artÃculos aplicar, cuando y en qué ciudades del paÃs se inicia un sistema que le cede la investigación a los fiscales.
En noviembre, la comisión habilitó algunos artÃculos para permitir la apelación de condenas firmes en tribunales internacionales y difundir las audiencias públicas. Alberto lo ratificó el mes pasado en el BoletÃn Oficial, pero Losardo jamás habló. Soria ya lo hizo.
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¿Qué indica que el senado haya aprobado el pliego de un camarista si este venía sin objeciones desde la magistratura (que justamente está para plantear las objeciones si las hubiera? Que haya sido alguna vez asesor letrado de la vicepresidenta está al mismo nivel que el de Carlos Rosenkrantz que fue abogado de Clarín para el caso... Eso no parece escandaloso.
Son trolss pero no baratos
Los gorgojeros posteros sonbaratos, estan de regalo, pero lasanata no
Ya pronto la realidad lo atará
La doña cartera lo reprenderá
Y a su general roca volverá a saludar al fantasma y a la presidiaria
como todos los fracasados macristas salis a atacar sin conocer.
Se les nota mucho la hilacha, ya van para dos años que no defienden ningun logro de la gestión. (100% por año la nafta) jajajjaajaja ..... pélense