Cristina Kirchner dominó a mano de hierro el Senado en su primer año como vicepresidenta y así pudo aprobar las leyes que quiso, controlar las comisiones bicamerales y garantizar la vigencia de cada uno de los decretos que firmó el presidente. El escenario podría mantenerse después de las elecciones de octubre, aunque con los números más ajustados, según reconocen en el Gobierno.  

La vicepresidenta manejó un bloque de 41 senadores, cuatro más que lo necesario para la mayoría simple, aunque hubo dos que no pudieron garantizar su ayuda: el tucumano José Alperovich, de licencia tras ser denunciado por supuesto acoso sexual; y Carlos Menem, imposibilitado de conectarse en muchas sesiones por sus problemas de salud.

Para no correr riesgos, el jefe del oficialismo José Mayans los compensó con la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, quienes se mantuvieron en sus monobloques pero apoyaron cada ley enviada por el Gobierno. 

Las expectativas iniciales de alcanzar los 48 votos necesarios para los dos tercios y nombrar a Daniel Rafecas como procurador sucumbieron con creación de un bloque aliado de Cambiemos, pero la mayoría simple nunca estuvo en riesgo. Con la elección de octubre, el Gobierno imagina que el escenario será el mismo aunque con algunos votos menos que lo obligarán a sostener la armonía interna. 

Si bien no hubo fisuras en 2020 entre los dirigidos por Mayans, persisten viejas desconfianzas con algunos senadores que integraron el último núcleo duro de Miguel Pichetto, como el catamarqueño Dalmacio Mera y el correntino Carlos Espínola. Aunque ambos se alinearon en todas las votaciones, tienen mandato hasta diciembre y no les será fácil reelegir.  

Los senadores duran seis años en sus cargos y cada dos se renueva un tercio del recinto, un sistema que provoca algunas peculiaridades como que en comicios legislativos se pongan en juego bancas de ocho provincias obtenidas junto a  elecciones ejecutivas, cuando el peronismo suele hacer valer la boleta sábana con sus candidatos presidenciales en un extremo. La Cámara alta se integra con 3 representantes por cada distrito, sin importar el tamaño de cada uno, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. 

En octubre se pondrán en juego las 24 bancas elegidas en la elección presidencial de 2015, en la que Daniel Scioli perdió el ballogate con Mauricio Macri pero ganó las generales y en la categoría de senadores sólo perdió en dos de las ocho provincias que hubo competencia: Córdoba y Mendoza. 

Alberto Weretilneck, el senador rionegrino que podría ser un aliado clave.  

LPO/ Juan Carlos Casas.

En el Gobierno no hay expectativa de triunfar en ninguna de ellas. Se conforman con la reelección de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina, pero no tienen fácil la del cordobés Carlos Caserio, por el duelo local entre Cambiemos y el gobernador Juan Schiaretti, que se dirimen la alta imagen que conserva Macri en la provincia del cuarteto. 

Schiaretti ya cuenta con cuatro diputados nacionales, los mantiene en un interbloque alejado del oficialismo y negocia sólo algunas leyes con Alberto a cambio de favores como aliviar su eterno déficit previsional y negociar la pesada deuda  local en dólares. Si consigue un senador lo sumaría a esas discusiones y no a una mayoría automática oficialista. 

La creación del Frente de Todos le permitió a Cristina contar con los tres senadores por Chubut porque se alistó bajo sus filas a Alfredo Luenzo, electo en 2015 por la minoría que representó al fallecido ex gobernador Mario Das Neves y patrocinó a nivel nacional Sergio Massa. De esta manera, aún ganando,  perderá un representante.

En dos provincias vence el mandato de una dupla de senadores oficialistas y el Gobierno deberá maniobrar mucho para retenerlas. Una es Corrientes, en la que además el radical Gustavo Valdés buscará su reelección como gobernador y cada vez que la contienda del Ejecutivo local coincide con la de senadores el peronismo pierde las dos. 

El oficialismo podría perder bancas en Chubut, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Aspira a conservar los 37 para el quórum propio, o alcanzarlos con sus dos aliados fijos. 

Santa Fe vivió un 2015 atípico, con la reelección del socialismo en la gobernación, Macri como el candidato presencial más votado y el triunfo de la lista de senadores del peronismo por unos pocos votos, pero suficiente para quedarse con las dos bancas. 

Aquella lista la encabezó Omar Perotti, que luego fue electo gobernador en 2019 y tendrá una parada difícil en octubre para repetir su triunfo legislativo, porque enfrentará al socialismo y a Cambiemos. 

Sólo una elección de tercios de final abierto podría darle una victoria que no parece sencilla, que es lo que intentan evitar los operadores cambiemistas con una alianza con el socialismo local. Por ahora no la consiguen.  

En Catamarca, La Pampa y Tucumán el Gobierno espera ganar sin problemas, con la buena noticia de que la banca de Alperovich se ocupará en todas las sesiones. En este escenario, si Menem sigue sin garantizar su conexión al VPN, cotizarán en alto los aportes de Solari Quintana y Weretilneck, como también las demandas de sus gobernadores, que acostumbran a canjear votos por ayudas para sus provincias. 

La mayoría del Senado no sólo le es útil a Alberto y a Cristina para aprobar leyes que luego necesitan el aval de Diputados para ser sancionadas, sino que además garantiza por sí misma la vigencia de cada decreto presidencial y el control en todas las comisiones bicamerales.

Anabel Fernández Sagasti. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

En el primer caso es así porque los decretos sólo pierden vigencia si las dos cámaras del Congreso lo rechazan, por lo que si un Gobierno tiene mayoría en una de ellas nunca corre riesgos. Las dificultades en controlar el recinto de Diputados no resultaron un problema, como tampoco para manejar las bicamerales, integradas por miembros de las dos Cámaras en proporciones equiparables al reparto de fuerzas que hay en cada recinto.

La mayoría oficialista del Senado marcó la agenda de todas y en algunas Cristina se hizo sentir con sus legisladores, como en la de fiscalización de organismos de inteligencia, donde se definieron las citaciones para la investigación de la denuncia por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Senadores y diputados cercanos a la vicepresidenta acapararon también la de seguimiento y monitoreo del Ministerio Público, en la que desde junio se lleva a cabo un embate contra el procurador interino Eduardo Casal, que tendría otro capítulo en las próximas semanas.  

Y manejan la bicameral de implementación del Código Procesal Penal, una comisión de mucho poder porque dispone cuándo y cómo deben aplicarse los artículos de esa ley, sancionada en 2015. La preside la senadora Fernández Sagasti y en diciembre dispuso comenzar a transmitir las audiencias orales y revisar las sentencias firmes. Tenía mayoría.