El Senado tuvo este martes el segundo plenario de comisiones para tratar la ley que habilita el aborto hasta la semana 14 de gestación, con la exposición de especialistas que se abocaron a discutir la viabilidad jurídica del proyecto, que en caso de ser sancionado el 29 tendrá una lluvia de amparos en tribunales.

Quienes están en contra de la ley aportaron argumentos para vaticinar una no aplicación y los que la respaldan fundamentaron su vigencia con interpretaciones constitucionales. El debate gira en torno a la adhesión de Argentina a la Convención de los Derechos del Niño, hace 30 años, que la ley que la implementó definió la vida desde la concepción. Para los juristas verdes no es decisivo, porque la Constitución de 1994 dejó abierta esa definición a una ley y de hecho desde 1921 hay excepciones que habilitan el aborto. ´

"Este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos. Hay que afirmar que nuestro orden jurídico se apoya sobre el principio del interés superior del niño y niña, esto no puede estar ausente", sostuvo Pablo Garat, profesor de derecho constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA.

El abogado Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Juicio a las Juntas, sostuvo que "no hay ninguna regla constitucional que prohíba la interrupción temprana del embarazo. Una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano". 

"Porque todos han establecido la necesidad de lo que se denomina protección incremental de los derechos en juego. El embrión no es una persona nacida. Es una ficción entender que un embrión es un chico". "Si esta ley no sale ahora, van a seguir muriendo las mujeres", concluyó.

Ursula Cristina Basset, abogada y profesora titular derecho de familia,  aseguró que "nuestra constitución explícitamente protege la vida desde la concepción. No le dan opciones a esa mujer que no quiere o no puede tener a ese bebe como darlo en adopción. Esta ley da derecho a abortar no a decidir. Si pensamos en salud y en violencia reproductivas que sufre la mujer, la ley no da respuestas. Me pregunto si la Argentina que estamos votando es humana, abierta a todos e inclusiva".

 Andrés Gil Domínguez 

Fotografía HCSN

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y asesor de Alberto Fernández en la comisión que elaboró el informe para reformas judiciales, defendió el proyecto. "El Comité de los Derechos del Niño ha dicho, en informes particulares y en tres oportunidades, que Argentina debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada al aborto y que debe revisar su legislación sobre el aborto".

La especialista en temas de salud y socióloga María Elena Critto destacó que "los datos oficiales confirman que es posible disminuir la mortalidad materna sin la legalización del aborto. Las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto, toda ley merece estar fundamentada con información y evidencia científica", añadió.

No hay ninguna regla constitucional que prohíba la interrupción temprana del embarazo. Una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano.  

La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, considero que "la legalización no aumenta las tasas de aborto. La evidencia muestra que el acceso al aborto se estabiliza en el mediano plazo después de la legalización en niveles por debajo de las estimaciones en el contexto de ilegalidad". Y aclaró que Argentina no hizo una "reserva" de la convención de los derechos del niño. "Hizo una ley interpretativa", diferenció.  

El abogado penalista Alberto Bianchi se cruzó fuerte con la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun por definir al gobierno como "autoritario" por enviar leyes de "orden público", que son las de aplicación en todas las provincias. 

"Vamos a tener una crisis dentro del ordenamiento jurídico argentino porque la Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y el Código Civil, con respecto al Código Penal, van a decir cosas completamente distintas, no podemos permitir esto". 

El civil reconoce la vida desde la concepción y fue sancionado en 2015. Bianchi, además, sostiene que para no aplicar la reserva a la convención de los derechos del niño necesita dos tercios de ambas cámaras, inalcanzables para los verdes.  

Por la tarde el debate lo inició  Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en fertilización asistida. "La vida comienza en el momento de la concepción. Así lo dicen nuestros códigos. En el proceso de la fertilización. Estamos frente a una persona, seguramente, pero es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una persona con cierto desarrollo".

Lo cruzó Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho de la Universidad de Mendoza y ex integrante de la Corte Superior de esa provincia. "No hay derecho absoluto ya que generalmente entran en conflicto. El ordenamiento jurídico tiene que resolver estos conflictos de derechos con razonabilidad. El proyecto de ley no viola la Convención de los Derechos del Niño", subrayó.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, consideró que "el proyecto en debate se asienta en premisas falsas y violenta el orden jurídico, por lo que considero que debe ser rechazado".

Norma Durango, senadora del Frente de Todos. 

Fotografía HCSN

"El derecho al aborto se sustenta en el derecho internacional no resulta cierto, porque no exige a nuestro país ni a ningún otro, que reconozca el derecho al aborto. Los códigos argentinos y nuestro ordenamiento jurídico reconocen la vida desde su gestación. El proyecto no supera la razonabilidad y es claramente anticonstitucional", agregó.

Melisa García, abogada feminista, que inició su presentación destacando que "se presentaba como parte del movimiento feminista" y que "el derecho al aborto es justicia social". Consideró que "la persecución al aborto proviene de la transición del feudalismo al capitalismo" y reivindicó "el derecho a las personas de decidir sobre su cuerpo".

Debora Raniere, abogada e investigadora de la Universidad Católica Argentina, afirmó que "cada vida humana se inicia desde la concepción. Al derecho no le queda otra opción que reconocer esa vida humana tal como lo definieron los constituyentes del año 1994". 

"Esta ley favorece a los organismos internacionales que la promueven y a las clínicas clandestinas, también a los hombres cobardones que no quieren enfrentar un embarazo no deseado. Si este proyecto promueve la salud pública. De qué salud estamos hablando. Es injusto e inconstitucional".

Natalia Gherardi. abogada y Directora Ejecutiva de ELA, dijo que "la aprobación de este proyecto permitirá la transformación del sistema de regulación actual dando mayor libertad a las mujeres de tomar sus decisiones con confianza en que el sistema de salud está allí y que sabrá recibirnos, que seremos atendidas".

Marta Lamas Encabo (México). Antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM) y profesora/investigadora de la adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), destacó que "siempre escucha los mismos argumentos y que es difícil convencer a los que piensan diferente".

Le sorprendió que "en la Argentina no hubiera sacerdotes que se manifestaran a favor de los derechos de las mujeres. En México el tema terminó en el máximo tribunal y que allí acompañaba a las feministas un sacerdote que explicaba a los integrantes de la Corte las excepciones que contempla el derecho canónico". 

Encabo dijo que en en América Latina se suele aplicar las 12 semanas como tope. "Argentina es muy europea y va por las 14", comparó. La cruzó Dalmacio Mera, oficialista y celeste. "Usted es antropóloga. Nosotros no queremos ser europeos. No dejamos inmigrantes varados en el mar", se diferenció.