El proyecto para autorizar la interrupción del embarazo comenzó a tratarse este lunes en el Senado con la visita de funcionarios del Gobierno, quienes se sorprendieron cuando oficialistas que se oponen le reprocharon a Cristina Kirchner haber garantizado el dictamen con los giros a comisiones. Además, pidieron estirar el debate hasta cuando sea necesario y no votar el 29 de diciembre, como promueven sus pares que confían en sancionar la ley.   

Como explicó LPO, el viernes al mediodía Anabel Fernández Sagasti, la senadora más cercana a la vicepresidenta, advirtió que si el proyecto era tratado por las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, como habían previsto, una mayoría celeste se impondrían con un dictamen de mayoría en rechazo. 

No hubiera sido un tiro de gracia, porque si existiera una supremacía verde en el recinto podía aprobarse igual, pero sí motivo de complicaciones en la definición de la agenda y un mensaje derrotista que podría complotar con la búsqueda de los votos que faltan. 

Para evitarlo, Cristina giró los proyectos a la comisión de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y a la Banca de la Mujer, que está integrada por toda la gama femenina del Senado y la eligió como cabecera y a cargo de coordinar el debate. 

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La preside la pampeana Norma Durango, del Frente de Todos, y este lunes a las 14 convocó a un plenario por teleconferencia, para que expongan los ministros de Salud Ginés González García, de Mujer y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra.

Pero antes de habilitarles el micrófono su compañero de bancada Dalmacio Mera le pidió la palabra para anunciar que había enviado una queja formal a Cristina por el giro a comisiones. Consideró que elegirla cabecera le quita responsabilidad al hombre en los embarazos no deseados, principal causal del aborto, y elimina también la figura de "personas gestantes", utilizada en el propio proyecto de ley para incluir otras perspectivas de género. "Hay que terminar con los estereotipos de ciertas conductas y de ciertos patrones", señaló.

Reclamó además que el proyecto se gire a la comisión de Asuntos Constitucionales, porque un artículo se aboca a la fundamentación legal de la iniciativa, un resguardo para los planteos que lloverán en tribunales si es sancionado. La preside la oficialista María de los Ángeles Sacnun, quien ni bien lo escuchó se conectó para cruzar a su compañero, como si se tratara de una reunión de bloque.

"La banca de la mujer la integramos las senadoras pero en muchos casos han participado varones. Y las políticas de género atraviesan todas las cuestiones de Estado, por lo que habría que cambiarle el nombre. Como presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales siento que está representada con quienes están acá", se defendió.

Elizabeth Gomez Alcorta, Ginés González García y Vilma Ibarra

Fotografía HCSN

El cruce cristalizó la tensión en el Frente de Todos, que está dividido casi en partes iguales entre verdes y celestes, pero entre los últimos tiene nada menos que a su jefe, José Mayans, activo militante para frustrar la ley: participa de los grupos de whatsapp, es el nexo con las organizaciones Provida y diseña las estrategias contra un proyecto que Alberto prometió y quiere sancionar. 

Lo ratificó después de la exposición de los funcionarios. "Para nosotros los argumentos no han sido válidos y no estamos conformes", dijo el foromseño. Reclamó además estirar el debate con los invitados que hicieran falta y lo cruzó su compañera Alma Sapag. "¡Están intentando alargarlo para que no se vote!", lo acusó. "No es así, pero nosotros transmitimos estos debates para todo el país y tenemos que escuchar a todos".

Durango aceptó plenarios martes y el miércoles en la mañana y la tarde, con expositores a favor y en contra.  El objetivo de las verdes es dictaminar el jueves, pero de ser así sería al anochecer, porque habría otra lista de invitados por la mañana. El viernes temen que se demore las firmas digitales y el dictamen no esté listo el martes 22, la fecha límite si quieren sancionarlo 7 días después.   

En diálogo con LPO, Mera anticipó que dará batalla hacia dentro de su bloque para que el aborto no sea ley. "El proyecto es malo, porque no puede armonizar normas del derecho penal, que regula las sanciones; con el artículo 19 del Código Civil, donde se reconoce la existencia de la vida humana desde la concepción. Y además hay una reserva a la convención de los derechos del niño que la contempla. Vamos a entrar en una legislación esquizofrénica, con los jueces que no sabrán como aplicar la ley", sostuvo ante LPO.

-El actual Código Penal contempla excepciones que autorizan el aborto para los casos de violación y riesgo de vida. ¿No sería una más?

-No. Porque las excepciones no pueden ser sin causa. Una violación o un riesgo de vida le quita autonomía a la mujer. En este caso se legaliza el aborto. Si la Constitución dijera que hay vida a partir del nacimiento sería otra cosa. 

-¿Le molestó que el Gobierno enviara el proyecto?

-No, porque fue parte de la plataforma electoral de la fórmula Fernández-Fernández y cumplieron. Más allá de la inoportunidad. 

La defensa de los funcionarios

La ley del aborto fue presentada y defendida ante los senadores por Ibarra, González García y Gómez Alcorta, quienes además de cruzarse con los celestes aprovecharon a saldar dudas a quienes puedan volcar la votación a favor.

Un caso fue el cordobés Ernesto Martínez, de Cambiemos, que consultó si los centros de salud con todos sus profesionales excluidos de hacer el aborto por declarase en objeción de conciencia podrían derivar los casos a hospitales públicos. 

El proyecto es malo, porque no puede armonizar normas del derecho penal y el civil, que dice que la vida empieza en la concepción. Vamos a entrar en una legislación esquizofrénica, con los jueces que no sabrán como aplicar la ley

Como relató LPO, el dictamen contempló esos casos sin castigo para las instituciones, pero con el compromiso de costear el traslado. Ibarra dijo que si bien la reglamentación será más precisa, no habrá problemas en llamar al hospital más cercano y se garantizó otro voto que hasta la semana algunas senadoras verdes creían en riesgo. 

Una de las pocas voces oficialistas fue la catamarqueña Inés Blas. Reclamó a Ginés desglosar los datos sobre los egresos de hospitales públicos de pacientes con secuelas de abortos clandestinos y lo interrogó sobre el alcance de los programas de salud sexual. "Nunca son suficientes", reconoció el ministro. 

Blas podría ser una de las oficialistas que intente seducir el Gobierno para que al menos ayude con el quórum, se abstenga y de esa manera garantice la sanción. El mejor conteo les dio 36 a favor con 35 en contra, pero sin 37 no se puede empezar una reunión ni llamar a votación. Hace falta cómplices. "Nuestra única chance es que los oficialistas resistan la presión", se esperanzó una de las referentes del grupo celeste, en diálogo con LPO.

Ibarra recordó que "el Frente de Todos sabía que se iba a presentar un proyecto", un palo por elevación a los oficialistas que se resisten a votarlo. "Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad y como Estado de este gravísimo problema de salud, que es el aborto clandestino. Queremos evitar muertes, aunque sabemos que con este proyecto no alcanza, porque es necesario reforzar la educación sexual integral, la prevención de la violencia y el abuso de niñas y adolescentes". 

"Desde el siglo 19 está penalizado el aborto y en 1921 hubo una despenalización por causales. Pero esta amenaza ha fracasado como política; no ha servido para disuadir abortos. Muchas mujeres los hacen de a miles porque la maternidad forzada no es una opción. Los métodos hasta la semana 14 no son quirúrgicos y son seguros". 

Norma Durango, senadora del Frente de Todos. 

Fotografía HCSN

Ginés fue práctico: "Tratamos de que las cosas no sucedan y si suceden que tengan menos consecuencias. No son iguales las circunstancias del aborto clandestino en personas vulnerables". Destacó la necesidad de incrementar la ley de salud reproductiva porque "el 90% de los embarazos son no deseados".

"Es un tema de salud pública, porque el aborto como está, causa muerte. La penalización sólo sirve para estigmatizar a las mujeres y cuando hay una ley eso no existe. El proyecto tuvo en cuenta la experiencia mundial, donde se prueba que baja la mortalidad materna y aumenta la vida de las mujeres".

La celeste Silvia Elías de Pérez, de la UCR, le preguntó si la gestación de 14 semanas era un ser humano o "un fenómeno" y el ministro repitió la respuesta que había dado en Diputados. "El inicio de la vida es según la religión. Para algunas la masturbación elimina una vida. La experiencia internacional es legislar para las personas".

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Elías de Pérez y María Belén Tapia, también celeste y radical, le pidieron varias veces a Ginés precisar el alcance del aborto legal por causales, ratificado por un fallo de la Corte en 2012, y que según la redefinición de este proyecto de ley se contempla cuando hay riesgo de vida "integral", terminología de la Organización Mundial de la Salud. 

"¿Una mujer puede ir al mes nueve y pedir abortar?", preguntaron una y otra vez las provida. El ministro dijo que las causales son las mismas que ahora y Gómez Alcorta lo ayudó. "Se está adaptando la redacción de riesgo de salud a los parámetros actuales. Es sólo una cuestión semántica". 

Esteban Bullrich, del PRO, consideró exagerada la cifra de 370 mil abortos anuales que manejan en el Gobierno, a razón de 1000 por día, cuando la última cifra de nacimientos registradas es de casi 800 mil. "Está bien, hay un aborto cada dos nacimientos. Es real", lo cruzó Ginés.  

Gómez Alcorta salió al rescate de Ibarra en la defensa sobre la uniformidad legal del proyecto que reclama Mera. Sostuvo que el mismo código civil que reconoce la vida desde la concepción, establece que durante el nacimiento "los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida".

"Hoy mismo no tienen las mismas penas. La muerte es penada cuando es culposa y el aborto no", comparó la ministra. Aseguró además que la Constitución, en su reforma de 1994, no incorporó el tema aborto; y esa omisión es más relevante que la reserva a la adhesión a la convención de los derechos del niño. 

Ibarra había dedicado su exposición a apuntar jurisprudencia. Señaló que "la CIDH, que es el órgano máximo para interpretar los derechos humanos, estableció que el aborto no contradice su letra. Y con el fallo 'Octavio murillo' sostuvo que el derecho a la vida no es absoluto. Y así fue incorporado en países que legalizaron la interrupción del embarazo".

El oficialista Marín Pérez preguntó cuál fue el motivo de elegir la semana 14 como tope para abortar, cuando algunos senadores pedían 12, como es en Uruguay y en varios países de Europa. "El 90% de los abortos son durante los primeros tres meses. Pero hay otro 10% es el sector más vulnerable", se justificó.