El Congreso entró en el vértigo de fin de año con proyectos del Gobierno congelados por meses que los referentes del oficialismo están dispuestos a activar, pero sólo si el Gabinete ayuda a sumar los votos que faltan. 

El principal es la ley para regular el traspaso de la policía federal a la ciudad, que en los hechos le quita casi dos puntos de coparticipación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, uno más que lo cedido con el decreto que firmó con Alberto Fernández en septiembre con los mismos objetivos.  

Pero también empezaron las negociaciones para destrabar la reforma judicial que el presidente promocionó desde la campaña, logró que el Senado aprobara con modificaciones en agosto y hace dos semanas pidió a los Diputados que "se dignen" de tratar, fastidioso con tanto tiempo de espera.  

La pelea por los fondos porteños tendrá varios capítulos. El jefe de Gobierno acudió a la Corte Suprema hace dos meses para pedir el dinero que dejó de recibir en forma diaria (30 mil millones anuales) con el decreto de Alberto, quien en respuesta envió un proyecto de ley para definir un presupuesto de la policía federal, un paso que no dio Macri en 2016, cuando le cedió coparticipación por decreto. 

Las estimaciones del Gobierno dieron que no hacen falta más que 24.500 millones de pesos anuales, un tercio de lo que recibe, que proponen actualizar un 80% por la variación salarial y otro 20% por inflación. Pero al salir del concepto de coparticipación no serán giros automáticos, sino que habrá que discutirlos junto a cada presupuesto nacional. 

La Corte aún no se pronunció pero en la Ciudad hay expectativa de que lo haga a favor, sobre todo luego del fallo que favoreció parcialmente al Gobierno al negar la continuidad de los jueces trasladados por Macri. Para compensar confían en las buenas artes del cordobés Juan Carlos Maqueda, experto en litigios entre la Nación y las provincias. 

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. 

Télam

El Senado aprobó el traspaso de la policía federal con la mayoría oficialista el 2 de octubre, pero recién este viernes empezará a tratarse en Diputados en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, presididas por Carlos Heller y Pablo González. 

En el Frente de Todos confían en tener los votos para sancionarlo la semana siguiente, pese a que no pudieron garantizar el respaldo de los cuatro diputados por Córdoba. Su gobernador Juan Schiaretti se negó a firmar las solicitadas de respaldo suscriptas por sus colegas, la última de ellas el pasado miércoles 

Si se sancionara la ley, Larreta debería volver a la Corte y romper definitivamente su vínculo con la Nación, entre otras cosas porque no podría permanecer en el pacto fiscal firmado por Macri y los gobernadores en 2017, renovado este año con mayores licencias para las provincias. 

Por pedido unánime, a poco de asumir Alberto flexibilizó el compromiso asumido por los mandatarios de no subir impuestos locales y volvería hacerlo con otra adenda que debe aprobarse en el Congreso antes del 31 de diciembre, pero siempre a cambio de renunciar a reclamos judiciales con la Nación. 

Los diputados Tailhade y González le pidieron a la ministra Losardo que enumere los artículos de la reforma que está a dispuesto a negociar, pero no respondió. Tampoco pudieron convencerla para que expusiera ante la oposición. 

El jefe de Gobierno no tendría más opción que salir del pacto fiscal para mantener su litigio y quedar al margen de acuerdos con la Nación, como hiciera San Luis hace tres años. Aún sin la garantía de los cordobeses y el rechazo de Cambiemos, en el Frente de Todos creen que podrán sancionar la ley con respaldo del resto de los bloques chicos, que por goteo el martes le permitieron aprobar dos proyectos rechazados por el principal frente opositor, como el impuesto a la riqueza y la prohibición de construcciones en superficies incendiadas. 

Con 8 aliados consolidados (el bloque Unidad Federal más la dupla Felipe Álvarez-Antonio Carambia) y el respaldo posible de la neuquina Alma Sapag, necesitarían rescatar sólo dos votos de los once del interbloque federal, donde confluyen los 4 cordobeses, 2 socialistas santafesinos, 3 del bloque de Roberto Lavagna y 2 que provienen de ese espacio pero se mueven como libre pensadores (el bonaerense Eduardo Bucca y el salteño Andres Zottos).

En el Senado, el debate le trajo rédito político al oficialismo porque lo completó con una agresiva campaña en redes sociales, en la que acusaron a radicales y macristas del sus provincias de trabajar para que haya más fondos en Capital Federal, un discurso siempre sensible en el interior. 

La mayoría de los opositores respondió. Apuntaron que las provincias no se verán beneficiadas porque el dinero que hoy se gira para los policías de Larreta volverá a las arcas nacionales y se destinará en parte a financiar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero a ninguno le resultó cómodo poner la cara en el debate.  

La reforma judicial

En el Frente de Todos saben desde septiembre que no tienen los votos en Diputados para sancionar la reforma judicial, porque los bloques chicos se manifestaron en contra y aseguraron que no darían quórum para aprobarla con lo justo y pagar el costo ante la sociedad.  

Varios hicieron propuestas, como Graciela Camaño, líder de los federales, quien pidió aprovechar la oportunidad para debatir una reforma integral del Ministerio Público, que luego el kirchnerismo inició por las suyas en el Senado y la dictaminaría este mismo viernes.

Massa había evaluado devolverlo al Senado con algunos de los consejos del comité de expertos que este miércoles emitió un dictamen para realizar otras reformas judiciales con temas que bien podrían alcanzar consensos unánimes, como juicio por jurados. Pero nunca llegaron las propuestas concretas de la oposición y tampoco alternativas del Gobierno. 

La ministra de Justicia Marcela Losardo, con León Arslanián. 

Presidencia

Según supo LPO, cansados de esperar, por indicación de Máximo esta semana los diputados Rodolfo Tailhade y González, presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, mantuvieron  diálogos con la ministra de justicia Marcela Losardo para saber si está dispuesta a retocar el proyecto para que sea ley.

Losardo quedó en la mira de Cristina Kirchner en agosto por su nula defensa a la reforma judicial que ella misma escribió: asistió a exponer en la primera audiencia y apagó los teléfonos para siempre, sin intervenciones en los medios. 

Lejos de sentirse culpable, avisó a los diputados que no quiere ni siquiera exponer y hasta se negó a puntear el dictamen para elegir qué artículos se pueden modificar y cuales son intocables. "No vamos a volver a poner la cara nosotros por una reforma que pide Alberto y no defienden sus ministros", le aclararon. Pero Losardo nunca respondió y quedó en ajustar la estrategia con el presidente. 

En el Senado, Cristina le bajó el precio a la reforma con una de sus cartas, luego que debieran timonear el debate sus protegidas María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti, quienes ante la ausencia de la ministra en las negociaciones no pudieron evitar que los gobernadores multiplicaran los juzgados y cámaras de apelación del interior del país, hasta minutos antes de votar. Según cálculos de Cambiemos el costo estimado se duplicó, de 6 a 12 mil millones de pesos, aunque no es inmediato porque llevará años abrir todas las oficinas.  

Tampoco quedó intacto el capítulo de Comodoro Py, el poderoso fuero federal de Capital Federal: se eliminó la fusión de los fueros civiles y comerciales con el contencioso administrativo, un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que lo senadores aceptaron. 

La reforma fusiona en Py los tribunales criminales y correcciones con los penales económicos y se suman 23 juzgados hasta alcanzar 46, que serán los encargados de investigar las causas por corrupción. Tendrán 17 tribunales orales: los doce existentes y otros cinco que crea la ley. Las causas seguirán con sus jueces naturales pero en la oposición creen que podrán manipular las que sean incómodas para el Gobierno cuando escalen a instancias superiores.

El capítulo más polémico y uno de los primeros que podría judicializarse es el sistema especial de subrogancias que habrá para cubrir por un año los nuevos juzgados. En el dictamen se reincorporó el examen escrito a los postulantes (el proyecto no lo tenía), que para pasar las siguientes instancias deberán obtener un 60% de calificación en esa prueba. 

Algunos senadores opositores con experiencia en los pasillos de tribunales lo interpretaron como "una presión de la corporación judicial", con la que Losardo prefiere no chocar de frente. "Sabe muy bien que los exámenes se distribuyen antes", aseguraban. 

La tensión de la ministra con la vicepresidenta se explicitó cuando habló después de mucho tiempo para pedir que se trate en el Senado el pliego de Daniel Rafecas como procurador y recibió una rápida chicana del diputado Leopoldo Moreau.

Como explicó LPO, antes de debatir el candidato del Gobierno a jefe de fiscales el Senado avanzará con una reforma del Ministerio Público que acote su mandato (hasta ahora es vitalicio) e incremente sus controles. Será aprobada este mes y Alberto deberá definir si la incorpora al temario de extraordinarias para que se sancione en diciembre en Diputados. Tal vez sea uno de los gestos que le pidan para negociar la reforma judicial, que tanto dice necesitar.