La Cámara de Diputados aprobó en la mañana de este miércoles la ley de Máximo Kirchner que prohíbe por 60 años las construcciones en superficies incendiadas, con respaldo de los bloques chicos y el rechazo de Cambiemos, que sí avaló una norma para capacitar a empleados públicos en temas ambientales. 

Según describió la diputada oficialista Daniel Vilar, este año hubo 900 mil hectáreas incendiadas, con focos de incendios en 22 de las 24 provincias, y "el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana, ya sea intencional o por alguna distracción", con una la posibilidad de perder los humedales. 

"No se puede pensar en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, del modelo económico y del modelo social. Debemos asumir un desafío: construir un nuevo paradigma, porque el que nos trajo hasta acá fue uno de exclusión, que genera pobreza", propuso.

No tardó en cruzarla la radical Brenda Austin, la voz de Cambiemos para rechazar esa ley. "Es una norma regresiva en materia ambiental perjudica a los bosques nativos en la Argentina. Queremos que se terminen los incendios especulativos, que los ecosistemas tengan tiempo para recomponerse. Pero también  encontrar a los responsables y que respondan con toda la fuerza de la ley".

Avanza la ley de Máximo para prohibir negocios inmobiliarios en tierras incendiadas 

Advirtió que hay tierras "no productivas" que no están protegidas y propuso crear un tribuna ambiental para perseguir a los responsables. "El proyecto es poco claro porque tampoco no define los conceptos de pastizales, praderas, matorrales. ¿Cómo están pensado esta ley para que se cumpla? ¿O es acaso una ley testimonial? Tenemos ya muchas leyes testimoniales en este país en materia ambiental, lo que necesitamos es que se cumplan y para eso este no es el camino".

Brenda Austin

LPO/ Juan Carlos Casas.

La ley fue presentada hace un mes por el jefe del bloque oficialista, tiene sólo 4 artículos y el primero prohíbe por 60 años que en las zonas incendiadas se modifique "el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio", como también la "división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares". 

Están defendido negocios inmobiliarios o agropecuarios y no lo quieren aceptar. Es incompatible ser neoliberal y ser ecologista 

Durante el debate en comisión el oficialismo aclaró que no se prohibirán construcciones previstas antes de los incendios, pero sí los planes diseñados sobre tierra arrasada. Tampoco se puede vender o comercializar, ni realizar actividades agrícolas que sean distintas al uso o destino que la superficie tuviera al momento del incendio. La restricción será de 30 años cuando se trate de áreas donde "las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural". 

Votaron a favor también los diputados de Córdoba federal, del bloque de Juan Schiaretti; la dupla de socialistas santafesinos y los cercanos a Roberto Lavagna, como Graciela Camaño, que en el debate en comisión sostuvo que el autor era la única causa del rechazo de Cambiemos. Tomó sus palabras el oficialista Leonardo Grosso. "Les molesta el apellido, a nosotros nos da orgullo". 

Grosso apuntó que sólo hubo 22 denuncias y 2 condenados por incendios. "Si eso no es legislar sobre las cenizas, que alguien me explique porque han puesto todo tipo de excusas para que no lleguemos al acuerdo necesario. Están defendido negocios inmobiliarios o agropecuarios y no lo quieren aceptar. Es incompatible ser neoliberal y ser ecologista", acusó y se ganó los abucheos de los diputados de Cambiemos, con gritos exaltados de Silvia Lospennato, del PRO; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. No alcanzaron para frenar la ley. 

Capacitación a empleados públicos

No hubo grieta en el debate de ley Yolanda, que promueve la "capacitación obligatoria en la temática de ambiente".  Se llama así en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, en 1973. Murió el año pasado a los 94 años. 

La ley fue sancionada con jóvenes en los palcos y obliga al Gobierno a diseñar cursos para formar al personal "con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático", en los tres poderes del Estado. 

Gabriela Cerruti 

LPO/ Juan Carlos Casas.

"Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente", señala la ley que sólo fue rechazada por el diputado del PRO Francisco Sánchez.

"La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina", reza la nueva norma, que invita a las provincias a adherirse a la norma.

También se aclara que "las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate". 

Y en caso de que un poder del Estado incumpla "será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación".

 "Estamos discutiendo de sistema económico productivo y tenemos que sumarle la lucha de los organismos de derechos humanos que transformó el sentido común colectivo", propuso Gabriela Cerrutti, del Frente de Todos.

Camila Crescimbeni, del PRO respaldó la medida y aprovechó a responder las críticas de Grosso a su partido. "Nosotros fuimos los que suscribimos el Acuerdo de Escazú que se ratificó este año", recordó y pidió que la políticas ambientales "atraviesen a los gobiernos". 

"Hay que sacar a la política ambiental de la grieta, debe ser un tema que nos preocupe y nos ocupe", cerró  Camaño.