"Señora, devuelva a los cordobeses la plata que le prestaron. Guarde su látigo. Acá, si alguien ajusta es usted" disparó por Twitter allá por el 2013 el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que lo había criticado por la "tasa vial" impuesta en la provincia.

Un episodio chiquito en comparación a las disputas que luego vinieron, con capítulo judicial incluido, pero que grafica cabalmente la tormentosa relación política e institucional que caracterizaron a los gobiernos kirchneristas con las gestiones del peronismo provincial.

En ese historial de desencuentros, la discusión por la 125 y la pelea con el campo en el 2008 fue, quizás, el punto de quiebre en un vínculo sentenciado a la desconfianza mutua y que, pese a algunos intentos, quedó herido.

Los giros de la política hicieron que muchos años después, ya fuera de la gestión, De la Sota invirtiera (sin saberlo) su último tiempo de vida en intentar achicar diferencias con el cristinismo para construir un frente peronista nacional amplio dejando atrás viejos enconos.

Un proyecto al que, por cierto, a Schiaretti nunca le cuajó. De hecho, el cordobés sigue siendo hoy el único jefe provincial del PJ no encolumnado con el Frente de Todos. El problema es y seguirá siendo Cristina Fernández de Kirchner.

El año pasado, cuando Alberto Fernández hizo campaña en Córdoba pidió dar vuelta la página de las desavenencias y les propuso a los cordobeses trabajar en un nuevo contrato.

Y aunque en las urnas la provincia ratificó su romance con Mauricio Macri, el 30% de los votos cosechados fue tomado por el Frente de Todos como un piso desde donde comenzar a escribir la nueva historia.

Sin embargo, el crédito inicial que los cordobeses parecieran haberle dado a Alberto, se fue esfumando. A rigor de verdad, todo lo que se perciba con el sello de la actual vicepresidenta, genera rechazo en Córdoba.

Una máxima que el gobernador Schiaretti tiene clarísima y que se tradujo en cada uno de los desmarques registrados hasta aquí con el gobierno nacional.

Por eso, en momentos de profundización de la grieta y polarización de los extremos políticos, los delegados de Alberto en Córdoba tienen como misión política reforzar un mensaje reconciliador con el electorado local. Recomponer lazos, es el trabajo encomendado, más allá de como avancen o no las negociaciones por la unidad con el peronismo de Schiaretti.

El kirchnerismo no renuncia a la idea de reconquistar al segundo distrito electoral más importante del país.

Para ello, los diputados cordobeses del Frente de Todos como Pablo Carro, la camporista Gabriela Estévez o Eduardo Fernández enfatizan con números en la mano que Córdoba es una de las provincias más beneficiadas en el reparto nacional.

De igual modo, el senador Carlos Caserio, el único que todavía pertenece al PJ orgánico cordobés, promueve reuniones virtuales con intendentes y funcionarios nacionales aceitando gestiones pendientes, entre otras cosas.

En esa línea también se mueve Martín Gill, actual secretario de Obras Públicas (y con aspiraciones para el 2023) quien se muestra muy activo recorriendo la provincia de manera virtual, inaugurando obras en nombre de la Nación.

En ese camino de intentar enmendar el pasado y cerrar el capítulo de "discriminación" a la provincia, los hombres y mujeres del presidente aseguran que no habrá política de látigo y castigo para Córdoba.

Incluso, aclaran, si Schiaretti finalmente no cierra filas con el albertismo. Una carta con la que el gobernador jugará para tratar de mostrar frente a su electorado, la mayor autonomía política posible de Hacemos por Córdoba.