El Frente de Todos logró este viernes dictamen en Diputados del proyecto de ley que grava por única vez a los patrimonios mayores a 200 millones de pesos, conocido como "el impuesto a la riqueza", pero desistió de incluir a los resientes en otros países con empresas que operen aquí, ya sea argentinos o extranjeros, como había anunciado el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Heller. Se mantendrá la recaudación estimada de 307 mil millones de pesos, un 1.1% del PIB. 

"Hay algunas cuestiones de dificultad objetiva para gravarlos por esta vía. En todo caso creo que esa diferencia debe saldarse cuando se discuta una reforma tributaria. Pero esto es un gravamen a personas humanas", explicó Heller, ante una consulta del cordobés Paulo Cassinerio, uno de los cuatro votos que controla el gobernador Juan Schiaretti y serán claves para aprobar la ley. 

El impuesto a la riqueza gravará a extranjeros con inversiones en el país 

Cassinerio había admitido una queja de los empresarios de su provincia ante una posible "inequidad" porque "generan riqueza en el país" y deberán pagar el aporte de su bolsillo mientras que sus rivales de las multinacionales quedan eximidos, los mismos argumentos que había expresado Heller hace una semana, cuando anunció este retoque al proyecto original. 

La queja había llegado de las grandes corporaciones locales que cotizan en Bolsa, como los Bancos,  supermercados y cerealeras, cuyos dueños deberán hacer la contribución y no así sus competidores que viven en otros países.  

Heller reconoció que para gravar a extranjeros por sus inversiones en el país es necesaria una reforma tributaria.  Lo habían pedido los empresarios nacionales que deberán aportar.

Una idea de Heller, que había anunciado el lunes, era que los empresarios foráneos eligieran a un "responsable" de su contribución y si no lo hacían, el aporte recaía como gravamen a sus compañías. Pero propios y aliados entendieron que no haría más que ahuyentar las inversiones que tanta falta hacen. "Entendimos que estamos alcanzando a personas humanas y fuimos muy cuidadosos", reconoció el presidente del Banco Credicoop.  

No cedió ante el pedido de Cassinerio para excluir a las acciones empresarias como parte de los bienes computables. "No lo pagaría nadie. Lo estaríamos gravando por los countrys", explicó. De todos modos, el cordobés suscribió el dictamen, le permitió al oficialismo reunir 27 firmas y garantizar que el proyecto sea aprobado aunque no será fácil elegir el momento y el lugar, porque Cambiemos pidió debatirlo en forma presencial. 

Sergio Massa aún no definió si mudará alguna sesión a otra sede para garantizar el distanciamiento social o intentará conseguirla en el recinto con los que quieran ir, aunque en ese caso el protocolo obliga a justificar por escrito las ausencias y exponerse a escraches públicos. 

El mal llamado impuesto a la riqueza fue anunciado por Máximo Kirchner en abril, al inicio de la pandemia del coronavirus, pero la negociación del Gobierno con los bonistas extranjeros lo obligó a demorar su presentación y se abrió una negociación hacia adentro de su bloque que derivó en algunas variantes, como la asignación específica de los recursos. 

"Hubiera sido más fácil hacer un aumento por única vez de Ganancias o Bienes Personales, pero se hubiera generado la idea de un nuevo impuesto como fue en su momento el del cheque. Con una ley, se sabe que es un aporte único", explicó a LPO uno de los aliados que garantizará su aprobación.

Por el paso del tiempo, se introdujo un párrafo que no tardará en abrir la polémica: la AFIP podrá identificar casos en que una persona se haya desprendido de sus bienes en los 6 meses previos a la sanción de la ley para eludir el pago y gravarlo igual. 

El proyecto evitaba esa especulación tomando las valuaciones al 31 de diciembre de 2019, pero la desestimaron por un casi seguro planteo de inconstitucionalidad. Se contemplarán los valores al día de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. 

Aún así, Cambiemos sostuvo que el dictamen altera la carta magna y presentó uno propio aconsejando su rechazo, con 22 firmas. Sostiene que es un impuesto aunque no se mencione como tal y por lo tanto puede ser confiscatorio al acumularse al resto de los tributos nacionales y provinciales. 

El proyecto grava por única vez pero de forma obligatoria a los patrimonios desde 200 millones de pesos con alícuotas que partirán del 2% y subirán a 2.25% para quienes tengan 300 millones (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000 o más. 

El gravamen aumentará si los bienes están en el exterior hasta llegar a 5.5% para los más acaudalados. Podrán repatriarlos en un plazo de 60 días, aunque sólo serán reconocidos si los activos que traigan son igual o superior al 30% de sus tenencias financieras que permanezcan en el exterior. Además, los fondos deberán permanecer en el país hasta el 31 de diciembre de 2021.

La recaudación tendrá cinco destinos específicos. Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, que era el origen de la idea iba a ser el único destino. En abril, la posibilidad que escaseen insumos médicos aterraba al presidente. 

Otro 20% para subsidios a las pymes, un reclamo de Consenso Federal, el bloque de Roberto Lavagna, clave para llegar al quórum. El mismo porcentaje irá al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación con el objetivo de sostener a los chicos en el sistema escolar. 

Un 15% será para los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el plan de mejorar la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes. En los cuatro casos, el Gobierno está obligado a coparticipar los fondos con las provincias, otra negociación de estos meses.

El proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad porque diferencia a quienes tengan bienes en el exterior. Y toma a los residentes en paraísos fiscales. ¿Van a perseguir a los que viven en Paraguay o Bolivia?

No así en el otro 25% que se girará en programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de YPF S.A. "Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen", señala el proyecto. El lunes, el macrista Luciano Laspina sostuvo que no había cómo justificar que un aporte de emergencia se destine a inversiones de largo plazo. 

El radical Luis Pastori alertó sobre "vicios" de inconstitucionalidad por diferenciar a los que tengan bienes en el exterior. Y advirtió que no será fácil gravar a los argentinos que residan en paraísos fiscales, alcanzados por el aporte. "¿Van a perseguir a los que viven en Paraguay o Bolivia?", preguntó. 

"Aceptamos sus consejos si van a acompañar, si van a votar en contra no hacen falta", lo cortó Heller, molesto por tanto debate en vano. "No tengo más ganas de seguir escuchando lo que leo en los diarios. Pasemos a firmar el dictamen", pidió el santacruceño Pablo González, del Frente de Todos.  

Pastori también recriminó la ausencia en el debate de la presidenta de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien tampoco quiso conectarse hoy y el lunes había enviado un informe sobre el proyecto original. Determinó que alcanzará a 9298 personas y permitirá recaudar 307.898 millones de pesos, el 1.1% del PBI. El 60% provendría de quienes posean patrimonios mayores a 1500 millones de pesos. 

Con esos datos, un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destaca que la base imponible es cuatro veces mayor a la de bienes personales, por la inflación y devaluación de estos meses y porque están incluidos activos exceptuados de los impuestos, como depósitos bancarios y títulos públicos.

Para Cambiemos, esos detalles son los que ahuyentarán inversiones. "No se trata de defender a los ricos, sino de medir la reacción, que no es otra cosa que cuánto voy a recaudar y cuánto voy a perder, porque las empresas se van a ir del país", alertó Jaime Campos de la Coalición Cívica. 

"Algunos eligieron defender a 9.300 millonarios, en contra del interés de la mayoría. Se oponen al aporte para fortalecer el sistema de salud, construir viviendas, acompañar a las pymes y a los jóvenes. Son Juntos por los Ricos. Nosotros, elegimos defender el interés de todos. Para eso hacemos política", respondió la oficialista Fernanda Vallejos. El martes Heller volverá a reunirse la Comisión, para empezar a debatir el presupuesto con los funcionarios del Ministerio de Hacienda.