La Cámara de Senadores empezará a tratar la ley de etiquetado frontal promovida por el ministro de Salud Ginés González García, quien se lo había anticipado al presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de la Rioja.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del Frente de Todos, confirmó hace 15 días que era una prioridad del Gobierno, durante la reunión inaugural de la Comisión de Industria y Comercio, presidida por Néstor Braillard Poccard, del PRO.

Será tratada en esa comisión y en la de Salud, presidida por otro opositor: el radical Mario Fiad. Los asesores de los senadores que las integran se reunieron esta semana para repasar los 11 proyectos presentados y redactaron un borrador para un potencial dictamen en las próximas semanas, si la agenda lo permite.

El texto, al que accedió LPO, obliga a todas personas humanas y jurídicas que elaboren o fraccionen alimentos y bebidas a tener un etiquetado frontal con sus componentes, en forma de octógonos, nunca inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase.

Y deberán identificar los productos que tengan un "alto" en "azúcares" o en "grasas saturadas", "grasas totales" y "sodio". También incluirán los "valores máximos" que deben contener cada uno de esos ingredientes según la Organización Panamericana de la Salud. 

Ginés le avisó a la Copal que avanzará en una ley de etiquetado frontal de los alimentos

Habría una declaración obligatoria de azúcares totales, con la obligación de precisar la cantidad utilizada en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano. Pero se librará de esa responsabilidad a las "azúcares comunes", una exigencia de las economías regionales. 

Fue una batalla que libraron en 2017, cuando el presidente Mauricio Macri intentó subir los impuestos de las bebidas azucaradas para reducir su consumo, pero chocó con los gobernadores de la provincias elaboradoras, como Tucumán.  El lobby de las alimenticias no tardará en volver al Congreso y de ahí la anticipada cumbre de Ginés con la Copal.    

El ex ministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein, había anunciado esta ley el año pasado, en un encuentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Destacó modelos similares en Uruguay, Chile, México y Perú; a partir de un acuerdo entre la entonces Secretaría de Producción y la de Comercio Interior. 

El borrador que circuló excluye del etiquetado a las azúcares comunes, para proteger el lobby de las economías regionales. Pero deberá informar cuando sean elevados y todo tipo de grasas. 

Pero el año electoral no permitió los debates parlamentarios, aunque no impidió que se presentaran otros proyectos, como las diputadas Gisela Scaglia (PRO) y Brenda Austin (UCR).  El de Scaglia obliga a una etiqueta adicional a "aquellos alimentos o sustancias aptas para consumo humano, que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo contengan en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que determine la Autoridad de Aplicación".

Y el de Austin, presentado en marzo, establece "la obligatoriedad de declarar el contenido cuantitativo de azúcares en la Declaración de Valor Energético y Nutrientes de todo alimento envasado destinado al consumo humano". 

La etiquetas deberían contener la "composición final el contenido de azúcares, grasas saturadas y/o sodio exceda los valores establecidos, debe contar con etiquetado de advertencia en el rotulado del envase". No son muy diferentes al que trabaja el Senado, que por ahora corre más rápido.