Alberto Fernández definió una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones y aceptó sostener a la inflación como una de las variables, aunque no será la única como pide Cambiemos, que exige además dirimirla con un debate presencial en el Congreso.
El nuevo índice llegará al parlamento en un proyecto de ley antes de fin de mes y el plan oficial es sancionarlo a más tardar en noviembre junto al presupuesto, que se presentará el martes 15 de septiembre y tendrá al gasto previsional entre los más elevados.
Las cuentas fiscales están ajustadas: el ministro de Hacienda Martín Guzmán pidió a las autoridades parlamentarias del oficialismo que al menos por un tiempo evitaran leyes con nuevos gastos. Necesita exhibir solidez para iniciar las negociaciones con el FMI.
Aún así, en el Gobierno admitieron que no hay chances políticas de debatir una movilidad previsional que ignore la suba de precios y la incluirán de una u otra manera en la fórmula que por estas horas ultiman técnicos de Anses con legisladores del Frente de Todos.
No era la idea original. Con la inflación fuera de control, en diciembre Alberto suspendió por seis meses y luego por un año la fórmula del gobierno anterior, que ponderaba la evolución de precios en un 70% y en un 30% la de salarios, medida por el el Ministerio de Trabajo, conocida como Ripte.
Confirmado: Alberto prorrogó por DNU la suspensión de la movilidad jubilatoria
En esos días, el presidente y el ministro elogiaban el índice anterior a 2017, que combinaba la recaudación de Anses con la variación salarial, tomando la suba más alta entre las que medía el Indec y el Ripte. Cuando se modificó, ocasionó fuertes protestas de la oposición de entonces, porque no imaginaban la fuerte recesión, caída de ingresos e inflación récord que dos años después obligaban a un aumento previsional que el gobierno naciente no pudo pagar.
La promesa de Alberto era tener un nuevo índice en junio, pero la pandemia complicó la negociación y prefirió suspender el de Macri por otro semestre, con la continuidad de aumentos trimestrales. Utilizó un decreto de necesidad y urgencia, luego de enviar un proyecto de ley a Diputados y no tratarlo por falta de consenso con la oposición. Ya en ese entonces, el diputado radical Alejandro Cacace había denunciado que en los primeros seis meses algunos jubilados habían cobrado entre 540 y 14.000 pesos menos.
En su visita al Senado, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero lo negó. Aseguró que con las subas trimestrales por decreto la mayoría de los ancianos tuvieron más aumento que la inflación y que no fue así cuando gobernaba el ex presidente. "Con la aplicación de la fórmula anterior entre 2017 y el 2019 los jubilados perdieron un 20 por ciento del poder adquisitivo", se defendió.
Y definió como un refuerzo salarial indirecto la gratuidad de los medicamentos. "Le puede parecer insuficiente, pero es una política que ustedes liquidaron y nosotros vinimos a recomponerla", le reprochó al senador radical Julio Martínez.
El debate sobre cómo mejorar los haberes previsionales animó las 16 reuniones de la bicameral mixta de movilidad previsional, integrada por funcionarios del Ministerio de Trabajo, Hacienda, Anses y legisladores de ambas Cámaras.
Su presidente es el diputado oficialista Marcelo Casaretto, quien diseña el índice con el Ejecutivo y confirmó a LPO que está al llegar. "En septiembre se va a terminar la propuesta. Lo que es seguro es que vamos a ponderar los salarios, la recaudación y también la inflación. Y vamos a garantizar que los jubilados no pierdan".
"Hay que mantener el poder adquisitivo de los jubilados y para eso los haberes deben acompañar a la inflación. Es la única manera", simplificó el radical Cacace, que también integra la bicameral.
La nueva fórmula
Una decisión tomada es que la actualización será cada seis meses y no por trimestre. Y estudian combinar salarios y recaudación de Anses, pero aplicar un ajuste por inflación en caso que supere los ingresos previsionales, como ocurrió este año por la feroz caída de la actividad económica. Se compensaría con aportes fijos y otros prorrateados y actualizados a tasas variables.
Una opción que se barajó fue la de contemplar la inflación para jubilaciones mínimas (que son las más beneficiadas con las sumas fijas), pero temen un fallo judicial que la invalide. Ya sufrieron uno por demás peculiar: la Cámara previsional de Salta pidió actualizar las jubilaciones con el índica aplicado en la reciente ley de alquileres: 50% Inflación y 50% Ripte. El Gobierno la apeló, pero no está en condiciones de llegar a 2021 sin el tema resuelto y quedar en manos de la Corte Suprema, también en este tema.
Otra de las variantes de la ley es el rol que tendrá que cumplir el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, el FGS, activos heredados en su mayoría de la estatización de las AFJP, que incluyen títulos públicos y acciones de empresas.
Varios especialistas que expusieron en la comisión, como el kirchnerista Miguel Ángel Fernández Pastor, un abogado experto en temas previsionales, propusieron que esos fondos se usen para cubrir los desajuses que pueda haber en la actualización de jubilaciones y no vuelvan a invertirse en otros fines.
Este último objetivo persigue en parte el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso para cambiar varias pautas del FGS. Una de esas es prohibir que venda activos para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de reparación histórica de 2016.
Pero resta pulir detalles para alcanzar el acuerdo de los bloques chicos de Diputados y calmar a Cambiemos, que se niega a debatir esta ley en forma remota y pide una sesión cara a cara, dónde y cómo sea. "A nosotros nos tiraron piedras, ustedes den la cara", desafió la macrista Silvia Lospennato, en la accidentada reunión de labor parlamentaria de la semana pasada, en la que la palabra "jubilados" fue de las más mencionadas. "¿Qué diputado nuestro conoces que no haya dado la cara?", se exaltó Máximo Kirchner.
Este martes el oficialismo aceptaría que algunas leyes que pida Cambiemos se traten en forma presencial, en condiciones a definir, y la movilidad previsional entrará en el paquete. Se habla del Arena Movistar, en Villa Crespo, recientemente inaugurado y con capacidad para 10 mil personales sentadas. Aunque no ignore la inflación, al Gobierno no le será fácil conseguir los votos para aprobarla, pero le alcanza con que se respeten las reglas de juego. No es poco en estos tiempos.
