Varias modificaciones al proyecto aprobado en el Senado este jueves y el respaldo de al menos un sector de Cambiemos son las demandas para apoyar la reforma judicial que se escuchan por estas horas entre los diputados de los dos bloques chicos, que supieron colaborar con el Gobierno para sancionar sus principales leyes.

Son Unidad Federal para el Desarrollo (Udeso), la bancada conducida por el mendocino José Luis Ramón; y el interbloque federal, un mix de lavagnistas, socialistas santafesinos y los cuatro de Córdoba Federal. Estos últimos confirmaron que no darán quórum por el costo político que le significaría al gobernador Juan Schiaretti.

Los demás habían anunciado que no apoyaban la reforma cuando Alberto Fernández la envió a la Cámara alta, pero no cerraron la puerta a la búsqueda de consensos. Aunque, en estricto off the record, consideran que el clima político, como está, no les permite ser garantes de la ley sin pagar un precio altísimo y por eso piden más que nunca abrir puentes con radicales o macristas. Al menos con una parte, que permita alcanzar los 171 de los dos tercios e impedir que la mayoría oficialista del Senado ratifique su versión.

"Ni Alberto ni Massa pueden sacar la ley por un voto con una manifestación en las calles. Al menos una parte de Cambiemos tiene que ayudar", coincidieron a LPO dos federales, que en estos días hablaron entre ellos y coincidieron en bajar el perfil.

Los cordobeses no dan quórum y Massa lanza una ofensiva para aprobar la reforma

Entienden que el presidente intentó dar un primer paso cuando convocó a la quinta de Olivos al senador Martín Lousteau el fin de semana, motivo de tensión con Horacio Rodríguez Larreta. Y pareció otra señal el sorpresivo retroceso de Oscar Parrilli con la cláusula para denunciar a los medios, una sorpresa para sus propios compañeros. La adjudican a un llamado de Alberto o de Cristina Kirchner, que en este tema exhibieron tensiones como nunca antes. 

El presidente no ocultó su fastidio por la reescritura de varios capítulos que hicieron los senadores para cubrir sus provincias de Juzgados y Cámaras de Apelaciones, sin importar el costo fiscal. Ni siquiera quedó intacto el capítulo de Comodoro Py, con la eliminación de la fusión de los fueros civiles y comerciales con el contencioso administrativo, un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Y cerca de la vicepresidenta se molestaron por el silencio de la ministra de Justicia Marcela Losardo mientras se debatía en esa Cámara. Recordaban que el proyecto es, en origen, un plan suyo y de su jefe, como certificó Cristina en su carta del martes. 

Otro gesto que anotaron en el Congreso fue el discurso del senador radical Luis Naidenoff, quien pidió pisar el proyecto un tiempo y revisarlo entre todos, antes que la Justicia le ponga un freno a una mayoría ajustada que aún no está conformada. 

"Esperemos que los diputados puedan encontrar ese parate que necesita la Argentina para reflexionar y darse cuenta por dónde van las prioridades. Quizás ahí tengamos la última esperanza de la política, antes que la de la Corte, para decir: 'Esto se merece un compás de espera; hay otras prioridades; miremos a la sociedad; nos exigen otras cosas". 

Graciela Camaño. 

Diputados

Naidenoff reconoce como jefe al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, uno de los opositores que mirará con lupa el proyecto de presupuesto que llegará a Diputados el 15 de septiembre. También necesita que el Congreso apruebe la ley que refinancia las deudas de las provincias con Anses, que llegó a la Cámara baja hace una semana y se trataría en 10 días. Faltaría, después, el respaldo de la mayoría oficialista del Senado para que sea ley.   

Hace quince días, Graciela Camaño, la más entendida en estos asuntos entre los federales, sugirió algunas modificaciones en una entrevista a La Nación, como enfocarse en la creación de fiscalías para acelerar el sistema acusatorio, que les otorga el poder de instrucción y se empezó a implementar en algunas provincias, con el plan de llegar a todas. No pareció ser el espíritu de las modificaciones realizadas en el Senado hasta minutos antes de votar. 

El Senado aprobó la reforma judicial sin la cláusula de Parrilli sobre los medios 

También reclamó anticipar las reformas al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público que debate el comité de expertos y repitió estas sugerencias entre sus compañeros en los zoom de estos días. Camaño y Eduardo "Bali" Bucca, jefe en los papeles de esa fuerza, son los que llevan las impresiones de los suyos a Massa para que testee con la Casa Rosada.

La agenda de los juristas notables también incluye otros temas que podrían incorporarse a la reforma aprobada en el Senado cuando se debata en la Cámara vecina: el juicio por jurados, presente en algunas provincias y con proyectos en común de oficialistas y opositores. Es una de las propuestas del bloque de Ramón, junto a una ley de acciones colectivas y la puesta en marcha del Tribunal de Defensa de la Competencia. 

Entre los diputados del oficialismo la reforma judicial todavía no es un tema de agenda: ni se tocó en la reunión de bloque que, por zoom, tuvieron al mediodía de este mediodía. Y ni los presidentes de las comisiones que deberían tratarlo recibieron llamados para informar una hoja de ruta definida. Massa anticipó en entrevistas televisivas que habrá más de 40 expositores en los plenarios de comisiones, que aún no tienen fecha de inicio. 

José Luis Ramón. 

Télam

En Cambiemos hay cierta euforia por la certeza de tener frenada la ley, pero la visita de Lousteau a la quinta de Olivos levantó las antenas de algunos, porque cuenta con 3 diputados afines que podrían ser claves para que Alberto no vea naufragar una de las leyes que más anunció. 

Además, algunos referentes de la UCR y el PRO sueñan con juntar 129 votos en contra, lo necesario para llegar al quórum y abrir el recinto, convocar a una sesión especial para rechazar la ley y dejarla en el olvido, lo que ocasionaría un golpe muy duro para el Gobierno. Creen que si no se dan ese paso, en cualquier momento podría reenviarse al Senado, donde la mayoría oficialista funciona sin fisuras. 

Aunque no siempre es tan así: con la reforma hubo muchas presiones por la distribución de los juzgados, se incorporaron algunos hasta último minuto y no pudieron evitar la rebelión de Adolfo Rodríguez Saá, que se desconectó a la hora de votar, molesto porque no cumplían sus dos reclamos: plazos mínimos para los fallos de la Corte y el traspaso de competencia de las cámaras federales a los tribunales orales provinciales. No será tan sencillo volverlos a juntar por este tema.  

Los poroteos no están tan claros para nadie. Los más entusiastas de Cambiemos creen que contarán con los 116 propios, la ayuda que siempre se espera de los 2 de izquierda para sesionar; los 4 cordobeses, los 2 socialistas santafesinos, 2 del bloque de Ramón que vienen votando en contra (Beatriz Ávila y Antonio Carambia) y los 3 de bloque Consenso Federal de Roberto Lavagna.

Mantienen en una zona gris a Bucca y al salteño Andrés Zottos, quienes colaboraron con los artículos más polémicos de la moratoria y la ampliación presupuestaria del Gobierno, pero pusieron reparos con la reforma judicial. Como Camaño, pidieron "un consenso amplio" que no parece fácil de alcanzar. Ávila se expresó en contra pero Carambia aún no. "El proyecto aún lo estoy estudiando con mis asesores", dijo a LPO el hermano del intendente de Las Heras, una ciudad de la provincia de Santa Cruz. 

Con estos números, en el oficialismo hay quienes confían en llegar con lo justo y buscar una victoria pírrica con el voto de Massa y el retorno de José Ignacio de Mendiguren, que se tomó licencia para presidir el Bice pero tiene su banca virtual lista para cuando lo desee porque no le permitieron jurar a su reemplazante, Marcelo Díaz, por su cercanía a Margarita Stolbizer. Otros aceptan el llamado de cordura de barajar y dar de nuevo que piden los posibles aliados. Los demás esperan. Ninguno está apurado.