La clausura de la central termoeléctrica de Pilar que controlan Manzano y el empresario macrista Gustavo Ferraro del fondo Gramercy generó un fuerte revuelo en Luján, donde opera otra de las usinas de Araucaria Energy incluso con más irregularidades que la planta cerrada.

"Vamos a votar una ordenanza para clausurar y demoler la planta. Motivados por la noticia de Pilar vamos a buscar tratamiento en comisiones en los próximos días. Es una lucha hermana muy parecida a la de Pilar, pero nuestro caso es peor. Acá funciona sin ningún tipo de autorización", anticipó a LPO el jefe del interbloque del Frente de Todos, Cesar Siror.

En efecto, según pudo constatar LPO, la plata de Araucaria de Luján está operando sin los permisos de zonificación necesarios ni las autorizaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), repartición del gobierno bonaerense actualmente a cargo de Juan Brardinelli, sin cuya autorización es ilegal prender una usina termoeléctrica. 

Se unen dos municipios para clausurar una central de Manzano y Gramercy

El caso de Luján tiene grandes similitudes con lo ocurrido en Pilar, con una salvedad importante: el intendente Leonardo Boto encabezó la resistencia a la instalación de la planta cuando era opositor y desde que asumió como intendente, dejó languidecer esa iniciativa y permite en los hechos que la planta siga operando. 

En efecto, en los años que era un concejal opositor, Boto se negó a dar quórum como forma de bloquear la autorización para que opere la planta de Araucaria, pero a diferencia de Pilar donde el intendente Federico Achával lideró el reclamo ni bien asumió y logró que el OPDS iniciara los estudios de impacto ambiental para poder concretar la clausura, el intendente de Luján una vez en el cargo no volvió a referirse al tema.

El intendente de Luján, Leonardo Boto.

Ante la consulta de LPO, desde el municipio afirmaron que no van a hacer declaraciones y simplemente aclararon que están "a la expectativa de lo que decida la OPDS" y que creen que habrá "novedades en las próximas semanas".

La cuestión es que en este caso no es necesaria la opinión del organismo provincial para proceder con el cierre. En Luján se derogó el cambio de rezonificación y hay una ordenanza que prohíbe la instalación de industrias de tercera categoría como la planta de Araucaria. 

La planta de Luján fue ubicada en frente del barrio cerrado Santa Irene y del colegio New Zealand Pacific School, un procedimiento que se repitió en Pilar, donde también se ubicó a metros de dos barrios de viviendas particulares.

Tan escandaloso fue el procedimiento de instalación de esta central, que el Concejo Deliberante declaró en su momento "persona jurídica no grata" a la firma y el peronismo presentó una denuncia contra el ex intendente Oscar Luciani y su gabinete por "incumplimientos de los deberes de funcionario público" por su aval a las irregularidades.

Las contradicciones de Luciani quedan en evidencia en una entrevista con el medio zonal El Civismo donde admite el "error" de encuadrar a la planta como un servicio y no como una industria -lo que hubiera imposibilitado su concreción-, reconoce que se dejó actuar "mientras se iban haciendo los papeles".

La planta fue ubicada en frente del barrio cerrado Santa Irene y del colegio New Zealand Pacific School, un procedimiento que se repitió en Pilar, donde también se ubicó a metros de dos barrios de viviendas particulares.

El ex intendente de Cambiemos, Oscar Luciani junto a Fabián Perechodnik.

Aun así, la gestión de Boto ahora descarga la responsabilidad en la OPDS, que tampoco parece muy interesada en avanzar con la clausura. En el ente provincial afirmaron a LPO que "lo de Pilar fue una cuestión técnica" y anticiparon que "no van a revisar a todas las plantas de Araucaria".

"A mí me llama la atención que habiendo estado tan en contra de este proyecto, todavía no haya clausurado la central. El intendente directamente no ha hablado de esto desde que asumió. Lo cierto es que el expediente lo tiene él y no lo ha enviado", destacó a este medio el concejal de Juntos por el Cambio, Fernando Casset.

Me llama la atención que habiendo estado tan en contra de este proyecto, todavía no haya clausurado la central. El intendente directamente no ha hablado de esto desde que asumió. Lo cierto es que el expediente lo tiene él y no lo ha enviado.

La mayoría de la oposición se mantiene a favor de la usina y dice que es beneficiosa para el distrito por la mayor recaudación por la tasa de seguridad e higiene, posibles compensaciones por la plusvalía del uso diferenciado de la tierra y una generación de energía que podría reducir las tarifas de electricidad que son bastante más altas que en el Conurbano.

El director de la OPDS, Juan Brardinelli.

Más allá de estos motivos que podrían hacer dudar al intendente Boto en este contexto de crisis económica por la pandemia, muchos en Luján sostienen que el giro se produce por "la influencia de Manzano", que se quedó con la empresa junto al fondo Gramercy, cuando entró en default luego de la última gran devaluación. 

La eventual clausura de Luján terminaría de complicar las negociaciones que lleva adelante el ex ministro menemista con los acreedores liderados por BlackRock. Araucaria Energy enfrenta vencimientos de varios millones de dólares todos los meses -por los créditos solicitados para construir sus cuatro centrales- que va cancelando con los fondos que recibe de Cammesa por cargo fijo y generación.

No tengo dudas que el intendente Boto va a accionar. Formó parte de las movilizaciones y los recursos de amparo presentados en su momento para acompañar a los vecinos. Vamos a ser coherentes y vamos a darle continuidad a una lucha que fue muy dura.

En consecuencia, el cierre de dos de sus cuatro activos sería letal para poder mantenerse como un jugador energético. La clausurada central de Pilar era la nave insignia del grupo con una producción de 250 megas, le sigue Zárate con 230 megas, luego Luján con 120 megas y por último San Pedro con 100 megas. Es decir que se finalmente también se clausura Luján, la generación de Araucaria habrá caído a la mitad.

Su única esperanza es que incluso con la clausura se le respeten las cláusulas "Take or Pay" que fijó el macrismo para promover las inversiones, que determinan la obligación del Estado de pagar por la potencia instalada y no por la producida.

"No tengo dudas de que el Departamento Ejecutivo va a accionar. El intendente formó parte de las movilizaciones y los recursos de amparo presentados en su momento para acompañar a los vecinos. Vamos a ser coherentes y vamos a darle continuidad a una lucha que fue muy dura", confía el concejal Siror, a pesar de la indecisión de Boto.