El Gobierno habilitó el debate de una ley contra la violencia institucional para unificar protocolos en las fuerzas de seguridad de todo el país y evitar excesos como los denunciados desde el 20 de marzo, cuando empezó el confinamiento social por el coronavirus.  

El texto, según supo LPO, lo redactan por estas horas los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, en diálogo con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, que este viernes reconocieron un aumento de las denuncias por abuso policial durante la pandemia.

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En una teleconferencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, presidida por Penacca, Pietragalla informó, con un gráfico, que entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo hubo 71 denuncias por violencia institucional, mientras que desde el inicio del aislamiento social hasta julio se recibieron 541. Incluyen lesiones pero también fallas en la defensa y atención médica de detenidos.

Hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y que dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad. 

"Hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad. Deben estar atadas a principios de organismos internacionales, como la ONU y la CIDH", advirtió el secretario.

Pietragalla informó que la Secretaría colabora con las víctimas de violencia institucional en la defensa y los peritajes y no busca estigmatizar a las fuerzas. "El objetivo es que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos no se lo mire al Estado sino al individuo que viola los derechos humanos. Pero es importante la sanción política, porque le da un mensaje claro a la justicia para que avance". 

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Fotografía HCDN

La Secretaría intervino en las denuncias sobre violencia policial resonantes como la del tucumano Luis Espinosa ("Nuestra abogada estaba con la madre cuando supo que murió", relató Pietragalla), o el ataque a la comunidad Qom de Chaco, donde "el gobernador Jorge ‘Coki' Capitanich exoneró a los policías y es querellante", diferenció. Por excesos policiales, presentó hebeas corpus en Salta y en Chubut.

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Frederic reconoció que no será fácil cambiar el accionar de las policías provinciales porque tienen plena autonomía. Y el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez recomendó que el proyecto de ley sobre violencia institucional sea de "acción pública" para que las provincias puedan adherir y no haya reclamos de constitucionalidad por violación de autonomías. Celebró la baja de los prófugos de este año.

La ley de violencia institucional fue anunciada por Máximo Kirchner en la última teleconferencia de Alberto Fernández con los jefes de bloque de la oposición, ante los reclamos por la desaparición del joven bonaerense Facundo Astudillo Castro, a quien se vio por última vez cuando iba hacia Bahía Blanca y se investiga si la policía bonaerense tiene vínculo con el hecho.  

En su presentación, la ministra sostuvo que la violencia institucional se produce "cuando el uso de la fuerza se ejerce de forma abusiva" sin cumplir los principios internacionales de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. "Se necesitan protocolos de actuación para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos".

Informó que este año hubo 39 denuncias a las fuerzas de seguridad federales por exceso de atribuciones en el marco de la pandemia, con 96 implicados. Fueron 22 hechos de gendarmería, 9 de policías federales, 7 de prefectura y uno de la policía se seguridad aeroportuaria.

"Recomendamos garantizar siempre presencia de abogados, reconocimientos médicos, no detener de manera compulsiva ni hacerlo sin informar a la autoridad judicial", explicó la ministra.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en una teleconferencia con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Para la oposición las cuarentenas estrictas explican los incidentes. "Fueron ustedes: no los resabios de la gestión anterior", los cruzó el radical Luis Petri. Su correligionario Álvaro de Lamadrid informó que denunció penalmente al presidente Alberto Fernández por "abuso de funciones y violación de los derechos y garantías" en el decreto que prohíbe reuniones sociales en todo el país por 15 días. "Su única atribución era un Estado de sitio, pero no estaban las condiciones para hacerlo".

Los funcionarios brindaron detalles de la actuación que lleva adelante la policía federal en el caso Astuillo Castro, pero aprovecharon el ida y vuelta con Cambiemos para destacar la reciente investigación abierta sobre la actuación de la gendarmería en el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, durante el corte de ruta en 2017, en Chubut.

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"Nuestro compromiso contra la violencia nacional se vio reflejado con la investigación disciplinaria sobre el operativo que terminó con la muerte de Maldonado, que debió haberse hecho antes. Era una deuda con la sociedad, con la familia y con la propia gendarmería", dijo Frederic ante de despedirse.

Y definió aquella actuación como "innecesaria, no urgente, desmedida y sin contar con los recursos y la capacidad del personal que allí se estaba desempeñando. La gendarmería sabía que ese operativo se había desarrollado por afuera de cualquier protocolo o doctrina. Por eso denunciamos al (ex jefe de Gabinete de Seguridad Pablo) Noceti".

Pietragalla también había hecho exaltar a la oposición con recuerdos de la gestión de Patricia Bullrich. "No vamos a recibir a policías que disparen a cualquier individuo por la espalda (en alusión al policía Luis Chocobar); no vamos a revictimizar a las víctimas, a mandar a los servicios a escuchar a la gente; ni vamos a decir que Facundo (Castro) está en una ciudad porque todos son parecidos", chicaneó, en alusión a los supuestos hallazgos de Maldonado que se informaban antes de la aparición de su cadaver. 

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Los funcionarios dedicaron parte de sus exposiciones a brindar detalles de la investigación por la aparición del joven Facundo Astudillo Castro y el secretario contó que la vicepresidenta se interesa por saber cómo está la madre y cómo avanza la causa.  

Télam

"Hay preocupación del gobernador Axel Kicillof, quien se comunicó con la familia de Facundo; lo mismo que el presidente Alberto Fernández. Y hasta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que todo el tiempo me está llamando para ver cómo está la madre, cómo está la investigación", reveló. 

"Nosotros tenemos una sensibilidad con este tema que siempre tuvimos cuando éramos opositores y no perdimos hoy que somos oficialistas. Queremos sanción, no queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, pero sí demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan", sostuvo Pietragalla. 

"Nuestro compromiso contra la violencia nacional se vio reflejado con la investigación disciplinaria sobre el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, que debió haberse realizado antes. Fue innecesario y desmedido".  

Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril a la vera de la ruta nacional 3 cuando intentaba llegar a dedo desde su pueblo, Pedro Luro, hasta la casa de su ex novia en Bahía Blanca. Pero los funcionarios aclararon que recién intervinieron en la causa cuando el 8 de julio cambió la caratula de averiguación de paradero a desaparición forzosa, porque tres testigos dijeron haberlo visto en un patrullero policial.  Comenzó a actuar la justicia federal de Bahía Blanca y la policía que depende de Frederic.

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La ministra hizo una cronología de las actuaciones. "El mismo 8 de julio hubo un secuestro de elementos de interés para la causa y el 11 un reconocimiento de restos óseos hallados en un basural, que según expertos forenses no pertenecen al cuerpo humano. El 13 se dispuso el despliegue de recursos humanos y tecnológicos".

"Hubo allanamientos a distintas comisarías y los elementos del lugar fueron levantados bajo estricto protocolo. El 25 de julio se comenzó el rastrillaje de perros y equipos especializados en la zona de ruta 3. El 27 se hicieron otros más atrás de las vías férreas que llegan a Bahía Blanca. Y desde los últimos días de julio un peritaje al teléfono. Hubo elementos secuestrados y objetos en tareas de campo". 

Frederic anunció que esperan un peritaje para saber en qué antena impactaron las últimas comunicaciones y dar con la ubicación del celular de Facundo al momento de su desaparición. Eso permitiría descartar algunas líneas de investigación. 

La radical Karina Banfi exigió saber cómo había actuado la secretaría de derechos humanos y Pietragalla insistió en que nada pudo hacer hasta el 8 de julio. "Ahí empezamos a hacer los oídos de la familia. Siempre nos ponemos a disposición para empoderar a la víctima y las primeras horas son claves. Pero cuando es una averiguación de paradero intervienen fuerzas provinciales". El debate continuará. Con un proyecto de ley.