La Cámara de Diputados aprobó este martes la ampliación del presupuesto con los artículos que permiten emitir un bono de 1500 millones de dólares para canjearlo por títulos en moneda local, que la oposición rechazó y estuvo muy cerca de hacerlos caer. 

Se aprobaron con 129 votos a favor, lo mínimo para la mayoría simple. Se opusieron los diputados de Cambiemos y los cercanos a Roberto Lavagna, quien había cuestionado la decisión con un hilo de twitter cuando se debatió el proyecto en la Comisión de Presupuesto. Lo representó en su postura Jorge Sarghini. "De mínima, se dispone un privilegio, porque dolariza en pesos", insistió en la sesión. 

Lo acompañó en el rechazo su interbloque Federal con la excepción del salteño Andrés Zottos, convertido en una pieza clave para que el Frente de Todos llegue a la mayoría. Y seis de los ocho miembros de Unidad para el desarrollo, el bloque de José Luis Ramón: como en la moratoria, la tucumana Beatriz Ávila y el santacruceño Antonio Carambia volvieron a diferenciarse. 

El ministro de Hacienda Martín Guzmán supo el martes de los números finos en una teleconferencia con los diputados oficialistas, cedió con otras demandas de la oposición como eliminar el impuesto a la leche, pero se mantuvo firme con los artículos 7 y el 8. 

El primero emite hasta 1500 millones de dólares para intercambiarlos con los "instrumentos de deuda pública denominados en pesos que determine el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera". 

Lavagna criticó la estrategia de Guzmán: "Transformar deuda en pesos en dólares es un error grave"

El siguiente habilita "futuras suscripciones de títulos públicos denominados en pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública denominados en igual moneda". Y ambas operaciones se las excluye del artículo 65 de la ley de administración financiera, que obliga canjear títulos sólo si consigue una mejora en los montos o plazos.

"Nosotros quisimos modificar ese artículo en 2018 para que pueda hacerse operaciones en función de condiciones de mercado, pero la oposición no quiso. Además del Frente para la Victoria, tuvimos el rechazo de los ex diputados Marco Lavagna y Diego Bossio, que tenía como asesor al actual ministro Guzmán. En este caso, no sabemos cuál es el beneficio", se molestó Luciano Laspina, del PRO.

La mayor parte de la ampliación presupuestaria será para  servicios sociales y subsidios económicos, como se conoce al financiamiento a los servicios públicos como luz, gas y transporte del área metropolitana. 

Sugirió que podía tratarse de un "traje a medida" de Pimco y Templeton, los fondos de inversión que participaron de varias licitaciones en pesos durante el gobierno de Mauricio Macri. El oficialista Carlos Heller se negó a dar nombres pero aceptó que se intenta absorber títulos en pesos de los últimos años que complican el renaciente mercado de capitales en moneda local. 

"Se han creado procesos de reperfilamento de deuda con fondos que entraron en acciones claramente especulativas, con el famoso 'carry trade', para ganar plata haciendo el juego de la diferencia entre las altísimas tasas de interés. Son un factor de alteración de la política es el desarrollo en pesos", explicó.

Fotografía HCDN

"Son subastas a monto fijo, por 1500 millones de dólares. Los que entrarían en este canje recibirían un bono en dólares que comenzaría a vencer en 2025, el más corto. El más largo sería del 2028 al 2037. Los que cuestionan la dolarización no tienen en cuenta cuenta que el Gobierno viene canjeando títulos en dólares por otros en pesos por 7839 millones en moneda estadounidense.  Y las colocaciones en pesos vienen superando los montos de vencimiento", insistió, minutos antes de votar los artículos de la polémica.

La ampliación presupuestaria fue votada en general por 228 votos y tuvo sólo 9 rechazos y 16 abstenciones. Agrega 1.859.582 millones de pesos que se cubrirán en su mayoría con nueva recaudación (642.844 millones), rentas del Banco Central (1.017.738) y otras fuentes financieras (290.948). No se computa el ingreso estimado por la AFIP de la moratoria (540 mil millones de pesos).

"La situación generada por la pandemia ha causado un agravamiento en todos los órdenes, como sucede en el mundo entero. Un aumento razonable de los gastos y una caída preocupante de los ingresos producto de la caída de la actividad económica", sostuvo Heller. 

La mayor parte del gasto será para servicios sociales (592.236 millones), seguido por subsidios económicos (250.677 millones), como se conoce al financiamiento a los servicios públicos como luz, gas y transporte del área metropolitana.

También hay 170 mil millones para el ingreso familiar por emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), 130 mil para asignaciones familiares, 78 mil para desarrollo Social, 63 mil para Educación, 51 mil para Salud. 

Agrega 50 mil millones de pesos al fondo fiduciario para las provincias, 6 mil para cancelar deudas previsionales y una compensación a La Rioja por coparticipación mal liquidada. Con estos gastos, el déficit asciende a casi 8 puntos del PBI. "Son 40 mil millones de dólares. Deberíamos haber votado alguna medida para reducir el gasto, algún gesto", reclamó Laspina.

El debate en comisión y las negociaciones de estos días obligaron al Gobierno a aceptar muchos cambios para poder sancionarla. Se creó un fondo para el transporte del interior del país por 10500 millones de pesos (era de 9500 en el dictamen y se aumentó en el recinto),  300 millones al Hospital Posadas y se habilitó al jefe de Gabinete para atender el programa "intercosecha" y financiar desagües cloacales en Río Negro, con partidas a definir. 

Se autorizó una distribución "equitativa" de los fondos de Camesa a generadores y distribuidores de energía y se eliminó el impuesto a la leche, que era de 10.5% para la que no tiene aditivos. Guzmán anticipó que quedará para la discusión de la ley tributaria que llegará junto al presupuesto, como cada 15 de septiembre. 

Se incorporó un artículo aclarando "el régimen legal" para las empresas Aerolíneas y Austral, que Heller que tuvo que reescribir porque Cambiemos denunció que intentaba evitar la inspección de la Auditoría General de la Nación (AGN). 

La pelea entre las provincias por el reparto siguió hasta la votación en particular, cuando Cristian Ritondo, del PRO, consiguió incorporar un fondo de 5 mil millones para los municipios de la provincia de Buenos Aires, como había adelantado LPO. 

Lo rechazó a viva voz el radical José Cano. Su correligionario Luis Pastori pidió que los 50 mil millones del fondo fiduciario se repartan según índices de coparticipación. El oficialismo no quiso.