El artículo 11 de la moratoria, que permite ingresar a empresas que hayan quebrado y Cambiemos califica como una amnistía encubierta al empresario kirchnerista Cristóbal López, fue aprobado en Diputados con sólo 130 votos, uno más que lo necesario para el quórum propio, síntoma de que al frente de Todos no le sobra nada para conseguir leyes polémicas.

Y la causa principal es la autonomía de Roberto Lavagna y la rebelión de dos miembros de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque presidido por el mendocino José Luis Ramón. Se trata de Beatriz Ávila y Antonio Carambia, que rechazaron el polémico artículo y obligaron a Máximo Kirchner a ajustar clavijas para que no se cayera. 

Fue necesario el apoyo de Eduardo "Bali" Bucca, el jefe del interbloque federal, donde conviven lavagnistas, cordobeses y socialistas santafesinos. Sumó a su par salteño Andrés Zottos y Andrés "Topo" Rodríguez, mano derecha del ex candidato presidencial, ayudó con la abstención.  

Ávila votó en contra y lo justificó: "Es cierto que hay muchas empresas a las que tenemos que llevarles alivio, pero hay que diferenciar a las que han llegado a la quiebra por la crisis económica y la pandemia, de aquellas que sus titulares cometieron hechos delictuales en contra del fisco".

Como explicó LPO, su marido, el intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro, explora un acuerdo con Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017, cuando Ávila debe pelear por renovar el mandato.

Cambiemos impulsa un acuerdo de Amaya y Alfaro para enfrentar al sucesor de Manzur

Su nombre se hizo conocido en la escena nacional cuando en noviembre se apartó del interbloque Cambiemos junto a Carabmia y Pablo Ansaloni. Se plegaron al que armó Ramón, líder de un partido provincial de Mendoza (Protectora), al que se agregaron también el rionegrino Luis Di Giácomo y tres misioneros, al mando de Ricardo Wellbach. 

Carambia también votó en contra el artículo 11 y el motivo no sería muy distinto al de su compañera: el hermano es el intendente de Las Heras, José María Carambia, quien considera que ya es tiempo de confrontar con su gobernadora Alicia Kirchner pensando en 2021. "Tiene que diferenciarse y no hay incentivos a seguir esperando", confiaron a LPO desde su entorno. En tiempo de pandemia, las ayudas de Nación no llegaron como esperaba. 

Así las cosas, los números están finos para temas que alimenten la grieta. El oficialismo tiene 118 votos, porque resigna a José Ignacio de Mendiguren, de licencia para presidir el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). 

Necesita 11 más para llegar al quórum y Ramón ofrece sólo 6: por ahora, Ansaloni sigue fiel, por la sintonía que logró con el gobierno su jefe directo, el secretario general de UATRE Ramón Ayala. Su mandato vence el año que viene y no tardará en preguntar por su futuro.

Entre los lavagnistas, Graciela Camaño y Jorge Sarghini armaron su proyecto para no exculpar a López, pero el trío Bucca, Zottos y Rodríguez no lo siguió. Todo un síntoma. Las leyes dependerán de los partidos provinciales, árbitros indiscutidos de la Cámara de Diputados. 

Los son los 4 cordobeses leales a Juan Schiaretti, quien hace una semana se aseguró su porción de Aportes para el Tesoro Nacional (ATN) y de ayuda para pagar jubilaciones. Mientras esos flujos no se corten, seguirá colaborando. "Nuestro único límite es cuando tocan al electorado que nos hace ganar, como el campo", explican. 

La rionegrina Arabela Carreras tiene a Di Giácomo para negociar y en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su jefe político, Luis Rovira, piden favores a cambio de sus tres votos. En diciembre, hicieron sentir su desagrado por el nombramiento de su coterráneo Sergio Lanziani como secretario de Energía.

Suelta y con mucho poder queda Alma Sapag, de Neuquén, que también votó a favor del artículo 11 de la ley de moratoria, la primera prueba de fuego en el recinto para el Frente de Todos desde que hay sesiones remotas. La pasó con lo justo.