La argentina Tabacalera Sarandi denunció ante la justicia el conflicto de intereses del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en un litigio contra las multinacionales Philip Morris (Massalin) y British American Tobacco (Nobleza Piccardo)

La empresa argentina denunció que a su vinculación con las multinacionales tabacaleras se suma que su propia hija, Julia Rosenkrantz, es abogada del mayor estudio del país, Marval, OFarrell y Mairal, cuyo cliente histórico es la Philip Morris (Massalin).

"El Codigo procesal Civil y Comercial dice que los jueces no deberían intervenir en casos donde fueron defensores de alguno de los litigantes o emitieron algún tipo de opinión, recomendación o dictamen. Tampoco si tienen amistad con alguna de las partes, que se advierta en la familiaridad o la frecuencia en el trato, o si recibieron beneficios de importancia de alguna de ellas", indicaron en el sector tabacalero.

Rosenkrantz no solo no se habría excusado sino que habría apresurado su voto en contra de las pymes argentinas y a favor de las multinacionales tabacaleras instalas en el país y que ya tienen una cuota de mercado superior al 80%.

Rosenkrantz, nombrado en 2016 por Mauricio Macri, habría intervenido en al menos 20 resoluciones de casos sobre empresas que antes defendió como abogado, lo que podría colocarle en situación de juez y parte.

Según la tabacalera denunciante, gracias a los beneficios fiscales otorgados durante macrismo a Philip Morris y British American Tobacco se estima que Argentina ha dejado de recaudar unos 300.000 millones de pesos. La rebaja impositiva impuesta desde el Gobierno macrista en diciembre de 2017, bajando la tasa desde el 75% al 70%, supuso elevados beneficios para las multinacionales Norteamericana y británica asentadas en Argentina, ambos con una cuota de mercado superior al 80%.

En diciembre de 2019 Tabacalera Sarandi presentó una querella ante el juzgado en lo criminal y correccional Federal numero 4 por la causa 5076-2019, por supuestas maniobras del gigante mundial tabacalero Philip Morris (Massalin) junto a funcionarios de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), Ministerio de Hacienda y secretaria de salud, denunciando el uso de reportes e información desactualizada y falsa para impulsar un sistema impositivo con el fin de favorecer al monopolio de las tabacaleras multinacionales.

La reforma de la Ley de impuestos internos 27.430 impulsada desde el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri (actualmente en vigor) imponía también un impuesto mínimo, que calculado sobre la base de la marca mas vendida correspondiente a la multinacional Philip Morris, afectaría de manera dañosa a las PYMES tabacaleras argentinas llevandolas directamente a su quiebra y extinción. El impuesto mínimo a ingresar, por su magnitud, elimina del mercado la Industria Nacional argentina ya que supera los precios de venta al público de casi la totalidad de sus marquillas, lo que conllevaría el cierre de numerosas Empresas y la perdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Esta inexplicable rebaja impositiva contrasta con la realidad económica del país justo cuando más recursos necesita, recortando, además de los ingresos de recursos para el Estado Nacional el de todas las provincias, en especial en concepto de impuestos internos a Buenos Aires, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca.

Desde las Pymes tabacaleras argentinas se tuvo que recurrir al amparo de la Justicia argentina para eliminar distorsiones y avanzar hacia un sistema mas equitativo que contribuya a la creación de empleo de calidad, fomente la inversión y el desarrollo económico federal.