La provincia de Córdoba anunció este lunes que va a pagar el próximo 27 de julio 13,7 millones de dólares de intereses y capital del bono CO26 bajo ley argentina. De esta forma, Schiaretti reafirmó su diferenciación de la estrategia del resto de las provincias y de la Nación. Mientras la mayoría optaron por suspender los pagos a los acreedores y negociar con la deuda en default, el cordobés prefirió seguir honrando los compromisos, pese a que necesita un respiro urgente por la fuerte caída de la recaudación.

Además, tensiona con parte del electorado por tener plata para pagar deuda externa en momentos en los que la deuda social se profundiza por la pandemia. Sin ir más lejos, Alberto Fernández dijo ayer ante el Council de las Américas que no es ético pedirle más esfuerzos a una población que tiene el 40% de sus integrantes debajo de la línea de pobreza.

Por el CO27, el 1 de agosto, deberían pagarse además 16 millones de dólares -y cuyo pago todavía no se informó-; y por el CO24, de acuerdo al actual calendario de vencimientos, se deberán pagar otros 19 millones de dólares en concepto de intereses el 1 de septiembre. Prácticamente 50 millones de dólares en los próximos 40 días en los que no se esperan grandes mejorías económicas tras el desplome de la actividad por la pandemia.

Así y todo, el gran desafío de Schiaretti está en junio de 2021 cuando deba poner billete sobre billete 751 millones de dólares por el vencimiento y los intereses del CO21, un título emitido bajo Ley Nueva York en la vorágine de endeudamiento de 2016 y que paga 7,125% al año. Y es que incluso si Guzmán cierra un acuerdo con los bonistas en los próximos días, difícilmente las provincias consigan renovar su deuda en moneda extranjera.

Schiaretti apoya a Guzmán, presionado por la deuda de Córdoba

Córdoba sigue apostando a poder reestructurar su deuda y postergar los vencimientos de los próximos cinco años sin caer en default. Si bien en 2022 y 2023 la carga de deuda es menor a la de los próximos 40 días, en 2024 se disparan por el vencimiento de 510 millones de dólares del CO24. El objetivo es sostener la reputación de cumplidor que le permitió emitir a tasas notoriamente por debajo de la mayoría de las provincias. En 2025 y 2026 vuelven a suavizarse los vencimientos, pero en 2027 se necesitarán otros 450 millones de dólares para cancelar el CO27 y para ese entonces la provincia podría volver a necesitar su capacidad de refinanciamiento.

Para evitar sumar ruido a las negociaciones con los acreedores, Schiaretti también intercedió para evitar el default de Río Cuarto. El intendente Llamosas pagó con recursos propios 658 mil dólares de una deuda de 11 millones de dólares -que ya había reperfilado en diciembre- y la provincia de Córdoba le garantizó mediante un fideicomiso la asistencia financiera para poder seguir el pago de la deuda municipal durante 2020 pero convertida a pesos.

Quien también se sumó a la vorágine de deuda de 2016 fue Mestre, el ex intendente de la ciudad de Córdoba, que emitió un título por 150 millones de dólares y se convirtió en el único municipio del país con endeudamiento bajo Ley Nueva York. Pero el cronograma de vencimientos se volvió cuesta arriba y su sucesor, Martín Llaryora, ya eligió al banco Santander -que fue el colocador original- para que lo asista en la reestructuración de esta deuda que paga tasas del 7,875% anual.

Tanto Schiaretti, como Llaryora, como todos las provincias defaulteadas o próximas al cese de pagos (ayer S&P Ratings le bajó también la calificación a Neuquén) tienen un ojo puesto en el acuerdo al que arribe Guzmán, que servirá de guía para el nuevo sendero de tasas de interés y amortizaciones que podrán acordar bilateralmente las provincias con sus acreedores. Si Guzmán logra reducir las tasas a la mitad, es probable que las provincias vayan por el mismo objetivo más que por el lado de la quita de capital, aunque para muchas lo primordial es despejar el cronograma de pagos de los próximos dos años en los que proyectan seguir con los ingresos por debajo de lo habitual.