Tras el rechazo conjunto de los tres grandes grupos de acreedores, el Gobierno aseguró este martes que no va a ceder en la "última oferta" económica de 53,5 dólares porque no sería sustentable la deuda si accediera a la contropropuesta de los bonistas. En cambio, sí estarían dispuestos a negociar los términos legales que trabaron la última ronda de negociación con el grupo Ad Hoc a fines de junio siempre y cuando los acreedores sean los que cedan en los 3,1 dólares de valor presente neto que separan a ambas puntas.

Y por lo tanto, pese a las declaraciones y amenazas cruzadas, ambas partes seguirán negociando. Esta misma tarde Alberto Fernández remarcará en su exposición en una conferencia del Council of Americas que la oferta económica no se corre ni un centavo. Del evento van a participar algunos de los representantes de los fondos acreedores, como el mismo Larry Fink.

Cristina salió a respaldar a Guzmán tras el rechazo de los acreedores

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a LPO que Guzmán está dispuesto a ceder en las cláusulas de la oferta presentada ante la SEC por la que los nuevos bonos también habilitarían al Gobierno a desplegar la estrategia conocida como "Pacman" para forzar a los holdouts a entrar al canje, entre otras cuestiones de la última oferta que generaron ruido en la comunidad financiera internacional.

En este sentido, una fuente al tanto de la negociación dijo a este medio que hay un consenso en la comunidad financiera internacional respecto de problemas de diseños de cláusulas estándar que fueron adoptadas "por una miríada de países emergentes" entre ellos la Argentina y que hay cierto consenso de cómo corregirlo. "La Argentina va a adaptarse a ese nuevo consenso, pero el contenido de la oferta no se toca", dijeron a LPO.

'La Argentina va a adaptarse a ese nuevo consenso, pero el contenido de la oferta no se toca', dijeron fuentes al tanto de la negociación a LPO

La lectura del equipo de Alberto Fernández es que los bonistas han ido entendiendo que ya han "llegado al límite" y no hay margen para hacer más reclamos en lo económico ni en lo legal y que por eso archivaron sus pretensiones de que la totalidad de los nuevos bonos tuvieran las cláusulas de acción colectiva de 2005. En cambio, pidieron protección contractual frente a la estrategia legal presentada por el Gobierno y que calificaron abiertamente de abusiva.

El contrapunto con los acreedores tiene que ver con la interpretación que hizo Guzmán de que la forma en la que se computan las cláusulas de acción colectiva puede modificarse con el visto bueno de una mayoría simple de los acreedores -algo que no está respaldado por la jurisprudencia- y no con las mismas mayorías calificadas de los "asuntos reservados" (reserved matters) de los contratos. Expertos internacionales entienden que es una interpretación válida de la norma, pero que no es el espíritu bajo el que nacieron las cláusulas de la ICMA y que puede ser muy caro para el país que esto se dirima judicialmente.

En total son 6 las modificaciones legales que pidieron los acreedores sobre la propuesta de Guzmán. Entre ellas se destacan que la indenture 2016 y los términos de los nuevos bonos contengan una restricción calificada para la agregación de los bonos (lo que limita la posibilidad de aplicar la estrategia de Pacman) y que el Gobierno quede obligado a informar periódicamente acerca de la evolución de toda la deuda pública (incluida la intraestado, la de las empresas públicas y las de las provincias) y que las cláusulas RUFO lleven la redacción de la propuesta presentada el 21 de abril.